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El precio de las viviendas protegidas |
las comunidades autónomas, previa aprobación del gobierno, han subido de media un 30% el precio de las viviendas de protección oficial (vpo), según el presidente de martinsa fadesa, fernando martín. el empresario declaró que se lanzará a la producción en masa de vpo porque esos precios ya permiten que "le salgan las cuentas" a su empresa. la subida del módulo de la vpo ha provocado una airada reacción de diversos colectivos, que acusan a los políticos de hacer inaccesible incluso la vivienda protegida a algunos ciudadanos.
Publicado por Pause
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Etiquetas: conocimiento, mentiras, monopolios, multitud, politica.
Anónimo
Cuando se hizo el testamento, en 1993, el valor del solar se calculó en ocho millones de pesetas (cerca de 50.000 euros), y se ha vendido por 1,6 millones. José Pascual Romero falleció en febrero de 1996, tres años después de que, en un documento firmado por él mismo y por el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García-Gasco, acordaran la donación del solar y de todos sus ahorros para que "la Archidiócesis de Valencia los destinara a construir sobre ellos un templo y sus anejos para actividades pastorales".
En ese documento, García-Gasco acepta, a petición de Romero, que esa parroquia, situada en un área de expansión urbana de Gandia, se consagre a San Jerónimo Hermosilla.
Cuando se hizo el testamento, en 1993, el valor del solar se calculó en ocho millones de pesetas (cerca de 50.000 euros), pero su ubicación, en un área de expansión de Gandia y junto a una gran zona verde, unido al enorme crecimiento demográfico experimentado por esta ciudad, ha permitido multiplicar su precio por 33. Cuando el Arzobispado de Valencia lo subastó, en 1996, consiguió sacar la friolera de 1,6 millones de euros. La empresa que lo adquirió lo destinó a la construcción de pisos, y, en este momento, las obras están en una fase muy adelantada.
Un portavoz oficial del Arzobispado indicó a Levante que sus servicios jurídicos entienden que la donación de José Pascual Romero "no estaba condicionada" a la construcción de la iglesia. Aun así, indicó que la voluntad es erigir el templo bajo la advocación de San Jerónimo Hermosilla, pero no en ese solar porque "está muy próximo a la iglesia parroquial" de San Cristóbal, situada a unos 300 metros. Además, recuerdan que la parcela cedida quedó sometida a un proceso de urbanización iniciado por el Ayuntamiento de Gandia que supuso la alteración de sus dimensiones.
El portavoz, finalmente, señaló que todo el dinero del testamento, el ofrecido en metálico y el obtenido con la venta del solar, ha quedado en un depósito y que el arzobispo, Agustín García-Gasco, "es el garante" del mismo para, en un lugar y en un momento todavía no determinado, construir la iglesia que José Pascual Romero soñó.
En ese documento, García-Gasco acepta, a petición de Romero, que esa parroquia, situada en un área de expansión urbana de Gandia, se consagre a San Jerónimo Hermosilla.
Cuando se hizo el testamento, en 1993, el valor del solar se calculó en ocho millones de pesetas (cerca de 50.000 euros), pero su ubicación, en un área de expansión de Gandia y junto a una gran zona verde, unido al enorme crecimiento demográfico experimentado por esta ciudad, ha permitido multiplicar su precio por 33. Cuando el Arzobispado de Valencia lo subastó, en 1996, consiguió sacar la friolera de 1,6 millones de euros. La empresa que lo adquirió lo destinó a la construcción de pisos, y, en este momento, las obras están en una fase muy adelantada.
Un portavoz oficial del Arzobispado indicó a Levante que sus servicios jurídicos entienden que la donación de José Pascual Romero "no estaba condicionada" a la construcción de la iglesia. Aun así, indicó que la voluntad es erigir el templo bajo la advocación de San Jerónimo Hermosilla, pero no en ese solar porque "está muy próximo a la iglesia parroquial" de San Cristóbal, situada a unos 300 metros. Además, recuerdan que la parcela cedida quedó sometida a un proceso de urbanización iniciado por el Ayuntamiento de Gandia que supuso la alteración de sus dimensiones.
El portavoz, finalmente, señaló que todo el dinero del testamento, el ofrecido en metálico y el obtenido con la venta del solar, ha quedado en un depósito y que el arzobispo, Agustín García-Gasco, "es el garante" del mismo para, en un lugar y en un momento todavía no determinado, construir la iglesia que José Pascual Romero soñó.
Anónimo
A este respecto, la Dirección General de Tributos ha señalado que dichas actuaciones no atribuyen la condición de empresarios a los propietarios de los terrenos en tanto no se incorporen a los mismos los costes de urbanización, y siempre que su destino fuese el de su venta, cesión o adjudicación, considerando urbanizado un terreno cuando los servicios de urbanización se han llevado a cabo en el mismo y han sido finalizados.
