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Bush tenía preparado un virtual estado de excepción para EEUU |
Senador del Comité Judicial llama a crear una comisión independiente para investigar.
El gobierno de George W. Bush había preparado un estado de excepción, en el cual el Ejecutivo consideraba suprimir garantías constitucionales fundamentales, entre ellas la libertad de expresión, revelación que nutrió llamados de algún tipo de comisión de la verdad para investigar abusos sin precedente del régimen recién concluido.
El senador demócrata Patrick Leahy convocó hoy una audiencia del Comité Judicial que él preside, para evaluar la necesidad de crear una "comisión de la verdad" no partidista que investigue potenciales abusos y violaciones constitucionales del gobierno de Bush.
"No deberíamos temer a descubrir lo que hemos hecho, a hacernos rendir cuentas igual como lo hacemos con otros países que cometen errores", afirmó Leahy. "Necesitamos llegar al fondo de lo que ocurrió y el porqué. La razón de hacerlo es para que nunca suceda de nuevo".
El representante demócrata John Conyers, jefe del Comité Judicial de la Cámara, también ha impulsado una iniciativa para establecer algo parecido. Y según una encuesta de USA Today/Gallup realizada en febrero, 62 por ciento de los estadunidenses apoya una investigación criminal o independiente sobre estos abusos.
Por supuesto, las propuestas enfrentan una feroz oposición de líderes republicanos que afirman que sólo sería una "cacería de brujas" partidista.
Desde que ocupó la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ha repetido que prefiere "fijarse en el futuro" y no iniciar una prolongada investigación de todos los potenciales abusos del Poder Ejecutivo en los últimos ocho años. Sostiene que es mejor corregir estas políticas a partir de ahora, lo cual empezó a hacer al prohibir la tortura y suspender una serie de órdenes ejecutivas ligadas a estas prácticas de su antecesor entre sus primeros actos como presidente. Pero Obama y su procurador general Eric Holder también han señalado que buscan ser más "transparentes".
Así, este lunes el gobierno de Obama divulgó nueve memorándums de la oficina legal del Departamento de Justicia en los que se revelan justificaciones legales para otorgar al Ejecutivo el poder de ordenar acciones militares dentro de Estados Unidos contra "terroristas", la facultad de intervenir comunicaciones de ciudadanos sin autorización judicial, la supresión de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a ciudadanos de cateos y registros de personas sin previa autorización judicial, la supresión de la Primera Enmienda, que garantiza libertad de expresión, incluidos medios, la autoridad unilateral para abrogar tratados internacionales e ignorar las Convenciones de Ginebra y emplear la tortura en interrogatorios, entre otras medidas.
El memorándum fechado 23 de octubre de 2001, redactado por el entonces subprocurador general John Yoo en respuesta a una solicitud del entonces abogado de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, y al abogado del entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, concluyó que no existían restricciones legales al uso de las fuerzas armadas dentro del país en operaciones antiterroristas.
Yoo ofreció la justificación que se empleó para casi toda medida de seguridad nacional del gobierno de Bush: "guerra contra el terrorismo". Argumentó que como el país está "en un conflicto armado", las "reglas legales y constitucionales" que rigen operaciones de seguridad pública, como la Cuarta Enmienda, ya no son aplicables. Las fuerzas armadas, afirmó, podrían ser empleadas contra "objetivos civiles" dentro de este país, como edificios residenciales, de oficinas, naves y más donde se sospecha la presencia de "terroristas".
En este mismo documento, se afirma que el presidente podría suspender la libertad de expresión e imponer controles sobre los medios de comunicación. "Los derechos de expresión y de prensa de la Primera Enmienda también podrían ser subordinados a la necesidad superior de llevar a cabo exitosamente la guerra", escribió Yoo.
Otros memorándums escritos por Yoo y Jay Bybee, también de la oficina de asuntos legales del Departamento de Justicia, afirman que el presidente tiene el poder para encarcelar de manera indefinida y sin cargos a ciudadanos estadunidenses, y uno fechado el 13 de marzo de 2002, redactado por Bybee, sostiene que Bush podía ignorar las Convenciones de Ginebra y el tratado internacional contra la tortura.
Poco antes del fin del régimen de Bush, la misma oficina que elaboró los documentos refutó todas estas justificaciones legales, al afirmar que ya "no reflejan las opiniones" del Departamento de Justicia. Uno de los memorándums divulgados el lunes tiene fecha del 6 de octubre de 2008 y otro cinco días antes del fin de ese gobierno: el 15 de enero de 2009. No ofrecen ninguna explicación de por qué se esperó hasta los últimos días del gobierno de Bush para retirar estas justificaciones legales.
El memorándum más controvertido de todos, aunque ya conocido, fue el del primero de agosto de 2002 de Yoo, y fue el que legalizó la tortura. Por cierto, el lunes la CIA reconoció que había destruido 92 videograbaciones de interrogatorios en los que se empleó la táctica de tortura conocida como waterboarding.
Yoo continúa como profesor de leyes en la Universidad de California, en Berkeley, mientras que Bybee es juez federal, y críticos piden ahora el despido del primero y la destitución del segundo.
Que no se repita
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, afirma que esto comprueba que hubo un asalto contra el régimen de ley en el país. "Crímenes de guerra, crímenes terribles de tortura y abuso, fueron conscientemente cometidos por altos integrantes de nuestro gobierno y la única manera de asegurar que no se repita, y demostrar al mundo de que somos sinceros en nuestro deseo de evitar que ocurra de nuevo, es fiscalizar a la gente responsable".
Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional en Washington, dijo a Newsweek que estos documentos demuestran que ya desde octubre de 2001 "estaban intentando construir un régimen legal que básicamente permitiría la imposición de la ley marcial".
Marjorie Cohn, profesora de leyes y presidenta del Gremio Nacional de Abogados, organización de abogados progresistas, señaló que "según el razonamiento en los memorándums, el Congreso no tenía ningún papel en limitar y balancear al Ejecutivo. Esa es la definición de un Estado policiaco".
Diversos abogados como Ratner y hasta ex diplomáticos y ex altos oficiales militares, apoyan la idea de una comisión de la verdad. "Ante las pruebas creíbles de que altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron la tortura, un crimen contra la humanidad, lo mínimo que deberemos hacer es llevar a cabo una investigación seria e independiente", afirmó David Cole, profesor de leyes de la Universidad de Georgetown al New York Times.
contiene 24
comentarios.
Anónimo
"Estos programas eran absolutamente esenciales para tener la capacidad de recolectar con éxito la información de inteligencia que nos permitió frustrar todos los intentos de atacar a Estados Unidos desde el 11 de septiembre" de 2001, dijo Cheney al programa "State of the Union" de CNN.
Durante sus primeros 50 días de mandato, Obama ordenó el cierre de la cárcel de Guantánamo y de las cárceles secretas que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) tiene en otros países.
El presidenta también prohibió el uso de la tabla de agua (waterboarding) en los interrogatorios, al sostener que implica tortura.
Obama además eliminó la figura de "combatientes enemigos", creada por el gobierno de George Bush para evitar que los prisioneros de guerra tuvieran el derecho a ser tratados bajo los término de la Convención de Ginebra. El ex vicepresidente criticó a Obama por haber anulado estas políticas, al sostener que estaban amparadas por la ley y que fueron "hechas de acuerdo a nuestros principios y prácticas constitucionales".
(ANSA)
Durante sus primeros 50 días de mandato, Obama ordenó el cierre de la cárcel de Guantánamo y de las cárceles secretas que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) tiene en otros países.
El presidenta también prohibió el uso de la tabla de agua (waterboarding) en los interrogatorios, al sostener que implica tortura.
Obama además eliminó la figura de "combatientes enemigos", creada por el gobierno de George Bush para evitar que los prisioneros de guerra tuvieran el derecho a ser tratados bajo los término de la Convención de Ginebra. El ex vicepresidente criticó a Obama por haber anulado estas políticas, al sostener que estaban amparadas por la ley y que fueron "hechas de acuerdo a nuestros principios y prácticas constitucionales".
(ANSA)
Anónimo
Los malos tratos de los agentes norteamericanos contra los detenidos en cárceles secretas supusieron la tortura en muchos casos, refiere un informe de la organización realizado en 2007 y presentado entonces al presidente George W. Bush.
El texto permaneció oculto durante dos años, hasta que el periodista Mark Danner, colaborador habitual de la publicación The New York Review of Book, supo de su existencia y lo dio a conocer a los medios.
Prisioneros entrevistados por el CICR manifestaron que las técnicas de la CIA incluían los simulacros de ahogamiento, palizas, privación del sueño y alimentos, el sometimiento a largos períodos en posturas incómodas y atados de manos.
El rotativo señala que, aunque existen acusaciones semejantes contra el gobierno estadounidense, la Cruz Roja Internacional constituye una de las voces más autorizadas para hablar al respecto, por ser garante del trato a prisioneros de guerra.
