Hombre, yo no soy juez y mucho menos un juez politizado y parcial. Pero diré que no entiendo cómo se puede meter en la cárcel (señores, nada más y nada menos que quitarle la libertad a un ser humano) a una persona por dar una rueda de prensa o conferencia en la que lo que está diciendo no es ningún delito. Las "argumentaciones jurídicas" son de auténtica ciencia ficción; dicen que actúaban en nombre de batasuna. Los encarcelados dicen que ellos ejercían su libertad de expresión.
Como gran "argumento" se les dice que ya estaban avisados.
Todo esto es verdaderamente increíble, por no usar otros adjetivos muchísimo más gruesos y fuertes. Está clarísimo que intentan silenciar a ese amplísimo sector del país vasco que quiere un estado independiente. Esto apesta a persecución total. Todo mi apoyo a las personas que quieren usar su libertad de expresión y mi desprecio más absoluto a quienes intentan recuperar la Ley de Peligrosidad Social (ley de vagos y maleantes del franquismo, fascismo, totalitarismo español). Es evidente que por hablar nadie puede ir a la cárcel cuando lo que está diciendo no es ningún delito. Esto en un estado democrático y de derecho, pero aquí parece que no.
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Pause
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Anónimo
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viernes, 08 febrero, 2008
El 27 de junio de 2002 el Congreso de Diputados aprueba con una mayoría aplastante la Ley de Partidos, gestada en el marco del “pacto antiterrorista” subscrito por el PP y el PSOE. Su finalidad, no explícita, es la ilegalización de las formaciones de la izquierda abertzale. No se ha planteado en ningún momento, por ejemplo, dejar fuera de la ley a partidos de extrema derecha. La inminente ilegalización de ANV-EAE y del PCTV-EHAK no es un problema que atañe solamente al País Vasco. Es algo mucho más profundo. Nos guste más o menos, pertenecemos a un Estado que tiene una ley que viola derechos civiles y políticos y en el que opera un poder judicial altamente politizado. Es nuestro democrático Estado de derecho el que está en peligro, y por lo tanto es nuestro deber actuar. Por solidaridad, pero sobre todo por la defensa de determinados derechos y libertades fundamentales.
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