Ello no supone la necesaria finalización del proceso urbanizador como requisito para la sujeción al impuesto de la transmisión del correspondiente terreno, al declarar su normativa como sujetas y no exentas las entregas de terrenos tanto urbanizados como en curso de urbanización, admitiendo por lo tanto una urbanización parcial, lo que lleva a analizar cuales actuaciones son las que han de considerarse como propiamente urbanizadoras.
En este sentido, debe estimarse como tales las que dotan al terreno de los elementos previstos por la legislación urbanística, tales como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y, en general, todo lo que sirva a la edificación construida o a construir sobre dicho terreno, lo que impide considerar que el mismo esté en curso de urbanización cuando únicamente se han realizado otras actuaciones previas tales como estudios o trámites administrativos.
Así, no cabe calificar el terreno como en curso de urbanización en tanto no se haya iniciado la fase de ejecución de las obras, por lo que su transmisión no estaría sujeta al impuesto al no haber adquirido su titular la condición de empresario.
Ello no supone la necesaria finalización del proceso urbanizador como requisito para la sujeción al impuesto de la transmisión del correspondiente terreno, al declarar su normativa como sujetas y no exentas las entregas de terrenos tanto urbanizados como en curso de urbanización, admitiendo por lo tanto una urbanización parcial, lo que lleva a analizar cuales actuaciones son las que han de considerarse como propiamente urbanizadoras.
En este sentido, debe estimarse como tales las que dotan al terreno de los elementos previstos por la legislación urbanística, tales como acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y, en general, todo lo que sirva a la edificación construida o a construir sobre dicho terreno, lo que impide considerar que el mismo esté en curso de urbanización cuando únicamente se han realizado otras actuaciones previas tales como estudios o trámites administrativos.
Así, no cabe calificar el terreno como en curso de urbanización en tanto no se haya iniciado la fase de ejecución de las obras, por lo que su transmisión no estaría sujeta al impuesto al no haber adquirido su titular la condición de empresario.
Anónimo
Seguro que esa sugerencia Aguirre la ha oído, pero no en la calle, sino en los despachos de constructores y promotores inmobiliarios que se han forrado estos años a base de levantar vivienda privada, casi con un sistema stajanovista que les permitía subir precios una semana sí y otra también a los mismos pisos. Consecuencias que ahora pagan con un parón de las ventas a la vista de unos precios desorbitados, y a los que los expertos más independientes les meten una tijera del 20% para empezar a hablar.
Los constructores saben que esto no ha hecho nada más que empezar. Qué poder de clarividencia ha tenido Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, anticipándose por unas horas a la presidenta y asegurando que los precios de la vivienda de protección oficial pueden subir hasta un 30%. Qué favor al estilo Robin Hood pero al revés le ha hecho Aguirre a Martín y a otros tanto metiéndoles en el bolsillo ese 25% de más del precio de la vivienda que a partir de ahora pagarán los madrileños.
Muchos reyes del ladrillo que han engordado las arcas municipales haciendo grandes colas en la ventanilla de vivienda libre consiguen ahora, con el agua al cuello, que les devuelvan los favores prestados. De entrada, van a sacar como mínimo un 20% por la misma vivienda que a primeros de año había empezado a construir.
Un incremento que no verán los consumidores en su sueldo ni este ni en los próximos años. Da igual lo que el FMI diga sobre cómo estamos y lo que nos espera. Aquí, como siempre, el ladrillo tiene mucho poder.
Concha Rubio
Los constructores saben que esto no ha hecho nada más que empezar. Qué poder de clarividencia ha tenido Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, anticipándose por unas horas a la presidenta y asegurando que los precios de la vivienda de protección oficial pueden subir hasta un 30%. Qué favor al estilo Robin Hood pero al revés le ha hecho Aguirre a Martín y a otros tanto metiéndoles en el bolsillo ese 25% de más del precio de la vivienda que a partir de ahora pagarán los madrileños.
Muchos reyes del ladrillo que han engordado las arcas municipales haciendo grandes colas en la ventanilla de vivienda libre consiguen ahora, con el agua al cuello, que les devuelvan los favores prestados. De entrada, van a sacar como mínimo un 20% por la misma vivienda que a primeros de año había empezado a construir.
Un incremento que no verán los consumidores en su sueldo ni este ni en los próximos años. Da igual lo que el FMI diga sobre cómo estamos y lo que nos espera. Aquí, como siempre, el ladrillo tiene mucho poder.
Concha Rubio
Anónimo
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Oscar Pérez, califica como "bastante" la fianza impuesta al presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística y señala en su auto que dicha cuantía ha sido ya depositada, por lo que acuerda la puesta en libertad del procesado.
El pago ha tenido lugar por medio de una transferencia bancaria.
Familiares y amigos han necesitado casi veinte días para reunir la cuantía de la fianza, dinero que se ha recaudado en una cuenta bancaria abierta para tal fin y para dejar constancia del origen de las distintas aportaciones.