Por su parte, Danner resaltó que tanto la tortura como el trato cruel, inhumano y degradante son proscritos en múltiples tratados firmados por Estados Unidos, entre ellos, la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra.
El texto permaneció oculto durante dos años, hasta que el periodista Mark Danner, colaborador habitual de la publicación The New York Review of Book, supo de su existencia y lo dio a conocer a los medios.
Prisioneros entrevistados por el CICR manifestaron que las técnicas de la CIA incluían los simulacros de ahogamiento, palizas, privación del sueño y alimentos, el sometimiento a largos períodos en posturas incómodas y atados de manos.
El rotativo señala que, aunque existen acusaciones semejantes contra el gobierno estadounidense, la Cruz Roja Internacional constituye una de las voces más autorizadas para hablar al respecto, por ser garante del trato a prisioneros de guerra.
Por su parte, Danner resaltó que tanto la tortura como el trato cruel, inhumano y degradante son proscritos en múltiples tratados firmados por Estados Unidos, entre ellos, la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra.
Anónimo
Estos comentarios de Dick Cheney tuvieron lugar días después de que el gobierno de Obama dijera que ya no consideraría “combatientes enemigos” a los prisioneros detenidos en Guantánamo.
A pesar de abandonar esta etiqueta, el gobierno sostiene que tiene derecho a mantener a los prisioneros detenidos por tiempo indeterminado sin cargos en su contra, incluso si el individuo es capturado lejos de un campo de batalla y no ha participado directamente en hostilidades.
A pesar de abandonar esta etiqueta, el gobierno sostiene que tiene derecho a mantener a los prisioneros detenidos por tiempo indeterminado sin cargos en su contra, incluso si el individuo es capturado lejos de un campo de batalla y no ha participado directamente en hostilidades.
Anónimo
Los letrados solicitaron el enjuiciamiento de acuerdo con la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y siguiendo el ejemplo del caso del juez español Baltasar Garzón contra el dictador chileno Augusto Pinochet.
Esa organización remitió cartas el pasado mes de febrero al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y a sus ministros de Justicia, Inmigración y Seguridad Pública solicitando que impidan la entrada del ex al país.
"De acuerdo con nuestra Ley de Inmigración, cuando se sospecha que una persona ha cometido esos crímenes y hay indicios razonables de que podría haber estado implicado, no es admisible en el país", explicó la abogada Gail Davidson, una de las fundadoras de Abogados contra la Guerra.
"Las pruebas de su implicación en crímenes contra la humanidad, y especialmente en tortura, son tan abrumadoras que mucha gente, como el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D"Escoto, concluyeron la administración Bush y George Bush son culpables de establecer un sistema de tortura y tienen que ser llevados ante la ley y castigados", aclaró.
A pesar de las solicitudes de ese grupo, ni el Gobierno canadiense ni la Policía Montada, encargada de investigar supuestos criminales de guerra que se encuentran en el país, contestaron las cartas enviadas.
"No hemos recibido nada. Es obvio que los políticos, Harper y sus ministros, tomaron la decisión de ignorar la ley canadiense y permitir la entrada de Bush", dijo la abogada, quien sin embargo indicó que "el silencio de las autoridades canadienses no significa una derrota".
Sin embargo, el grupo está convencido de en algún momento el ex jefe de Estado será llevado a juicio por alguna país u organización.
"Eventualmente Bush y otros miembros de su administración serán enjuiciados en algún país, no necesariamente Canadá, por los crímenes de guerra y contra la humanidad que cometieron durante las invasiones y ocupaciones de Irak y Afganistán", añadió.
Este martes el ex mandatario brindará una conferencia en Canadá en la ciudad canadiense de Calgary, invitado por la Cámara de Comercio de la ciudad y cobrará 100 mil dólares, informó la agencia de noticias EFE.
Esa organización remitió cartas el pasado mes de febrero al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y a sus ministros de Justicia, Inmigración y Seguridad Pública solicitando que impidan la entrada del ex al país.
"De acuerdo con nuestra Ley de Inmigración, cuando se sospecha que una persona ha cometido esos crímenes y hay indicios razonables de que podría haber estado implicado, no es admisible en el país", explicó la abogada Gail Davidson, una de las fundadoras de Abogados contra la Guerra.
"Las pruebas de su implicación en crímenes contra la humanidad, y especialmente en tortura, son tan abrumadoras que mucha gente, como el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D"Escoto, concluyeron la administración Bush y George Bush son culpables de establecer un sistema de tortura y tienen que ser llevados ante la ley y castigados", aclaró.
A pesar de las solicitudes de ese grupo, ni el Gobierno canadiense ni la Policía Montada, encargada de investigar supuestos criminales de guerra que se encuentran en el país, contestaron las cartas enviadas.
"No hemos recibido nada. Es obvio que los políticos, Harper y sus ministros, tomaron la decisión de ignorar la ley canadiense y permitir la entrada de Bush", dijo la abogada, quien sin embargo indicó que "el silencio de las autoridades canadienses no significa una derrota".
Sin embargo, el grupo está convencido de en algún momento el ex jefe de Estado será llevado a juicio por alguna país u organización.
"Eventualmente Bush y otros miembros de su administración serán enjuiciados en algún país, no necesariamente Canadá, por los crímenes de guerra y contra la humanidad que cometieron durante las invasiones y ocupaciones de Irak y Afganistán", añadió.
Este martes el ex mandatario brindará una conferencia en Canadá en la ciudad canadiense de Calgary, invitado por la Cámara de Comercio de la ciudad y cobrará 100 mil dólares, informó la agencia de noticias EFE.
Anónimo
En una entrevista con el programa "State of the Union," de la red CNN, Cheney aseguró también que las muy criticadas técnicas de interrogación de la ex administración Bush eran "absolutamente esenciales" para impedir nuevos ataques terroristas en suelo norteamericano.
"El presidente (Barack) Obama hizo campaña en contra de ello a través del país y ahora está tomando algunas opciones que, a mi juicio, aumentará de hecho el riesgo de otro ataque al pueblo norteamericano", dijo Cheney.
También defendió la invasión a Irak en 2003, diciendo que "hemos logrado casi todo lo que nos propusimos lograr".
Desde que asumió la presidencia en enero, Obama ha anunciado planes para revocar muchas de las políticas antiterroristas de la administración Bush, notablemente el cierre de la prisión de Bahía de Guantánamo, Cuba, y la prohibición de la tortura durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
(Xinhua)
"El presidente (Barack) Obama hizo campaña en contra de ello a través del país y ahora está tomando algunas opciones que, a mi juicio, aumentará de hecho el riesgo de otro ataque al pueblo norteamericano", dijo Cheney.
También defendió la invasión a Irak en 2003, diciendo que "hemos logrado casi todo lo que nos propusimos lograr".
Desde que asumió la presidencia en enero, Obama ha anunciado planes para revocar muchas de las políticas antiterroristas de la administración Bush, notablemente el cierre de la prisión de Bahía de Guantánamo, Cuba, y la prohibición de la tortura durante los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.
(Xinhua)
Anónimo
El diario citó extractos recientemente publicados del documento, elaborado en 2007.
El informe de supuesta brutalidad física y psicológica cometida en las prisiones de la agencia de inteligencia fuera de Estados Unidos también sostiene que algunas prácticas utilizadas constituían "trato cruel, inhumano o degradante", según el diario.
El informe secreto sugiere que Estados Unidos violó la ley internacional que prohíbe la tortura y el maltrato de prisioneros, indica la publicación.
El Washington Post señala que los hallazgos de la Cruz Roja se basaron en su acceso a 14 detenidos de "alto valor" de la CIA, después de que fueran transferidos en 2006 a la prisión de la base naval de Bahía de Guantánamo, Cuba.
El trabajo de la Cruz Roja ofreció descripciones uniformes de abusos que incluyeron palizas, privación de sueño, temperaturas extremas y, en algunos casos, ahogamiento simulado, señala el Post.
También apunta que al menos cinco copias del texto fueron compartidas en 2007 con la CIA y responsables de alto rango de la Casa Blanca.
El diario dijo que una copia del informe llegó a Mark Danner, profesor de periodismo que publicó extensos extractos en la edición del 9 de abril del New York Review of Books, publicada el domingo.
"El maltrato al que fueron sometidos mientras estuvieron detenidos en el programa de la CIA, ya sea por separado o en conjunto, constituye tortura", concluye el documento, según una cita dada a conocer por Danner.
El Washington Post indica que el profesor no reveló cómo había obtenido el informe.
Muchos de los detalles de supuesto maltrato habían sido sacados a la luz con anterioridad, pero el texto de Cruz Roja es la versión más fidedigna y la primera que usa la palabra "tortura" en un contexto legal, dice el Washington Post.
La CIA ha declinado comentar la información, según el diario. No obstante, la agencia ha citado a un responsable familiarizado con el documento:
"Es importante tener en mente que el documento ofrece acusaciones hechas por los mismos terroristas".
El informe de supuesta brutalidad física y psicológica cometida en las prisiones de la agencia de inteligencia fuera de Estados Unidos también sostiene que algunas prácticas utilizadas constituían "trato cruel, inhumano o degradante", según el diario.
