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¿Existe un plan para desprestigiar a los estudiantes? |
El Mundo’, ‘El País’ y ‘La Vanguardia’ se podrían ver beneficiados por los gastos de publicidad que realice en 2009 el Ministerio de Ciencia, tras haber publicado reportajes contra el movimiento anti Bolonia.
En apenas 24 horas tres diarios de tirada nacional (El País, El Mundo y La Vanguardia) de diferente color político coincidieron en la publicación de sendos reportajes sobre lo infundado de las movilizaciones estudiantiles. Estos artículos aparecieron el 25 de noviembre en El País y al día siguiente en El Mundo y La Vanguardia. Todo ello podría formar parte, según una fuente cercana al Ministerio de Ciencia e Innovación, de una campaña de prensa financiada por este Ministerio para demostrar la ignorancia de los universitarios que protestan contra Bolonia.
Las movilizaciones por la educación pública no han dejado de crecer en las últimas semanas. De las movilizaciones en 70 ciudades entre el 13 y el 20 de noviembre se ha pasado a la ocupación de los propios edificios universitarios. Las asambleas y colectivos estudiantiles han visto recompensado el esfuerzo que durante años se ha realizado para denunciar los cambios que propone el Espacio Europeo de Educación Superior y las reformas que para su adaptación han realizado los gobiernos de Aznar y Zapatero. Pero, en el Ministerio, estas protestas no han sentado nada bien.
Tampoco en los rectorados, que no saben cómo deshacerse de ellas. Y en cuanto se han masificado, han hecho todo lo posible por desprestigiarlas. El nuevo equipo de Cristina Garmendia, tras las manifestaciones de mediados de noviembre, ha pasado a la acción. “Varias centrales de medios estiman que posiblemente el Ministerio de Ciencia e Innovación favorecerá a estos periódicos en sus presupuestos de publicidad para el año 2009”, explica la misma fuente a DIAGONAL. Y mientras tanto Garmendia anda de gira presentando la Estrategia 2015, cuando en todas las universidades se debate la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en 2010. Y en su despacho se amontonan otros proyectos como la Ley de la Ciencia o la eterna promesa de contratar, como trabajadores de pleno derecho, a los jóvenes investigadores.
Los mismos argumentos
“¿Saben los estudiantes por qué luchan contra el Plan Bolonia?”, se preguntaba en portada el diario de Pedro J, además de un resumen de los textos que los tres diarios publicaron. Pero las similitudes no se quedan únicamente en el mensaje. Los tres medios reprodujeron en sus respectivas ediciones nacionales un reportaje a dos páginas con un espacio reservado en la portada. ¿Qué nos encontramos si nos adentramos en las páginas interiores de estos tres periódicos? “Las protestas estudiantiles tienen poco que ver con la puesta en marcha del EEES”, explicaba La Vanguardia tras el titular: “Bolonia no es todo eso”. Las cosas claras. Y, después, para salir de dudas, ¿qué es Bolonia?: “Movilidad de estudiantes y homologación de titulaciones. Eso es, en esencia, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”, aclaraba el periódico catalán. Una retórica a la que muy poca gente se podría negar en un mundo globalizado. Un mensaje que también se difundía un día antes en El País, tras el titular “En el nombre de Bolonia”, se podía leer: “La declaración europea para crear una Universidad homologable se ha usado como excusa para otras quejas”.
El Mundo fue el medio que más espacio le dedicó de los tres mencionados. Aparte de ser portada del periódico, era la apertura de su suplemento Campus y lo desarrollaba en otras dos páginas interiores. Pero, respecto al mensaje ningún cambio. Titular de portada: “Cuando las pancartas no concuerdan con el motivo de la protesta”, seguido de “el EEES se ha convertido en un conjunto de lugares comunes y leyendas. Campus enfrenta los lemas de los estudiantes con el verdadero espíritu de la declaración”. Y si pasamos las páginas volvemos a encontrarnos el mismo mensaje, por si no había quedado ya claro. Eso sí, el medio de Unidad Editorial reconoce la labor que desde las asambleas y otros colectivos estudiantiles se está realizando para estudiar Bolonia, a diferencia de “los miles de estudiantes que salen a protestar sin saber muy bien contra qué”.