El pago ha tenido lugar por medio de una transferencia bancaria.
Familiares y amigos han necesitado casi veinte días para reunir la cuantía de la fianza, dinero que se ha recaudado en una cuenta bancaria abierta para tal fin y para dejar constancia del origen de las distintas aportaciones.
Anónimo
El juez del 'caso Malaya', Óscar Pérez, dictó el 28 de marzo un auto de libertad provisional bajo fianza de un millón de euros para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Podría haber seguido dos años más en prisión provisional, ya que la ley permite hasta cuatro, pero el juez no lo considera necesario.
El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, solicitó en la vista celebrada hace un mes y medio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella que Roca cumpliera el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, dijo dos semanas que iban a solicitar una rebaja de la fianza para que se quede en unos 100.000 ó 150.000 euros, ya que, según explicó, no se veían capaces de hacer frente al millón de euros debido a que todas las propiedades están embargadas. Al final no ha sido así.
Se trata de la fianza más alta de todo el caso, tras superar a los 500.000 euros impuestos a seis de los detenidos, la mayoría de ellos empresarios arrestados durante la segunda fase de la operación: el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, los constructores José Ávila Rojas, Tomás Olivo y Emilio Rodríguez Bugallo, el empresario José Miguel Villarroya y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
El ex asesor urbanístico, al que el primer juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).
Entre los delitos que se le imputan en la 'operación Malaya' figura el de malversación, a los que se añaden los de blanqueo de capitales y cohecho. Roca, que fue absuelto recientemente en un caso por delito urbanístico, es el único de los procesados en 'Malaya' que permanece en prisión preventiva, puesto que a los últimos imputados que quedaban, el primer teniente Pedro Román y el ex alcalde Julián Muñoz, se les impuso una fianza, aunque este último permanecen en la cárcel por estar cumpliendo dos condenas por delitos urbanísticos.
La Audiencia Provincial de Málaga rechazó en octubre pasado la excarcelación del ex asesor de Urbanismo por entender que existía aún "un riesgo real y grave de evasión", atendiendo sobre todo a las penas que se le podrían llegar a imponer y al patrimonio que podría tener fuera de España.
Roca fue asesor municipal de Urbanismo de Marbella y mano derecha del ex alcalde de Marbella, ya fallecido, Jesús Gil. Tras la victoria de Gil en 1991, Roca entró a formar parte del Consistorio y controló Planeamiento 2000, la sociedad municipal que gestionaba el suelo. El sucesor de Gil, Julián Muñoz, lo destituyó en agosto de 2003, pero el equipo de Marisol Yagüe lo rescató tras llegar al poder mediante una moción de censura a Muñoz en 2003.
El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, solicitó en la vista celebrada hace un mes y medio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella que Roca cumpliera el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, dijo dos semanas que iban a solicitar una rebaja de la fianza para que se quede en unos 100.000 ó 150.000 euros, ya que, según explicó, no se veían capaces de hacer frente al millón de euros debido a que todas las propiedades están embargadas. Al final no ha sido así.
Se trata de la fianza más alta de todo el caso, tras superar a los 500.000 euros impuestos a seis de los detenidos, la mayoría de ellos empresarios arrestados durante la segunda fase de la operación: el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, los constructores José Ávila Rojas, Tomás Olivo y Emilio Rodríguez Bugallo, el empresario José Miguel Villarroya y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
El ex asesor urbanístico, al que el primer juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).
Entre los delitos que se le imputan en la 'operación Malaya' figura el de malversación, a los que se añaden los de blanqueo de capitales y cohecho. Roca, que fue absuelto recientemente en un caso por delito urbanístico, es el único de los procesados en 'Malaya' que permanece en prisión preventiva, puesto que a los últimos imputados que quedaban, el primer teniente Pedro Román y el ex alcalde Julián Muñoz, se les impuso una fianza, aunque este último permanecen en la cárcel por estar cumpliendo dos condenas por delitos urbanísticos.
La Audiencia Provincial de Málaga rechazó en octubre pasado la excarcelación del ex asesor de Urbanismo por entender que existía aún "un riesgo real y grave de evasión", atendiendo sobre todo a las penas que se le podrían llegar a imponer y al patrimonio que podría tener fuera de España.
Roca fue asesor municipal de Urbanismo de Marbella y mano derecha del ex alcalde de Marbella, ya fallecido, Jesús Gil. Tras la victoria de Gil en 1991, Roca entró a formar parte del Consistorio y controló Planeamiento 2000, la sociedad municipal que gestionaba el suelo. El sucesor de Gil, Julián Muñoz, lo destituyó en agosto de 2003, pero el equipo de Marisol Yagüe lo rescató tras llegar al poder mediante una moción de censura a Muñoz en 2003.
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