El informe secreto sugiere que Estados Unidos violó la ley internacional que prohíbe la tortura y el maltrato de prisioneros, indica la publicación.
El Washington Post señala que los hallazgos de la Cruz Roja se basaron en su acceso a 14 detenidos de "alto valor" de la CIA, después de que fueran transferidos en 2006 a la prisión de la base naval de Bahía de Guantánamo, Cuba.
El trabajo de la Cruz Roja ofreció descripciones uniformes de abusos que incluyeron palizas, privación de sueño, temperaturas extremas y, en algunos casos, ahogamiento simulado, señala el Post.
También apunta que al menos cinco copias del texto fueron compartidas en 2007 con la CIA y responsables de alto rango de la Casa Blanca.
El diario dijo que una copia del informe llegó a Mark Danner, profesor de periodismo que publicó extensos extractos en la edición del 9 de abril del New York Review of Books, publicada el domingo.
"El maltrato al que fueron sometidos mientras estuvieron detenidos en el programa de la CIA, ya sea por separado o en conjunto, constituye tortura", concluye el documento, según una cita dada a conocer por Danner.
El Washington Post indica que el profesor no reveló cómo había obtenido el informe.
Muchos de los detalles de supuesto maltrato habían sido sacados a la luz con anterioridad, pero el texto de Cruz Roja es la versión más fidedigna y la primera que usa la palabra "tortura" en un contexto legal, dice el Washington Post.
La CIA ha declinado comentar la información, según el diario. No obstante, la agencia ha citado a un responsable familiarizado con el documento:
"Es importante tener en mente que el documento ofrece acusaciones hechas por los mismos terroristas".
Anónimo
En una conversación con los periodistas, Gibbs dijo que "lo mejor" sería que los estadounidenses hicieran caso omiso de los consejos de Cheney sobre la economía.
También comparó al ex vicepresidente con el comentarista ultra conservador Rush Limbaugh, que muchos demócratas consideran un virtual portavoz del Partido Republicano.
"Supongo que Rush Limbaugh estaba muy ocupado y por eso sacaron al segundo republicano más popular", señaló Gibbs.
"Creo que no pedir consejo sobre la economía a Cheney es tal vez la mejor enseñanza", añadió.
"Espero que mis sarcasmos no oculten la seriedad de mis respuestas", concluyó, no obstante, Gibbs.
En una entrevista para la cadena de televisión CNN, Cheney criticó la decisión del presidente Barack Obama de cerrar en el curso de un año el centro de detención de Guantánamo.
El ex vicepresidente aseguró que las políticas adoptadas durante el pasado Gobierno del presidente republicano George W. Bush son "absolutamente esenciales" para proteger al país de un nuevo ataque terrorista como el del 11 de septiembre de 2001.
El presidente Obama está ahora tomando decisiones que, "según mi opinión, aumentarán el riesgo de otro ataque para el pueblo de Estados Unidos", señaló Cheney.
Fue la primera entrevista que concedió el ex funcionario a un canal de televisión desde que abandonó la vicepresidencia y su presentación ante las cámaras de televisión marcó el fin de lo que hasta ahora había sido un intercambio cortés de declaraciones entre el Gobierno de Obama y la pasada Administración.
También comparó al ex vicepresidente con el comentarista ultra conservador Rush Limbaugh, que muchos demócratas consideran un virtual portavoz del Partido Republicano.
"Supongo que Rush Limbaugh estaba muy ocupado y por eso sacaron al segundo republicano más popular", señaló Gibbs.
"Creo que no pedir consejo sobre la economía a Cheney es tal vez la mejor enseñanza", añadió.
"Espero que mis sarcasmos no oculten la seriedad de mis respuestas", concluyó, no obstante, Gibbs.
En una entrevista para la cadena de televisión CNN, Cheney criticó la decisión del presidente Barack Obama de cerrar en el curso de un año el centro de detención de Guantánamo.
El ex vicepresidente aseguró que las políticas adoptadas durante el pasado Gobierno del presidente republicano George W. Bush son "absolutamente esenciales" para proteger al país de un nuevo ataque terrorista como el del 11 de septiembre de 2001.
El presidente Obama está ahora tomando decisiones que, "según mi opinión, aumentarán el riesgo de otro ataque para el pueblo de Estados Unidos", señaló Cheney.
Fue la primera entrevista que concedió el ex funcionario a un canal de televisión desde que abandonó la vicepresidencia y su presentación ante las cámaras de televisión marcó el fin de lo que hasta ahora había sido un intercambio cortés de declaraciones entre el Gobierno de Obama y la pasada Administración.
Anónimo
Al menos cuatro personas fueron arrestadas. Los activistas construyeron un cañón gigante de calzados en un tributo simbólico al periodista iraquí que le lanzó sus zapatos a Bush el año pasado.
Bush aparentemente ingresó a Canadá sin ningún problema luego de que el gobierno canadiense ignoró un pedido de un grupo de abogados canadienses de que fuera arrestado o deportado por ser un criminal de guerra.
Cuatro manifestantes canadienses fueron arrestados al tiempo que otros arrojaron zapatos contra una efigie del ex presidente de EEUU, George W. Bush, de visita en Canadá, donde tenía previsto pronunciar su primer discurso desde que dejó el poder.
Bush aparentemente ingresó a Canadá sin ningún problema luego de que el gobierno canadiense ignoró un pedido de un grupo de abogados canadienses de que fuera arrestado o deportado por ser un criminal de guerra.
Cuatro manifestantes canadienses fueron arrestados al tiempo que otros arrojaron zapatos contra una efigie del ex presidente de EEUU, George W. Bush, de visita en Canadá, donde tenía previsto pronunciar su primer discurso desde que dejó el poder.
Anónimo
Sixto fue declarado culpable el 19 de diciembre de robar 579.247 dólares del Centro por la Libertad de Cuba, una organización no gubernamental (ONG) que recibe fondos del gobierno federal.
El juez Reggie lo condenó a dos años y medio de prisión, a pagar una multa de 10.000 dólares y a tres años de libertad condicional.
La fiscalía señaló que Sixto utilizó los fondos gubernamentales para pagar préstamos estudiantiles, deudas de su tarjeta de crédito y comprarse dos vehículos -un auto y un camión- un piano, objetos de arte, pagar una hipoteca y entregar dinero a sus familiares.
Sixto, quien trabajó para la Casa Blanca de Bush como director asociado en Asuntos Intergubernamentales, se vio obligado a abandonar su cargo hace un año, cuando fue notificado que el Centro por la Libertad de Cuba le había iniciado una demanda.
Antes de ser contratado por la Casa Blanca, Sixto trabajó en la ONG, donde se ocupó un cargo de dirección y tuvo a su cargos fondos para comprar radios y otros equipos.
El juez Reggie lo condenó a dos años y medio de prisión, a pagar una multa de 10.000 dólares y a tres años de libertad condicional.
La fiscalía señaló que Sixto utilizó los fondos gubernamentales para pagar préstamos estudiantiles, deudas de su tarjeta de crédito y comprarse dos vehículos -un auto y un camión- un piano, objetos de arte, pagar una hipoteca y entregar dinero a sus familiares.
Sixto, quien trabajó para la Casa Blanca de Bush como director asociado en Asuntos Intergubernamentales, se vio obligado a abandonar su cargo hace un año, cuando fue notificado que el Centro por la Libertad de Cuba le había iniciado una demanda.
Antes de ser contratado por la Casa Blanca, Sixto trabajó en la ONG, donde se ocupó un cargo de dirección y tuvo a su cargos fondos para comprar radios y otros equipos.
Anónimo
Como comandante en jefe del ejército, el ex presidente George W. Bush fue el responsable de los ataques estadounidenses contra los hospitales de Iraq y Afganistán, del maltrato a que se sometió tanto a su personal como a los pacientes y de que, además de éstos últimos, la población en general de esas dos naciones no pudiese disponer de suministros sanitarios, según manifiesta el Dr. Haas, una autoridad en crímenes de guerra.
La administración Obama continúa perpetrando u no de los más infames crímenes de guerra de Bush: alimentar a la fuerza a los prisioneros, en violación de la ética médica y del Protocolo I de las Convenciones de Ginebra de 1977, señala el experto.
En un nuevo libro en que recopila los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses, “George W. Bush, War Criminal?” (Praeger), el escritor y científico político Michael Haas escribe:
“En 2001, el hospital infantil de Kabul fue bombardeado, atacándose también el de Herat (ambos en Afganistán), lo que causó alrededor de cien muertos. El hospital Al-Nouman, en Bagdad, fue alcanzado por los bombardeos iniciales de 2003, provocando la muerte de cinco personas” y el Centro Central de Salud en Faluya (Iraq) fue bombardeado en noviembre de 2004, matando a treinta y cinco pacientes y a veinticuatro empleados del hospital.
