«« | »» |
El Supremo de EE UU avala las ejecuciones por inyección letal |
El Tribunal ha rechazado el recurso de dos reos del corredor de la muerte que pedían su supresión por causar un sufrimiento innecesarioEl Supremo de EE UU estima que la ejecución por inyección letal no es un método cruel que inflija al reo un sufrimiento innecesario. Así lo ha decretado hoy el Tribunal, por 7 votos contra 2, al rechazar un recurso de dos condenados de Kentucky que reclamaban la prohibición de esta forma de ejecución por considerarla inconstitucional.
"Entendemos que los demandantes no han conseguido probar que el riesgo de dolor de una mala administración del protocolo de inyección letal, y la no adopción de métodos alternativos no probados constituye un castigo cruel y excepcional", dice el juez Joh Roberts en el escrito en la decisión del Supremo.
Los dos reos pedían al tribunal que se declarase inconstitucional la administración del cóctel de tres sustancias tóxicas que se han utilizado para la mayoría de las ejecuciones por este método en los últimos 30 años. Según la petición de estos dos condenados, en el corredor de la muerte de Kentucky, el método violaba la Constitución estadounidense, que prohíbe causar al ejecutado un sufrimiento innecesariamente cruel.
Según asociaciones contrarias a la pena de muerte, la mezcla de sustancias que se usan en estas ejecuciones puede condenar a los reos a un sufrimiento insoportable del que, por el efecto de las sustancias, ni siquiera pueden quejarse, si se les administra una dosis demasiado baja de anestésico. Este cóctel comenzó a ser utilizado en 1978 en sustitución de otros métodos considerados más inhumanos, como la silla eléctrica, la cámara de gas, el fusilamiento o el ahorcamiento.
Sin embargo, recientemente ha habido, en Florida y California, casos de ejecuciones mal administradas que han tardado hasta 30 minutos en llevar a los reos a la muerte.
El año pasado fueron ejecutadas 42 personas en EE UU, pero las ejecuciones se suspendieron en septiembre cuando el Supremo decidió aceptar la demanda de los dos condenados de Kentucky.
Tras esta decisión, las ejecuciones podrán retomarse.
El máximo órgano de justicia de la Unión rechazó las apelaciones de Thomas Arthur, condenado a muerte en Alabama, Carlton Turner en Texas, y de Wesley.
La sentencia de los tres estuvo en suspenso desde que el Supremo aceptó en septiembre una querella presentada por los abogados de dos reclusos de Kentucky que consideraron inconstitucional la inyección letal.
Esa institución ratificó recientemente ese procedimiento.
El método estándar involucra la administración de tres químicos separados: pentotal sódico, un anestésico para dejar inconsciente al recluso.
Luego se emplea el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos excepto el corazón; y más tarde cloruro de potasio, que detiene ese órgano, lo cual causa la muerte.
Sin embargo, sus detractores basados en diversos estudios aseguran que si la anestesia es poca los dos siguientes son extremadamente dolorosos.
En la actualidad 35 de los 36 estados donde está autorizada la pena máxima utilizan la inyección letal, a excepción de Nebraska, donde se emplea la silla eléctrica.
Desde que se reimplantó la pena de muerte en Estados Unidos en 1977, se han ejecutado a mil 99 personas.
El hecho puso fin a siete meses de moratoria de hecho en todo el país, durante los cuales la Corte consideraba demandas según las cuales el cóctel de drogas de la inyección letal violaba la prohibición constitucional de aplicar castigos "crueles e inusuales".
"El riesgo de dolor es inherente a todo tipo de método de ejecución, independiente de cuán humano sea", escribió el 16 de abril el presidente de la Corte, John Roberts, al divulgar el fallo relativo a la petición de dos condenados a muerte en el occidental estado de Kentucky.
Pero no coincidió con él el juez John Paul Stevens. Muchos aspectos de la aplicación de la pena de muerte la vuelven inconstitucional, señaló. Su postura sorprendió a la comunidad legal, pues se lo consideraba partidario de este castigo extremo.
Además, dijo confiar en que el caso de Kentucky estimulara el debate sobre la pena capital.
El juez Stevens hizo "una acusación contra la pena de muerte", dijo a IPS la investigadora Sarah Tofte, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
El portavoz de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, David Elliot, declaró a IPS que el castigo "estaba viciado antes del caso", y que, "tras el dictamen, se mantienen las imperfecciones".
El profesor de la Facultad de Derecho de Vermont Michael Mello sugirió a IPS que el juez Stevens, de 88 años, está más en sintonía con el cambio de opinión de la población estadounidense que los miembros de la Corte que aprobaron el fallo mayoritario.
"El resultado de la votación, de siete contra dos, me hace pensar acerca del contacto que el tribunal tiene con preocupaciones genuinas y fundamentales de la población y los políticos acerca de la pena de muerte", dijo Mello.
El "fracturado" fallo de la Corte Suprema abre la puerta a nuevas recusaciones acerca del uso de la inyección letal, según Tofte.
Treinta y seis de los 50 estados de Estados Unidos mantienen la pena capital entre los castigos posibles. Todos ellos, excepto el central estado de Nebraska, utilizan la inyección letal en las ejecuciones.
Tras la ejecución en Georgia, las autoridades de al menos nueve estados indicaron que reanudarían la práctica: Alabama, Arkansas, Illinois, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Virginia.
Varios de ellos, incluso, ya anunciaron nombres de condenados y fechas de ejecuciones.
Mississippi ejecutará Earl Wesley Berry el 21 de este mes. Virginia terminará con la vida de Kevin Green el 27 de este mes. Texas tiene previsto cuatro ejecuciones para junio y julio.
Trescientos sesenta condenados viven en los pabellones de la muerte de Texas, donde se concentró el año pasado más de 60 por ciento de las ejecuciones del país. Entre los que pueden morir se encuentra Jack Harry Smith, de 70 años, confinado a una silla de ruedas y hace más de 30 en el corredor de la muerte.
"Para los abogados de oficio de Texas, esto puede convertirse en una pesadilla", dijo a IPS el activista Steve Hall, director ejecutivo de la organización abolicionista Stand Down Texas.
El Centro de Información sobre Pena de Muerte prevé que la cantidad de ejecuciones se eleve a por lo menos 60 al cabo de 2008, respecto de las 42 de 2007.
En ese caso, Estados Unidos se mantendría, como hasta ahora, entre los cinco países con más ejecuciones por año.
Hay 3.263 presos en los pabellones de la muerte de este país, según el Centro.
Elliot informó que en California, Maryland, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma y Tennessee se procesan recusaciones judiciales que han bloqueado, de hecho, el trasiego de condenados hacia el patíbulo.
Las elecciones de noviembre pueden contribuir al avance del debate, sugirió.
"Serán las legislaturas de los estados los que decidan el futuro del asunto, no la Corte Suprema", indicó Elliot.
Un editorial del diario The New York Times señala el 7 de este mes que el país debe aceptar el pedido del juez Stevens de abrir un debate nacional al respecto.
"Las ejecuciones previstas se dan cuando muchos estadounidenses están, con razón, oponiéndose a la pena capital. Creemos que está mal que el Estado le quite la vida a una persona y más aún con un sistema profundamente viciado como el actual", concluye el editorial.
«« | Inicio | »» |