El vicepresidente del subcomité de la ONU para la prevención de los malos tratos y la tortura, Hans Draminsky Petersen, aseguró hoy que 'las instrucciones y calidad del trabajo de los médicos ubicados en los centros de detención españoles para la detección de la tortura es insuficiente'.
Según indicó Draminsky Petersen hoy en la conferencia 'Responsabilidad médica en la lucha internacional contra la tortura', 'si bien los profesionales sanitarios no tienen potestad para interferir en las cuestiones legales o iniciar procedimientos jurídicos tras la identificación de un crimen de tortura, no es menos cierto que existe una responsabilidad en el campo de la prevención y la denuncia'.
El experto internacional aclaró que 'el profesional sanitario ha de conocer el historial clínico del paciente y su posible historial de malos tratos y torturas anteriores' para proceder posteriormente a una evaluación física y psíquica 'exhaustiva' que permita 'comprobar si existe una correlación entre las informaciones poseídas y actuar en consecuencia'.
El especialista dijo que 'el médico ha de poseer una instrucción básica de su trabajo para identificar posibles malos tratos y una cadena de mando a la que poder informar de las incorrecciones detectadas'. Sin embargo, advirtió de que en muchos países, entre ellos España, estos comandos 'no funcionan con la corrección adecuada y se han detectado graves deficiencias si se comparan con las exigencias de la onU'.
'A nivel estadístico se ha observado que los patrones de tortura difieren entre los detenidos por distintos cuerpos policiales, que el trato vejatorio sexual es mucho más frecuente entre las mujeres que entre los varones y que los métodos de tortura alegados han variado desde la década de los 80 a la de los 90 y de ésta a la década actual', explicó.
En un reciente Congreso en la Universidad de Bristol (Inglaterra) sobre los mecanismos preventivos de la tortura en relación al Protocolo Facultativo de la onU contra la Tortura (OPCAT) el experto presentó, junto a un grupo de médicos vascos, una comunicación basada en el análisis de más de 700 informes médico-forenses de detenidos vascos en régimen de incomunicación durante los periodos 1991-1994 y 2000-2005.
'Dicho análisis mostró que la prevalencia de alegaciones de tortura o malos tratos fue alta y constante en ambos periodos (60 por ciento). Por otro lado, se concluyó que los mecanismos nacionales e internacionales existentes no habrían sido eficaces en la prevención de los malos tratos en esta población, cuestión que también ha sido apuntada por Amnistía Internacional, el CPT y los expertos de Naciones Unidas.
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sábado, 19 abril, 2008
Una de las cuestiones en las que más hincapié hicieron las representante de SOS Racismo es en los actos de agresión al colectivo de senegaleses por parte de la policía. En concreto, denunciaron que a lo largo de todo el 2007 se produjo una actuación policial que calificaron como "acoso". Según dijeron, durante los primeros meses del año, llegaron diversas denuncias que relataban que "los policías entraban en pisos habitados por personas de origen senegalés, les llevaban a comisaría y les abrían un expediente de expulsión".
Además, denunciaron dos presuntas agresiones por parte de la Policía Local de Gijón y de Oviedo. En el primer caso se trata de un ciudadano peruano documentado, al que, según dicen, agredieron tras pedirle la documentación. El segundo, que está en fase de instrucción, se refiere a las supuestas agresiones de unos policías locales de Oviedo el pasado mes de diciembre a un inmigrante senegalés en el mercado de El Campillín. "Fue abordado por la Policía, perseguido, agredido y finalmente quedó inconsciente", afirmó. Sos Racismo asegura que "fue sin motivo y en presencia de varios testigos que abuchearon a los policías y que se han prestado para declarar sobre los hechos ocurridos".
Otra de las cuestiones tratadas en el informe es la situación de los menores no acompañados. Prado calificó de "maltrato institucional" la situación de muchos de estos menores tutelados por el Principado, que "no documenta a estas personas en tiempo y forma, e incluso llega dejarlas indocumentadas una vez llegan a la mayoría de edad, incumpliendo su obligación y abocándolos a la marginación y la delincuencia". Además, Prado señaló que "en muchos casos los tienen durante meses en la Unidad de Primera Acogida, en vez de los 45 días legales, no les ofrecen ofertas formativas, y los tienen hacinados".
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