Además, el Hospital de Urgencias Nazzal, en Faluya, dirigido por una organización de beneficencia de Arabia Saudí, “fue reducido a escombros”, escribe Haas, y cuando las tropas estadounidenses entraron en el Hospital General de Faluya, obligaron a todos los empleados y pacientes del mismo a tumbarse boca abajo en el suelo, atándoles las manos a la espalda.
Los actos anteriores violaron la Convención de la Cruz Roja de 1864, que estipula que “se reconoce la neutralidad de las ambulancias y los hospitales militares… y los beligerantes deberán protegerlos y respetarlos mientras haya un solo enfermo o herido en ellos”. Esos actos violaron también la Convención de Ginebra de 1929, que afirma que el personal que atiende a los heridos “será respetado y protegido en cualquier circunstancia”.
Pero hay más, el 4 de marzo de 2007, los marines estadounidenses se fueron del campo de batalla en Jalalabad (Afganistán), “sin atender a las personas a las que habían herido”, escribe Haas y, en julio de 2008, los soldados estadounidenses impidieron que aldeanos afganos rescataran a los heridos civiles para poder llevarles al hospital. Esto viola el artículo de la Convención de Ginebra de 1949, que afirma:
“Se recogerá y cuidará a los heridos y enfermos”.
Haas señala también que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld emitió una orden negando a los prisioneros el derecho a que los visitara un médico durante seis semanas, desde el 2 de diciembre de 2002 al 15 de enero de 2003, en oposición a lo que señala el artículo 15 de la Convención de Ginebra de 1949:
“La potencia que retenga prisioneros de guerra está obligada a proporcionar de forma gratuita todo lo necesario para su mantenimiento y para los cuidados médicos que requiera su estado de salud”.
Haas escribe que los prisioneros que sufrían asma, diabetes, dificultades coronarias, hepatitis, heridas en las piernas y otras enfermedades se quedaron sin recibir tratamiento alguno en los países de Oriente Medio invadidos por EEUU, y que a los prisioneros en Guantánamo se les negaron las visitas médicas con objeto de “inducirles a la cooperación”.
“Las instalaciones médicas, medicinas, personal y suministros fueron inadecuados para el inmenso número de prisioneros en Abu Ghraib (Iraq)”, escribe Haas, y los prisioneros en Guantánamo fueron alimentados a la fuerza a pesar de que la Declaración de Tokio de 1975 prohíbe a los médicos que interfieran sanitariamente con quienes no quieren seguir alimentándose.
Y aunque la Convención de Ginebra de 1949, artículo 55, afirma:
“La potencia ocupante tiene el deber de asegurar los suministros médicos y alimentarios de la población”, los vetos británico y estadounidense en el Consejo de Seguridad bloquearon el envío de 500 millones de dólares en fondos de la cuenta de Iraq en Naciones Unidas “petróleo por alimentos”.
En su lugar, desviaron el dinero a la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), “que no adquirió los suministros que se necesitaban”, escribe Haas…
Y aunque la Convención de Ginebra de 1949, en su artículo 56, afirma:
“Se permitirá que el personal médico de cualquier categoría desempeñe sus funciones”, el 23 de mayo de 2003, la APC despidió a todos los empleados del gobierno iraquí de alto nivel, incluido el personal médico.
“El mejor hospital de Bagdad fue convertido en un hospital militar estadounidense”, escribe Haas, y el administrador sanitario enviado por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Dr. Frederick Burkle, fue despedido después de una semana “porque carecía de contactos políticos…” Haas añade que la persona que le sustituyó “no autorizó los fondos necesarios para las salas de urgencia que tenían que tratar a las víctimas de la insurgencia, el problema médico más importante en aquel momento”.
Según Haas, un médico belga que visitó veinticinco instalaciones médicas en abril de 2004, concluyó:
“Desde que acabó la guerra, no ha llegado a ninguna parte material nuevo alguno”, y que no había instrumental estéril en el hospital de Al Nour, “como consecuencia de lo cual todos los pacientes con quemaduras importantes están condenados a la muerte”.
Haas afirma que “el resultado principal de la nefasta ocupación de Iraq es una destrucción total de la sanidad pública”.
Señala que las autoridades estadounidenses “redujeron el número de medicinas disponibles mientras ocupaban el país” y que los niños continuaban siendo víctimas de la leucemia porque el ejército estadounidenses “se negaba a utilizar contadores Geiger para localizar y eliminar los restos de artillería que contienen uranio empobrecido a pesar de los ruegos de la OMS.
En materia de salud, los estadounidenses se han posado como una plaga de langosta sobre Afganistán e Iraq”, concluía Haas.
El libro de Haas enumera 269 categorías distintas de crímenes de guerra de los que es responsable el anterior presidente George W. Bush.
El libro está redactado para que cada categoría y el correspondiente y aplicable estatuto de crimen de guerra aparezcan juntos. Aunque esos crímenes acerca de las torturas y la ausencia de proceso debido son bien conocidos, el libro de Haas incluye una amplia serie de violaciones y crímenes de guerra desde la falta de respeto del marco legal de los países invadidos a l fracaso a la hora de liberar con prontitud a los prisioneros de guerra y al fracaso a la hora de proteger las propiedades públicas.
El Profesor Haas es autor o editor de 33 libros sobre política mundial y gubernamental.
Ha enseñado en numerosas y notables facultades, incluida la Universidad de Londres y la Universidad Northewestern.
(mas...)
La administración Obama continúa perpetrando u no de los más infames crímenes de guerra de Bush: alimentar a la fuerza a los prisioneros, en violación de la ética médica y del Protocolo I de las Convenciones de Ginebra de 1977, señala el experto.
En un nuevo libro en que recopila los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses, “George W. Bush, War Criminal?” (Praeger), el escritor y científico político Michael Haas escribe:
“En 2001, el hospital infantil de Kabul fue bombardeado, atacándose también el de Herat (ambos en Afganistán), lo que causó alrededor de cien muertos. El hospital Al-Nouman, en Bagdad, fue alcanzado por los bombardeos iniciales de 2003, provocando la muerte de cinco personas” y el Centro Central de Salud en Faluya (Iraq) fue bombardeado en noviembre de 2004, matando a treinta y cinco pacientes y a veinticuatro empleados del hospital.
Además, el Hospital de Urgencias Nazzal, en Faluya, dirigido por una organización de beneficencia de Arabia Saudí, “fue reducido a escombros”, escribe Haas, y cuando las tropas estadounidenses entraron en el Hospital General de Faluya, obligaron a todos los empleados y pacientes del mismo a tumbarse boca abajo en el suelo, atándoles las manos a la espalda.
Los actos anteriores violaron la Convención de la Cruz Roja de 1864, que estipula que “se reconoce la neutralidad de las ambulancias y los hospitales militares… y los beligerantes deberán protegerlos y respetarlos mientras haya un solo enfermo o herido en ellos”. Esos actos violaron también la Convención de Ginebra de 1929, que afirma que el personal que atiende a los heridos “será respetado y protegido en cualquier circunstancia”.
Pero hay más, el 4 de marzo de 2007, los marines estadounidenses se fueron del campo de batalla en Jalalabad (Afganistán), “sin atender a las personas a las que habían herido”, escribe Haas y, en julio de 2008, los soldados estadounidenses impidieron que aldeanos afganos rescataran a los heridos civiles para poder llevarles al hospital. Esto viola el artículo de la Convención de Ginebra de 1949, que afirma:
“Se recogerá y cuidará a los heridos y enfermos”.
Haas señala también que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld emitió una orden negando a los prisioneros el derecho a que los visitara un médico durante seis semanas, desde el 2 de diciembre de 2002 al 15 de enero de 2003, en oposición a lo que señala el artículo 15 de la Convención de Ginebra de 1949:
“La potencia que retenga prisioneros de guerra está obligada a proporcionar de forma gratuita todo lo necesario para su mantenimiento y para los cuidados médicos que requiera su estado de salud”.
Haas escribe que los prisioneros que sufrían asma, diabetes, dificultades coronarias, hepatitis, heridas en las piernas y otras enfermedades se quedaron sin recibir tratamiento alguno en los países de Oriente Medio invadidos por EEUU, y que a los prisioneros en Guantánamo se les negaron las visitas médicas con objeto de “inducirles a la cooperación”.
“Las instalaciones médicas, medicinas, personal y suministros fueron inadecuados para el inmenso número de prisioneros en Abu Ghraib (Iraq)”, escribe Haas, y los prisioneros en Guantánamo fueron alimentados a la fuerza a pesar de que la Declaración de Tokio de 1975 prohíbe a los médicos que interfieran sanitariamente con quienes no quieren seguir alimentándose.
Y aunque la Convención de Ginebra de 1949, artículo 55, afirma:
“La potencia ocupante tiene el deber de asegurar los suministros médicos y alimentarios de la población”, los vetos británico y estadounidense en el Consejo de Seguridad bloquearon el envío de 500 millones de dólares en fondos de la cuenta de Iraq en Naciones Unidas “petróleo por alimentos”.
