La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves el "desinterés" de las autoridades españolas ante el racismo y la xenofobia, incrementados por el aumento de la inmigración en la última década y la presencia de una importante comunidad gitana en el país.
Las autoridades españolas "abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década", denunció la organización en un comunicado.
"Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales", lamentó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
AI recuerda que España no ha ratificado "al menos 10 tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas".
Además lamenta "la inadecuada trasposición" de leyes europeas obligatorias sobre racismo, "la existencia de leyes (...) con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios" y "la creación tardía, con competencias insuficientes, de organismos especializados".
Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales de denuncias o procesos penales sobre delitos racistas, lo que AI considera "alarmante".
La organización denuncia "incidentes racistas a manos de particulares" y "malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad".
Por otro lado, cifra en más de 4.000 las agresiones anuales a manos de grupos racistas contra inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) de 2006.
Asimismo detecta desinterés "en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado", y pocas denuncias ante la justicia por la dificultad de probarlos, el miedo a las represalias y la desinformación.
Por eso propone al Gobierno diseñar un plan estatal que incluya sensibilizar a la población, medidas para prevenir la tortura y las manifestaciones racistas de las fuerzas de seguridad y la justicia y contra la discriminación múltiple de mujeres.
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Anónimo
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jueves, 10 abril, 2008
No sólo se encuentra entre los únicos 10 estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, sino que también es uno de los 10 países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras.
Además, está entre los cinco miembros de la UE que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas; no traspone de forma adecuada las directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; apenas tiene organismos especializados sobre la cuestión; carece de la voluntad política adecuada para enfrentarse a este problema...
Éstos y otros motivos le han servido a Amnistía Internacional para concluir que nuestro país se sitúa "a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia".
Así lo considera en su 'Informe sobre racismo en España', en el que denuncia que los poderes públicos abordan con "desinterés esta lacra, precisamente en un país con una importante comunidad gitana –tradicionalmente marginada– y ante el aumento de la inmigración en la última década.
"El principal problema sobre el racismo y la xenofobia es que no se reconoce como problema. Es el pez que se muerde la cola. Esta invisibilidad se alimenta con la falta de interés", se ha quejado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, durante la presentación del estudio.
Buena cuenta de esta situación lo da el hecho de que, a pesar de que la inmigración es percibida como el tercer quebradero de cabeza de los españoles, según el CIS, sólo el 0,7% de ellos cree que el racismo es un problema.
Según los datos oficiosos –los procedentes de un estudio de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia–, durante 2006 se han producido más de 4.000 agresiones racistas en nuestro país.
Sin datos oficiales
Beltrán ha contrastado esta cifra con la decena de casos contabilizados por la Guardia Civil y el centenar de ataques documentados por la Policía Nacional, y ha pedido que el Gobierno publique estadísticas periódicas sobre las víctimas de discriminación xenófoba.
El director de la organización humanitaria también ha denunciado "la ausencia de órganos independientes de investigación". Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE de 2007, sólo hay cinco países miembros que no han puesto en marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial: entre ellos se encuentra España.
Además, nuestro país es de los pocos que han dotado al órgano especializado (Consejo para la Igualdad de Trato) de un mandato más restringido del que establece la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
"Los poderes públicos deberían ser más valientes y defender los valores que recogen sus programas electorales desde el punto de vista de la discriminación", ha señalado María Teresa Andrés Martín, responsable de Acción Social del Secretariado Gitano, en la presentación del informe.
Asimismo señaló que no encontró ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año anterior, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por datos de discriminación étnica en 14 países europeos, entre ellos España.
Anónimo
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jueves, 10 abril, 2008
Los han bautizado como los ‘Guantánamos de Europa’. También les dicen las ‘cárceles de los sin papeles’. Son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dependencias policiales que detienen de manera cautelar y preventiva a los extranjeros que se encuentran en situación irregular y que son, casi sin excepción, la antesala de las expulsiones.
En España hay 10. Están en Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, Algeciras, Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Su existencia, pese a las repetidas denuncias de abusos, ilegalidades y maltratos en algunos de ellos, pasa inadvertida.
Sin embargo, desde esta semana, uno de esos CIE, ubicado en el barrio Aluche, en Madrid, ha logrado llamar la atención de los medios y del público de España.
Del otro lado de sus muros, pintados en amarillo y azul, sin rejas externas ni nada que indique que son centros de detención, alrededor de 80 internos (según cifras de las organizaciones que los apoyan desde fuera) mantienen una huelga de hambre. Hay hombres y mujeres ecuatorianos, bolivianos, colombianos, marroquíes...
Están en huelga desde el 7 de abril para protestar por lo que califican como “tratos inhumanos”.
Los secunda una red de instituciones cuyas cabezas más visibles son los jóvenes activistas de la Red Ferrocarril Clandestino y la Oficina de Derechos Sociales Patio Maravillas. Ayer, pendientes de la llegada de la Policía y acompañados de un grupo de familiares de personas detenidas, los miembros de estas redes se plantaron frente al CIE para hablar con los medios de comunicación.
Junto a ellos estaba María Teresa Rooso-Guitiérrez, una colombiana que, después de cuatro años de vivir en España, llora la detención de su esposo, Lorenzo Amaya Rodríguez, de 61 años. “Lo cogieron por el carné de conducir, aunque el que tiene, que es colombiano, sí es válido. Cuando está en casa, yo le preparo la comida, ahí dentro sé que está mal. También se ha unido a la huelga de hambre”.
En plena calle reprodujeron las denuncias de sus parientes detenidos. Apoyados por los activistas –que han colgado los testimonios de los detenidos en Internet- hablaron y convocaron a una marcha de protesta este fin de semana. En la tarde de ayer, se anunció que las mujeres del centro también se unieron a la huelga.
Según Inés Llinás, del colectivo Ferrocarril Clandestino, en estos centros está detenida, hasta por 40 días, gente que “al no tener papeles se halla en una situación de irregularidad administrativa y no penal y que, sin embargo, es retenida en sitio cuyas condiciones de habitabilidad y vigilancia son mucho peores que las de una cárcel”.
Ginés asegura que los testimonios de los internos hablan de maltratos físicos “sistemáticos como formas de castigo”.
“Uno de los últimos fue un boliviano de 23 años al que querían deportar antes de resolverse sus alegaciones. Como se resistió, le dieron una paliza que lo dejó sin poder caminar ni comer. Enseguida fue deportado. Su hermana, que tenía papeles puso una denuncia por tortura”. Las organizaciones han denunciado más casos, como los de un hombre marroquí y otro senegalés golpeados y sin acceso a medicamentos.
Pero la Confederación Española de Policía desmintió las denuncias ayer. Sus voceros, mediante un comunicado, aseguraron que “no ha existido ni existe” ninguna huelga de hambre, al interior del CIE de Aluche, adonde ayer, los periodistas no pudieron entrar.
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