Otros nexos de unión
Entre el resto de argumentos comunes destacan la falta de información que ha habido desde el Gobierno, la dificultad que ha existido siempre para meter mano en la universidad o la falsa idea de que este proceso privatiza la universidad como servicio público. Y sobre este último apartado las coincidencias se repiten. El Mundo pretende desmontar uno de los lemas más populares: “Empresas fuera de la universidad”: Sus argumentos, “otro eslogan habitual nos remonta en la memoria hasta las luchas surgidas a raíz del Informe Bricall (1999) y de la LOU (2001)”, textos que ya tenían como referente al EEES y que se dieron a conocer tras los acuerdos de la OMC para privatizar los servicios públicos, educación incluida. Y el diario pasa al ataque: “Precisamente, una de las tradicionales reivindicaciones de los universitarios ha girado en torno a los problemas que han tenido a la hora de conseguir trabajos acordes con su formación”.
Este mismo argumento se desarrollaba en su rival madrileño: “La declaración de Bolonia no habla de privatización de la universidad. Anima a los países a buscar los mecanismos para invertir más en ella, pero no detalla cuáles”. Pero si no hay una propuesta de financiación y en los últimos años, hasta la llegada de la ‘crisis’, los gobiernos europeos han apostado por el descenso de la financiación pública, a la universidad le quedan dos posibilidades: incrementar las tasas o buscar financiación privada. Ninguna de ella parece popular entre los estudiantes.
Y, ante esta denuncia estudiantil, tampoco calla La Vanguardia: “La posibilidad del encarecimiento de los estudios, otro de los argumentos de los contrarios a Bolonia, ha sido descartada tanto por los responsables políticos como por los rectores”. Pero poco más adelante refleja la nueva realidad de los campus. “La colaboración de la empresa privada en la universidad española no es algo habitual. Poco a poco se han ido constituyendo cátedras o acuerdos con entidades bancarias, el caso del Santander es el más claro”. Una entidad que acaba de dar su respaldo a la Complutense para financiar los cursos de verano.
De los encierros a un encuentro estatal
Los estudiantes valencianos han convocado al resto de asambleas y colectivos estudiantiles que están organizando la oposición a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior a un encuentro el 13 y 14 de diciembre en la ciudad levantina. Su objetivo: compartir la información de las actividades que en cada lugar se están llevando a cabo e intentar sacar adelante una acción conjunta a nivel estatal. Una reunión a la que acudirán delegados de las asambleas y colectivos que están protagonizando encierros y protestas en decenas de facultades de todo el Estado. Además, el 4 de diciembre se convocó una huelga en Alava coincidiendo con las elecciones al rector de la UPV-EHU. Motivo por lo que una treintena de estudiantes se habían encerrado dos días antes en el rectorado en Leioa (Bizkaia), que fueron desalojados ese mismo día por la Ertzaintza.
La preocupación también llega a los rectorados
La preocupación no sólo se centra en la cúpula ministerial. Pocos días después de publicarse estos artículos, los rectores de las universidades más afectadas por las protestas (Barcelona, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla y Valencia) solicitaban ayuda al Gobierno, ya que el movimiento anti Bolonia va creciendo con “consecuencias imprevisibles”.
Una información que también fue filtrada por El País, ya que los rectores no lo habían hecho público. Además, tanto en Valencia como en la Complutense las asambleas han ganado en las elecciones de representantes al claustro. Éste no es el único frente que tienen abierto los rectores en comunidades como Madrid o Valencia, donde también se enfrentan al descenso de financiación pública.
Las reacciones de los rectorados están siendo muy diferentes. Van desde el desmantelamiento de los campamentos en Valencia, a la prohibición inicial de un encierro en Alcalá de Henares o a la aceptación de las universidades catalanas de convocar consultas para aplicar la voluntad de la comunidad universitaria sobre Bolonia, incluso abriendo la posibilidad a decretar una moratoria, tras un acuerdo alcanzado en el Consejo Interuniversitario. La huelga general que ha habido en varias facultades de la Universitat Autónoma de Barcelona ha conseguido que también se negocie la propuesta de expediente, por el que se expulsaría a 27 estudiantes entre 1 y 11 años, y se retire la demanda penal a 15 de ellos, aunque la Universitat mantiene las demandas de indemnización y responsabilidad civil, por lo que el proceso no se ha terminado. Estas denuncias se produjeron tras unas protestas estudiantiles durante el curso pasado en el rectorado de la universidad catalana.