En su lugar, desviaron el dinero a la Autoridad Provisional de la Coalición (APC), “que no adquirió los suministros que se necesitaban”, escribe Haas…
Y aunque la Convención de Ginebra de 1949, en su artículo 56, afirma:
“Se permitirá que el personal médico de cualquier categoría desempeñe sus funciones”, el 23 de mayo de 2003, la APC despidió a todos los empleados del gobierno iraquí de alto nivel, incluido el personal médico.
“El mejor hospital de Bagdad fue convertido en un hospital militar estadounidense”, escribe Haas, y el administrador sanitario enviado por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Dr. Frederick Burkle, fue despedido después de una semana “porque carecía de contactos políticos…” Haas añade que la persona que le sustituyó “no autorizó los fondos necesarios para las salas de urgencia que tenían que tratar a las víctimas de la insurgencia, el problema médico más importante en aquel momento”.
Según Haas, un médico belga que visitó veinticinco instalaciones médicas en abril de 2004, concluyó:
“Desde que acabó la guerra, no ha llegado a ninguna parte material nuevo alguno”, y que no había instrumental estéril en el hospital de Al Nour, “como consecuencia de lo cual todos los pacientes con quemaduras importantes están condenados a la muerte”.
Haas afirma que “el resultado principal de la nefasta ocupación de Iraq es una destrucción total de la sanidad pública”.
Señala que las autoridades estadounidenses “redujeron el número de medicinas disponibles mientras ocupaban el país” y que los niños continuaban siendo víctimas de la leucemia porque el ejército estadounidenses “se negaba a utilizar contadores Geiger para localizar y eliminar los restos de artillería que contienen uranio empobrecido a pesar de los ruegos de la OMS.
En materia de salud, los estadounidenses se han posado como una plaga de langosta sobre Afganistán e Iraq”, concluía Haas.
El libro de Haas enumera 269 categorías distintas de crímenes de guerra de los que es responsable el anterior presidente George W. Bush.
El libro está redactado para que cada categoría y el correspondiente y aplicable estatuto de crimen de guerra aparezcan juntos. Aunque esos crímenes acerca de las torturas y la ausencia de proceso debido son bien conocidos, el libro de Haas incluye una amplia serie de violaciones y crímenes de guerra desde la falta de respeto del marco legal de los países invadidos a l fracaso a la hora de liberar con prontitud a los prisioneros de guerra y al fracaso a la hora de proteger las propiedades públicas.
El Profesor Haas es autor o editor de 33 libros sobre política mundial y gubernamental.
Ha enseñado en numerosas y notables facultades, incluida la Universidad de Londres y la Universidad Northewestern.
(mas...)
Anónimo
La denuncia la hicieron la World Organization for Human Rights USA y el Center for Constitutional Rights en una audiencia con motivo del 134 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los peticionarios se refirieron a los abusos que cometieron funcionarios y personal militar del anterior Gobierno de EE.UU. a detenidos en su guerra contra el terror tras el 11 de septiembre de 2001 (11-S).
Colleen Costello, de Human Rights USA, relató cómo funcionarios estadounidenses practicaron la asfixia simulada a detenidos, les obligaron a mantenerse de pie durante horas o a permanecer desnudos durante un tiempo prolongado, les privaron de sueño y les negaron también alimentos sólidos, entre otras técnicas "crueles".
En este contexto, citaron el reciente informe de la Cruz Roja, en el que se denuncia que las autoridades estadounidenses torturaron a prisioneros confinados en centros de detención, algunos de los cuales estaban en el extranjero y eran controlados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).
Según el informe "The Black Sites" (Lugares oscuros), esos sitios fueron creados por orden del ex presidente George W. Bush menos de una semana después de los ataques terroristas del 11-S.
Los peticionarios señalaron que estos abusos no fueron denunciados únicamente por la Cruz Roja, sino que también otras muchas organizaciones documentaron "esas prácticas ilegales extendidas y sistemáticas".
Pese a las múltiples denuncias a nivel nacional e internacional, "Estados Unidos todavía tiene que exigir responsabilidades (jurídicas) a esos altos funcionarios" que practicaron o autorizaron esas torturas, dijo Costello.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y constitucionales lamentaron que el actual Gobierno estadounidense haya dicho que no procesará a los responsables de los abusos practicados durante el anterior Gobierno.
"Eso es inaceptable", dijo Costello, quien recordó que bajo las leyes internacionales y las obligaciones asumidas como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la CIDH, EE.UU. "tiene el deber de investigar de manera eficaz esos hechos, procesar a los responsables y castigarlos".
Por otro lado, insistió, también tiene la obligación de proteger los derechos de las víctimas y garantizarles el acceso a los tribunales federales, algo que les fue negado bajo el anterior Gobierno, que creó las comisiones militares para los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.
El pasado 9 de febrero el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien ha asegurado que su Gobierno no hará uso de estas prácticas, dijo que su administración investigará casos "claros" de delitos cometidos por torturas infringidas a detenidos.
Pese a ello, señaló que está más interesado "en mirar para adelante que para atrás".
Una alta funcionaria del Pentágono reconoció que un detenido de Guantánamo fue sometido a tortura, algo que está prohibido por el derecho estadounidense e internacional.
Además, la CIA admitió haber realizado asfixias simuladas a tres detenidos, y también reconoció haber destruido 92 cintas de vídeo de interrogatorios a presuntos terroristas.
Los peticionarios se refirieron a los abusos que cometieron funcionarios y personal militar del anterior Gobierno de EE.UU. a detenidos en su guerra contra el terror tras el 11 de septiembre de 2001 (11-S).
Colleen Costello, de Human Rights USA, relató cómo funcionarios estadounidenses practicaron la asfixia simulada a detenidos, les obligaron a mantenerse de pie durante horas o a permanecer desnudos durante un tiempo prolongado, les privaron de sueño y les negaron también alimentos sólidos, entre otras técnicas "crueles".
En este contexto, citaron el reciente informe de la Cruz Roja, en el que se denuncia que las autoridades estadounidenses torturaron a prisioneros confinados en centros de detención, algunos de los cuales estaban en el extranjero y eran controlados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).
Según el informe "The Black Sites" (Lugares oscuros), esos sitios fueron creados por orden del ex presidente George W. Bush menos de una semana después de los ataques terroristas del 11-S.
Los peticionarios señalaron que estos abusos no fueron denunciados únicamente por la Cruz Roja, sino que también otras muchas organizaciones documentaron "esas prácticas ilegales extendidas y sistemáticas".
Pese a las múltiples denuncias a nivel nacional e internacional, "Estados Unidos todavía tiene que exigir responsabilidades (jurídicas) a esos altos funcionarios" que practicaron o autorizaron esas torturas, dijo Costello.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y constitucionales lamentaron que el actual Gobierno estadounidense haya dicho que no procesará a los responsables de los abusos practicados durante el anterior Gobierno.
"Eso es inaceptable", dijo Costello, quien recordó que bajo las leyes internacionales y las obligaciones asumidas como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la CIDH, EE.UU. "tiene el deber de investigar de manera eficaz esos hechos, procesar a los responsables y castigarlos".
Por otro lado, insistió, también tiene la obligación de proteger los derechos de las víctimas y garantizarles el acceso a los tribunales federales, algo que les fue negado bajo el anterior Gobierno, que creó las comisiones militares para los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.
El pasado 9 de febrero el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien ha asegurado que su Gobierno no hará uso de estas prácticas, dijo que su administración investigará casos "claros" de delitos cometidos por torturas infringidas a detenidos.
Pese a ello, señaló que está más interesado "en mirar para adelante que para atrás".
Una alta funcionaria del Pentágono reconoció que un detenido de Guantánamo fue sometido a tortura, algo que está prohibido por el derecho estadounidense e internacional.
Además, la CIA admitió haber realizado asfixias simuladas a tres detenidos, y también reconoció haber destruido 92 cintas de vídeo de interrogatorios a presuntos terroristas.
Anónimo
"¿Cuántos terroristas fueron realmente llevados a la justicia gracias a la 'filosofía' promovida por Dick Cheney? Eso no le dio seguridad a Estados Unidos. Lo que hizo fue promover el sentimiento anti-estadounidense", declaró Obama según un comunicado de la cadena de televisión estadounidense, citando extractos de una entrevista que será transmitida el domingo de noche en el programa "60 minutos".
Cheney, vicepresidente de George W. Bush durante ocho años, hasta el 20 de enero, acusó el domingo pasado a Obama de haber hecho al país más vulnerable al volver a hablar acerca de los métodos de detención e interrogatorio a los que son sometidos los sospechosos de terrorismo, y estimó que el cierre de la prisión de Guantánamo (Cuba) era un "error", reseñó AFP.
Obama también dijo que Estados Unidos no había podido impedir a los prisioneros liberados regresar a las filas de los terroristas.
Pero también afirmó que el trato de los detenidos de Guantánamo por la administración de George w. Bush -encerrados durante varios años sin juicio, acusación ni acceso a abogados- no "era viable".
Obama firmó en enero un decreto ordenando el cierre de aquí a 2010 de la prisión de Guantánamo y el respeto de la convenciones de Ginebra.
Cheney, vicepresidente de George W. Bush durante ocho años, hasta el 20 de enero, acusó el domingo pasado a Obama de haber hecho al país más vulnerable al volver a hablar acerca de los métodos de detención e interrogatorio a los que son sometidos los sospechosos de terrorismo, y estimó que el cierre de la prisión de Guantánamo (Cuba) era un "error", reseñó AFP.
Obama también dijo que Estados Unidos no había podido impedir a los prisioneros liberados regresar a las filas de los terroristas.
Pero también afirmó que el trato de los detenidos de Guantánamo por la administración de George w. Bush -encerrados durante varios años sin juicio, acusación ni acceso a abogados- no "era viable".
Obama firmó en enero un decreto ordenando el cierre de aquí a 2010 de la prisión de Guantánamo y el respeto de la convenciones de Ginebra.
Anónimo
La estación de televisión estadounidense MSNBC informó que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh ha descubierto evidencia de que el vicepresidente de los EEUU, Dick Cheney durante la administración gubernamental de George W. Bush que viene de terminar, operó escuadrones secretos de asesinato desde la Casa Blanca utilizando personal militar sin conocimiento de la CIA.
Keith Olbermann, presentador de MSNBC Countdown discutió el informe con Jonathan Alter. Alter dijo que los detalles horrorizarán al lector.
En un evento de “Grandes Conversaciones” en la Universidad de Minnesota, ayer por la noche, el legendario periodista investigativo Seymour Hersh puede haber atraído más atención de lo que se proponía cuando habló sobre nuevos supuestos casos de espionaje interior de la CIA, y sobre una continua operación militar clandestina que llamó “red ejecutiva de asesinato”.
Hersh habló con mucha confianza sobre estos hallazgos en su actual investigación, sobre la cual todavía no ha escrito.
En un intercambio posterior de correos electrónicos, Hersh dijo que sus declaraciones fueron “una respuesta honesta a una pregunta” del moderador del evento, el Politólogo de la U de M, Larry Jacobs y “no algo sobre lo que haya querido extenderme en público”.
Hersh no retiró sus declaraciones, que dijo provienen de investigaciones que está haciendo para un libro, pero que puede tardar uno o dos años antes de que tenga lo que necesita sobre el tópico sea “efectivo… es decir, empírico, incluso para el más escéptico”.
La velada de gran conversación, con Walter Mondale y Hersh, moderada por Jacobs e intitulada “La crisis constitucional de EE.UU.”, parecía ser un repaso, sobre todo histórico, de eventos que han puesto a prueba nuestra Constitución, por un periodista y un alto responsable gubernamental quienes tuvieron experiencia con muchas de las crisis.
Y fue sobre todo histórico, y una gran conversación, en la que Hersh y Mondale hablaron sobre los modelos por los que los presidentes parecen intoxicarse con el poder ejecutivo, frustrados por las limitaciones de ese poder por el Congreso y el público; atraídos a acciones clandestinas incorrectas que exceden sus poderes constitucionales, en la creencia de que pueden obtener resultados y que nunca serán descubiertas.
A pesar de unas pocas referencias a los Padres Fundadores, la historia fue sobre todo reciente, comenzando con la Guerra de Vietnam y gran parte provocada por el gobierno de George W. Bush, al que ambos denunciaron rotundamente.
Al final de una respuesta de Hersh sobre cómo tienden a suceder esas cosas, Jacobs preguntó:
“¿Y siguen sucediendo hasta hoy?”
Hersh replicó:
“¡Claro! Después del 11-S, no he escrito todavía sobre esto, pero la Agencia Central de Inteligencia estuvo muy profundamente involucrada en actividades internas contra gente de la que pensaba que eran enemigos del Estado. Sin ninguna autoridad legal para hacerlo. Ni siquiera los han llamado por ello. Son cosas que pasan.
“Ahora mismo, hoy, hubo un artículo en el New York Times, que si lo lee cuidadosamente mencionó algo conocido como Comando Conjunto de Operaciones Especiales – JSOC lo llaman.
Es un ala especial de nuestra comunidad de operaciones especiales que existe independientemente. No dependen de nadie, excepto en los días de Bush-Cheney, dependían directamente de la oficina de Cheney.
No dependían del jefe del Estado Mayor Conjunto o del señor [Robert] Gates, secretario de defensa.
Dependían directamente de Cheney…
“El Congreso no lo supervisa. Es esencialmente una red ejecutiva de asesinato, y ha estado funcionando sin parar. Sólo hoy en el Times hubo un artículo de que su dirigente, un almirante de tres estrellas llamado.
[William H.] McRaven, ordenó detener sus operaciones porque hubo tantas muertes colaterales.
“Bajo la autoridad del presidente Bush, han ido a países, sin hablar con el embajador o el jefe de estación de la CIA; encontraban personas en una lista, y las ejecutaban, y partían de vuelta. Lo han estado haciendo, en nombre de todos nosotros.
“Es complicado porque los tipos que lo hacen no son asesinos, y sin embargo lo que cometen es lo que normalmente llamamos asesinatos. Es un tema muy complicado. Porque son jóvenes que fueron a las Fuerzas Especiales. Habéis oído hablar de las Fuerzas Delta. De los equipos Seal de la Armada. Altamente especializados.
“En muchos casos, eran los mejores y los más brillantes. Realmente, no exagero. Realmente tipos formidables que se alistaron para hacer el tipo de tareas necesarias que ellos piensan son necesarias para proteger a EE.UU. Y luego se ven torturando gente.
“Hubo personas que me dijeron – hace cinco años, hubo uno que dijo:
“¿Cómo lo llama cuando se interroga a alguien y se le deja sangrando y no se llama a algún comité médico y dos días después muere?
¿Es asesinato?
¿Qué pasa si termino frente a un comité?”
“Pero no van a terminar frente a un comité”.
Hersh, el periodista investigativo más conocido de su generación, escribe sobre esta clase de temas para The New Yorker. Ha escrito a menudo sobre el JSOC, incluyendo, en julio pasado que:
“Bajo la interpretación de la ley del gobierno de Bush, actividades militares clandestinas, a diferencia de operaciones encubiertas de la CIA, no tienen que ser descritas en un Finding [conclusión] [1], porque el presidente tiene un derecho constitucional de comandar a fuerzas de combate en el terreno sin interferencia del Congreso.”
Nota:
[1] “Finding” se refiere a un documento especial que debe emitir un presidente, aunque no hacerlo público, para autorizar acciones encubiertas de la CIA.
Eric Black
La estación de televisión estadounidense MSNBC informó que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh ha descubierto evidencia de que el vicepresidente de los EEUU, Dick Cheney durante la administración gubernamental de George W. Bush que viene de terminar, operó escuadrones secretos de asesinato desde la Casa Blanca utilizando personal militar sin conocimiento de la CIA.
Keith Olbermann, presentador de MSNBC Countdown discutió el informe con Jonathan Alter. Alter dijo que los detalles horrorizarán al lector.
En un evento de “Grandes Conversaciones” en la Universidad de Minnesota, ayer por la noche, el legendario periodista investigativo Seymour Hersh puede haber atraído más atención de lo que se proponía cuando habló sobre nuevos supuestos casos de espionaje interior de la CIA, y sobre una continua operación militar clandestina que llamó “red ejecutiva de asesinato”.
Hersh habló con mucha confianza sobre estos hallazgos en su actual investigación, sobre la cual todavía no ha escrito.
En un intercambio posterior de correos electrónicos, Hersh dijo que sus declaraciones fueron “una respuesta honesta a una pregunta” del moderador del evento, el Politólogo de la U de M, Larry Jacobs y “no algo sobre lo que haya querido extenderme en público”.
Hersh no retiró sus declaraciones, que dijo provienen de investigaciones que está haciendo para un libro, pero que puede tardar uno o dos años antes de que tenga lo que necesita sobre el tópico sea “efectivo… es decir, empírico, incluso para el más escéptico”.
La velada de gran conversación, con Walter Mondale y Hersh, moderada por Jacobs e intitulada “La crisis constitucional de EE.UU.”, parecía ser un repaso, sobre todo histórico, de eventos que han puesto a prueba nuestra Constitución, por un periodista y un alto responsable gubernamental quienes tuvieron experiencia con muchas de las crisis.
Y fue sobre todo histórico, y una gran conversación, en la que Hersh y Mondale hablaron sobre los modelos por los que los presidentes parecen intoxicarse con el poder ejecutivo, frustrados por las limitaciones de ese poder por el Congreso y el público; atraídos a acciones clandestinas incorrectas que exceden sus poderes constitucionales, en la creencia de que pueden obtener resultados y que nunca serán descubiertas.
A pesar de unas pocas referencias a los Padres Fundadores, la historia fue sobre todo reciente, comenzando con la Guerra de Vietnam y gran parte provocada por el gobierno de George W. Bush, al que ambos denunciaron rotundamente.