La pérdida de ingresos ha derivado a su vez en el recorte masivo de la planta de trabajadores y en que en la mayoría de los medios de comunicación se han paralizado las contrataciones. Por tanto, los editores de periódicos han consensuado un llamado al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para que dentro de los planes de rescate y fomento de las inversiones también se tome en cuenta a este sector.
El conjunto de los medios impresos en España –desde periódicos hasta revistas– suponen un sector de la economía que mueve alrededor de 2 mil 800 millones de euros al año y que da trabajo miles de personas.
Desde 2004, cuando el sector anunció la recuperación total de la crisis que arrastraba desde los primeros años de la década de los noventa, tanto periódicos como revistas y semanarios han registrado un aumento continuo de sus ventas y de sus ingresos.
El momento más elevado de esta situación fue en 2007, cuando el sector superó la cifra histórica de 3 mil millones de euros anuales.
Sin embargo, 2008 finalizará con las cuentas más flacas y, lo más grave, con un futuro nebuloso para muchas de estas empresas editoras, algunas de las cuales ya han emprendido importantes recortes de personal y lo que preocupa más es que incluso las más poderosas –como Vocento o Prisa– podrían seguir la misma senda de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Para paliar los efectos que se avecinan, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) reclamó al gobierno español una ayuda específica para el sector en el contexto de los multimillonarios planes de rescate anunciados hasta ahora y que sólo han beneficiado a los grandes bancos, a las constructoras y a los ayuntamientos a través de la agilización de la obra pública.
“Sorprende que los sucesivos planes de rescate y fomento de las inversiones públicas en España hayan omitido hasta ahora las ayudas a la prensa. Unas ayudas habituales y consolidadas en países como Francia, Finlandia, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Holanda o Portugal”, señaló enfática la presidenta de la AEDA, Pilar de Yarza.
Esta asociación está integrada por los grupos más importantes de la prensa española nacional y por la mayoría de los diarios locales y provinciales.
A pesar del llamado de auxilio del sector, Yarza matizó que para 2008 se estima una caída de ingresos de 8.1 por ciento, mientras y la venta bruta de publicidad ha caído 16.2 por ciento con respecto al año anterior.
Es decir que por este concepto han pasado de facturar de mil 564 millones a mil 300.
La crisis se ha notado menos en la venta de ejemplares, ya que sólo se ha reducido 1.89 por ciento.
En España se editan al día 4.19 millones de ejemplares de periódicos.
Despidos
La crisis ya ha calado en importantes grupos de comunicación.
El hegemónico Grupo Prisa –editor del diario El País y el deportivo As– decidió cerrar hace menos de un mes una de sus emisoras de televisión, Localia, con lo que alrededor de 300 personas se sumaron a las listas del desempleo.
El también poderoso Grupo Zeta –editor de la revista Interviu y de El Periódico– anunció un ERE que supondrá el despido de 534 trabajadores.
Otro consorcio mediático que enfrenta serios problemas es el Grupo Vocento –editor del diario conservador Abc y dueño de numerosas emisoras de radio–, que hizo público hace unos días su intención de despedir a 106 trabajadores de su rotativo gratuito Qué! Además, una información extraoficial y que hasta la fecha no ha sido desmentida asegura que el grupo presentó ya un ERE que estima la reducción de mil puestos de trabajo de su plantilla, el cierre de ediciones y “delegaciones no rentables”, la “eliminación del periódico algún día de la semana (lunes)”, y hasta la renegociación de los contratos firmados con agencias de información y talleres.
A todo esto hay que sumar los despidos que ya significan varios centenares de los periódicos gratuitos –como 20 minutos, ADN y Metro–, que se encuentran en una situación muy delicada.