Al final de una respuesta de Hersh sobre cómo tienden a suceder esas cosas, Jacobs preguntó:
“¿Y siguen sucediendo hasta hoy?”
Hersh replicó:
“¡Claro! Después del 11-S, no he escrito todavía sobre esto, pero la Agencia Central de Inteligencia estuvo muy profundamente involucrada en actividades internas contra gente de la que pensaba que eran enemigos del Estado. Sin ninguna autoridad legal para hacerlo. Ni siquiera los han llamado por ello. Son cosas que pasan.
“Ahora mismo, hoy, hubo un artículo en el New York Times, que si lo lee cuidadosamente mencionó algo conocido como Comando Conjunto de Operaciones Especiales – JSOC lo llaman.
Es un ala especial de nuestra comunidad de operaciones especiales que existe independientemente. No dependen de nadie, excepto en los días de Bush-Cheney, dependían directamente de la oficina de Cheney.
No dependían del jefe del Estado Mayor Conjunto o del señor [Robert] Gates, secretario de defensa.
Dependían directamente de Cheney…
“El Congreso no lo supervisa. Es esencialmente una red ejecutiva de asesinato, y ha estado funcionando sin parar. Sólo hoy en el Times hubo un artículo de que su dirigente, un almirante de tres estrellas llamado.
[William H.] McRaven, ordenó detener sus operaciones porque hubo tantas muertes colaterales.
“Bajo la autoridad del presidente Bush, han ido a países, sin hablar con el embajador o el jefe de estación de la CIA; encontraban personas en una lista, y las ejecutaban, y partían de vuelta. Lo han estado haciendo, en nombre de todos nosotros.
“Es complicado porque los tipos que lo hacen no son asesinos, y sin embargo lo que cometen es lo que normalmente llamamos asesinatos. Es un tema muy complicado. Porque son jóvenes que fueron a las Fuerzas Especiales. Habéis oído hablar de las Fuerzas Delta. De los equipos Seal de la Armada. Altamente especializados.
“En muchos casos, eran los mejores y los más brillantes. Realmente, no exagero. Realmente tipos formidables que se alistaron para hacer el tipo de tareas necesarias que ellos piensan son necesarias para proteger a EE.UU. Y luego se ven torturando gente.
“Hubo personas que me dijeron – hace cinco años, hubo uno que dijo:
“¿Cómo lo llama cuando se interroga a alguien y se le deja sangrando y no se llama a algún comité médico y dos días después muere?
¿Es asesinato?
¿Qué pasa si termino frente a un comité?”
“Pero no van a terminar frente a un comité”.
Hersh, el periodista investigativo más conocido de su generación, escribe sobre esta clase de temas para The New Yorker. Ha escrito a menudo sobre el JSOC, incluyendo, en julio pasado que:
“Bajo la interpretación de la ley del gobierno de Bush, actividades militares clandestinas, a diferencia de operaciones encubiertas de la CIA, no tienen que ser descritas en un Finding [conclusión] [1], porque el presidente tiene un derecho constitucional de comandar a fuerzas de combate en el terreno sin interferencia del Congreso.”
Nota:
[1] “Finding” se refiere a un documento especial que debe emitir un presidente, aunque no hacerlo público, para autorizar acciones encubiertas de la CIA.
Eric Black
EEUU: Ex generala estadounidense admitió que gobierno de Bush torturaba a prisioneros de guerra
La generala que estuvo a cargo de 17 cárceles norteamericanas en Iraq, Janis Karpini, acusó a la administración del ex presidente George W. Bush de ordenar la tortura de los detenidos para terminar con la resistencia armada.
La ex oficial estadounidense, quien se retiró tras el escándalo de la cárcel árabe de Abu Ghraib, donde se torturaban a detenidos políticos, expresó que el entonces vicepresidente, Richard Cheney, y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, trabajaron juntos en cada sesión relativa a los interrogatorios.
Karpini recordó que ambos negaron su responsabilidad, pero aseveró que existe contundente evidencia en ese sentido, incluidos "memos con la letra del secretario de Defensa aceptando las torturas", informa Prensa Latina.
Ellos cambiaron la definición de "prisionero" por "combatiente enemigo", para poder realizar torturas.
Karpini, quien integró el Ejército estadounidense durante 25 años, fue degradada después del escándalo de Abu Ghraib y algunos de sus soldados fueron llevados a juicio.
Autora del libro One Woman´s Army, Karpini llegó a Chile invitada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Entrevistada esta semana por Qué Pasa, aseguró que los verdaderos responsables aún no han sido juzgados.
La ex militar, quien no tiene dudas de que también se cometieron torturas en Guantánamo, opinó que varios generales norteamericanos (Sánchez, Miller, Patreus, Odierno y otros) deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional y agregó: "yo iré, si es que me llaman".
Karpini llamó a revelar toda la verdad sobre este tema y opinó que "la mejor imagen de cambio será enfrentar la verdad sobre la administración anterior y hacerla pública".
La ex oficial estadounidense, quien se retiró tras el escándalo de la cárcel árabe de Abu Ghraib, donde se torturaban a detenidos políticos, expresó que el entonces vicepresidente, Richard Cheney, y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, trabajaron juntos en cada sesión relativa a los interrogatorios.
Karpini recordó que ambos negaron su responsabilidad, pero aseveró que existe contundente evidencia en ese sentido, incluidos "memos con la letra del secretario de Defensa aceptando las torturas", informa Prensa Latina.
Ellos cambiaron la definición de "prisionero" por "combatiente enemigo", para poder realizar torturas.
Karpini, quien integró el Ejército estadounidense durante 25 años, fue degradada después del escándalo de Abu Ghraib y algunos de sus soldados fueron llevados a juicio.
Autora del libro One Woman´s Army, Karpini llegó a Chile invitada por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Entrevistada esta semana por Qué Pasa, aseguró que los verdaderos responsables aún no han sido juzgados.
La ex militar, quien no tiene dudas de que también se cometieron torturas en Guantánamo, opinó que varios generales norteamericanos (Sánchez, Miller, Patreus, Odierno y otros) deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional y agregó: "yo iré, si es que me llaman".
Karpini llamó a revelar toda la verdad sobre este tema y opinó que "la mejor imagen de cambio será enfrentar la verdad sobre la administración anterior y hacerla pública".
Obama reconoce que será políticamente duro enfrentarse al complejo militar industrial
El presidente de Estados Unidos Barack Obama renovó su compromiso para reducir el gasto en programas de armamento muy costosos, pero reconoció que enfrentarse a las empresas de Defensa será políticamente "duro".
Obama dijo que existe un amplio acuerdo en ambos partidos políticos que la forma en que el gobierno adquirió armas en el pasado fue derrochadora, pero admitió que las empresas en el rubro Defensa tienen mucha influencia en el Congreso y han generado empleos en todo el país.
"Pienso que todo el mundo en esta ciudad sabe que cambiar las formas de hacer las compras es duro", dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
De todas formas dijo que el gasto en la atención a los veteranos de guerra aumentará bajo su presupuesto.
Obama reiteró que su gobierno ha identificado un ahorro posible de 40.000 millones de dólares y que junto al secretario de Defensa Robert Gates estudiará la forma de lograrlo.
Obama dijo que existe un amplio acuerdo en ambos partidos políticos que la forma en que el gobierno adquirió armas en el pasado fue derrochadora, pero admitió que las empresas en el rubro Defensa tienen mucha influencia en el Congreso y han generado empleos en todo el país.
"Pienso que todo el mundo en esta ciudad sabe que cambiar las formas de hacer las compras es duro", dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
De todas formas dijo que el gasto en la atención a los veteranos de guerra aumentará bajo su presupuesto.
Obama reiteró que su gobierno ha identificado un ahorro posible de 40.000 millones de dólares y que junto al secretario de Defensa Robert Gates estudiará la forma de lograrlo.
¿Debería George W. Bush ser arrestado en Canadá y juzgado por crímenes internacionales?
Construcción de la impunidad mediante la propaganda
Durante demasiados años, algunos sociólogos se han destacado por su participación en una campaña de propaganda tendiente a denigrar cualquier crítica contra la política de Estados Unidos presentándola como una fascinación patológica de las masas por el conspiracionismo.
Los tiempos cambian.
Durante la prestigiosa conferencia anual de sociología de la universidad de Winnipeg (Canadá), el 6 de marzo de 2009, el profesor Anthony J. Hall se refirió a la impunidad que el tabú del 11 de septiembre confiere a la administración Bush. Reproducimos a continuación una versión de su intervención.
Graves acusaciones de crímenes pesan sobre el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y sobre el actual presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
A finales de febrero de 2009 se informó que la Corte Penal Internacional basada en La Haya se prepara para emitir una orden en contra de al-Bashir, basándose en su presunta culpabilidad por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
En momentos en que se preparaban esos documentos contra el jefe de Estado de Sudán, el ex presidente Bush se aprestaba para una serie de conferencias remuneradas comenzando por Calgary, en Alberta (Canadá), el 17 de marzo.