Noviembre terminó con la mirada mediática puesta en la ignorancia de los estudiantes que protestan contra la convergencia europea, cosa que no ha cambiado durante los últimos días. Una estrategia liderada y fomentada por el propio Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
Tanto Marius Ruviralta, secretario de Estado de Universidad, como la propia ministra Cristina Garmendia reforzaban el mensaje en el Congreso: “Los estudiantes no saben por lo que protestan”; “Bolonia no tiene nada que ver con las críticas que están haciendo”. Todo ello mientras la titular del departamento encargado de velar por la salud del sistema universitario español despachaba las protestas de los estudiantes con el cliché de “violentas” y a sus protagonistas de “antisistema”.
Tras los reportajes ‘clónicos’ de El País, El Mundo y La Vanguardia (ver DIAGONAL nº 91) el Ministerio de Ciencia anunció el inicio de una campaña de comunicación para informar sobre el proceso de Bolonia. Su objetivo, contrarrestar las dudas y el debate que está provocando en la comunidad universitaria sobre qué significa el Espacio Europeo de Educación Superior.
Rachid, máximo responsable
Al frente del Gabinete de Comunicación del MICINN se encuentra Gustavo Rachid Rucker, una persona vinculada al integrismo católico español y a varios lobbies empresariales. Un perfil controvertido para el responsable de comunicación de un Ministerio acosado por la privatización de la universidad y los debates sobre la investigación con células madre. El nombramiento de Rachid se conoció en abril de 2008, aunque su relación laboral con Cristina Garmendia era previa y la sigue acompañando en su faceta empresarial.
Aunque ahora las relaciones con los grandes medios parecen ir por mejores cauces, en sus primeros meses los choques fueron constantes. En junio, diariocritico.com denunciaba que Rachid había “decidido ignorar las llamadas de muchos medios de comunicación”. Además de que en su propia biografía desaparece su labor en Argentina, el director de Comunicación del Ministerio tiene como uno de sus asuntos más espinosos su despido del Club Internacional de la Prensa (CIP) en 2006, una organización que representa en el Estado español a los corresponsales internacionales.
Según ha denunciado espacioseuropeos. com, en un boletín interno, la comisión de Ética de la CIP “propuso que se suspendiese a Rachid tres meses como socio”, cuando era el secretario ejecutivo del Club. Este periódico se ha puesto en contacto con el Club Internacional de Prensa pero nadie ha querido hacer ningún tipo de declaración pública, ya que su presidente, Francisco Giménez Alemán, se encontraba de viaje. Eso sí, reconocen que “algo extraño sí hubo en su salida y que es un tema del que ya no se habla”. El periodista argentino fue acusado entonces, según este portal de Internet, de “haber intentado excluir de la edición anual de entregas de premios de la CIP a la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana (ACPI) y a la Asociación de Periodistas Árabes en España (APAE). Ese intento de marginación seguía a intentos sucesivos de acceder a la presidencia de la una y de la otra”.
Rachid, hasta su actual designación en el Ministerio, presidía su propia agencia de comunicación, GRCom, donde trabaja parte de su familia, y entre sus anteriores ocupaciones estaban las de asesor y consultor de comunicación, entre otros, del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que ha compaginado con charlas sobre las privatizaciones, como experto tanto en el Estado español como a nivel internacional.
Amor por Teresa de Calcuta
Si nos fijamos en otro apartado de su actividad profesional, descubrimos su gran relación con la jerarquía eclesiástica más conservadora. La que el domingo 28 se reunirá en la plaza de Colón (Madrid) bajo el lema: “La familia, gracia de Dios”, ya que los sectores más moderados no se unirán al acto estatal que el año pasado fue un mitin contra el Gobierno de Zapatero.
Además, en su currículum descubrimos que ha sido profesor y asesor académico de la universidad privada Francisco de Vitoria,bastión de los ·propagandistas católicos, y su nombre aparece habitualmente en charlas organizadas por instituciones como la universidad privada San Pablo-CEU o la Fundación Crónica Blanca, presidida por Manuel María Bru, director del área socioreligiosa de la COPE, en la que también ha colaborado Rachid; así como en jornadas de la Archidiócesis de Madrid. Incluso, ha reconocido que su libro preferido es uno sobre Teresa de Calcuta. Además de su afinidad con la iglesia también destacan sus buenas relaciones con la Asociación Víctimas del Terrorismo o con algunos grupos de la oposición cubana ligada al exilio de Miami y la órbita ultra de Mas Canosa.
Periódico Diagonal
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