La visita de Bush a la capital petrolera de Alberta parece poner a prueba la coherencia y la autenticidad de la posición «inequívoca» del gobierno canadiense, según la cual «Canadá no es ni se convertirá en un refugio seguro para las personas implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otros actos reprensibles».
El contraste entre la manera de tratar a Bush y a al-Bashir fue resaltado casi sin querer por Geoffrey York, un colega con quien yo conversaba a menudo hace casi 20 años, cuando ambos éramos corresponsales del diario Globe and Mail, sobre las peripecias de cuestiones autóctonas de Manitoba, que varias veces se convirtieron en temas que centraron la atención del país.
York escribía en su reportaje sobre los cargos expuestos conra al-Bashir:
«Por primera vez en la historia, un tribunal penal internacional se prepara para emitir una orden de arresto contra un jefe de Estado, acusándolo de orquestar una campaña de asesinatos, de torturas y violaciones»
Este periodista estimaba que la iniciativa de la CPI iba a ser «saludada por muchos como una señal de que nadie esta por encima de la ley».
El impresionante contraste entre el trato a al-Bashir y el que se le da a Bush sirve para aclarar la división en dos grandes categorías que existe en el mundo cuando se trata de criminales (o de presuntos criminales): una de ellas se compone de una pequeña élite esencialmente situada por encima de la ley y la otra de gente que no es lo bastante rica ni lo bastante influyente como para escapar a la fuerza coercitiva de la ley.
No sin ironía llegué yo a esa conclusión.
Por un lado, la decisión de la CPI de emprender acciones contra al-Bashir, así como la de abrir un verdadero proceso contra el señor de la guerra congolés Thomas Lubanga Dilo, en enero de 2009, son síntomas de una importante transformación de la CPI. El tribunal ha dejado de ser un simple vocero de la expresión de nobles ideales para convertirse en un espacio de verdadero compromiso tendiente a someter el reino del asesinato, de la mutilación y de la intimidación a la superior autoridad del derecho.
Por otra parte, al señalar en su primera acción jurídica la responsabilidad de potentados locales en las regiones de África que sufren, a menudo bajo la dominación de los cárteles de las materias primas y de sus regímenes de clientela, la CPI subrayó sobre todo la hipocresía del Occidente que protege a sus propios señores de la guerra y a los que se benefician con ésta en el seno del complejo militar e industrial manteniéndolos a salvo de toda responsabilidad jurídica por los actos de violencia de sus agentes: muchos de aquellos que día a día planifican, instigan, financian, arman, facilitan y se implican en esa explotación forman parte del llamado sector privado.
En efecto, el doble rasero que la CPI promueve al escoger sus objetivos en materia de acciones legales no hace más que reproducir, en el plano internacional, la gran duplicidad del sistema de justicia penal de Estados Unidos.
Tal y como lo demuestra crudamente la proporción desigual y escandalosamente elevada de negros hacinados en las prisiones privatizadas de la superpotencia en declive [1], las fuerzas del orden y de la justicia realizan esfuerzos desproporcionados, es evidente, por criminalizar a los afronorteamericanos pobres, mientras que apartan cuidadosamente su atención de los habitantes de piel clara de los suburbios residenciales y de los enclaves aún más escasos donde se concentra la riqueza extrema.
¿Se limitarán las autoridades encargadas de la aplicación del nuevo derecho internacional a perseguir a los pandilleros en el ghetto continental africano mientras que miran para otro lado cuando se trata de redes criminales más globales, que tienen sus sedes en América del Norte, en Europa, en Israel y, cada vez más a menudo, en China, en la India y en Rusia?
Si la reputación de Omar al-Bashir dista mucho de ser internacional, George Bush es en cambio uno de los hombres más conocidos a través del mundo.
A lo largo de los 8 años de su desastrosa presidencia, Bush logró ganarse el odio de todo el planeta.
[Bush] es ampliamente detestado a causa de sus decisiones políticas y de la camada de halcones belicistas, de corsarios del capital, de propagandistas de la mentira, de evangélicos fanáticos, de usureros, de enfermos defensores de la tortura y de generales sicóticos que conformaban su séquito [2].
Una parte importante de la opinión pública mundial ve a ese desacreditado individuo como la encarnación de algo mucho peor que un dirigente execrable.
Consideran al presidente número 43 de los Estados Unidos como un individuo grosero, que no respeta las leyes.
En efecto, muchos ven, con toda razón, a Bush como un desviado patológico que cultivaba el delirante sueño de que el poderío que implicaba su función le confería todos los poderes para autorizar a las fuerzas armadas d su país y a las compañías de mercenarios privados a perpetrar masacres, a hacer desaparecer gente y a cometer las más graves torturas en proporciones que llegan al genocidio.
Esa visión, muy popular, se basa en el creciente número de estudios jurídicos de universitarios que utilizan elementos probatorios ya disponibles en la esfera del dominio público para establecer que George Bush y sus subalternos violaron numerosas leyes nacionales e internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra y las instancias de la ONU que prohíben la tortura. Philippe Sands, Francis Boyle [3] y el profesor Michael Mandel, de l’Osgood Hall Law School, tres de los más activos juristas internacionales, han demostrado que George Bush y su gabinete de guerra violaron el derecho internacional muchas, pero muchas veces.
De hecho, es larga la lista de juristas que tratan de llevar al ex presidente estadounidense a comparecer ante la justicia. Mediante su nuevo libro, The Prosecution of George W. Bush for Murder, Vincent Bugliosi, que fue fiscal en el caso de Charles Manson, une su voz a la multitud [4].
Teniendo en cuenta la esencia y la amplitud de la documentación ya recogida para inculpar a Bush y a muchos de sus principales colaboradores por crímenes nacionales e internacionales, el hecho que el ex presidente pueda darse el lujo de cruzar las fronteras internacionales para pronunciar discursos en lugares como Calgary es un indicador de la disfunción jurídica de los órganos de aplicación de la ley.
¿Consiste acaso el papel de esos organismos en proteger la propiedad y el prestigio de los ricos ante los marginados y los desposeídos?
¿No es acaso la ley una simple ilusión si no logra contener el uso abusivo de la violencia para enraizar los privilegios e intimidar a la oposición?
¿Se levantarán las autoridades de la Corona en Canadá o el ministerio público en otros países para demostrar su propio respeto por el imperio de la ley y su aplicación por igual al presidente tanto como al indigente, a los colonos como al autóctono, al blanco tanto como al negro?
¿Cómo podemos transformar los códigos, frecuentemente racistas, contenidos en la retórica de la ley y el orden y ponerlos a la altura de las normas requeridas para que se respete la supremacía del derecho?
¿Se le concederá algún día a la verdad su oportunidad de imponerse en un juicio en el que, no sólo Bush, sino también Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice y otros más, tengan que rendir cuentas por sus decisiones y sus acciones en el desencadenamiento de guerras de agresión?
Como principales estrategas, los industriales del armamento y del petróleo, los dueños de empresas de mercenarios y sus cabilderos y propagandistas, la mayoría de esos individuos contribuyeron a elaborar los planes de ese proyecto para un nuevo siglo estadounidense, o sea la privatización de nuestra economía sobre la base del terror y de las falsas justificaciones por las llamadas «guerras preventivas».
Un año antes del 11 de septiembre, el PNAC anunciaba la necesidad de un «nuevo Pearl Harbor», que creara el clima de histeria necesario para la realización de los objetivos de sus promotores.
El más ambicioso de todos [esos planes] era la creación de un pretexto para hacerse del control de los recursos petroleros, en Irak y en todo el Medio Oriente.
Imaginar el mundo regido por el derecho internacional
Hace varias generaciones que quedó establecido el principio de que todos los pueblos del mundo y sus gobiernos estaban obligados a reconocer el interés común de la competencia universal, cuando se trata de lidiar con la más alta forma de criminalidad.
A su regreso de África, en 1890, George Washington Williams, un misionero negro de Estados Unidos, contribuyó a instaurar el pensamiento legal en ese sentido.
Al buscar palabras lo bastantes descriptivas como para ilustrar las espantosas violaciones de los derechos humanos que había visto en el Estado supuestamente libre del Congo del rey Leopoldo, Williams concibió la expresión «crímenes contra la humanidad».
En 1944, un judío polaco que había logrado escapar al horror nazi en Europa se basó en su propia experiencia para reforzar el vocabulario de la criminalidad internacional.
Raphael Lemkin inventó la noción de «genocidio» para contribuir al avance del proyecto de tratar de abordar crímenes tan graves que comprometían la supervivencia misma de una parte de la familia humana.
Lemkin trató de que no hubiese, en todo el mundo, inmunidad ni refugio para los implicados en la eliminación de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos; mecanismos a los que también agrega el genocidio cultural.
Lemkin contribuyó a ayudar a las delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas a instaurar, en 1948, la Convención sobre la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio.
No fue hasta 1989 que Estados Unidos reconoció ese pilar fundamental del derecho internacional.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense fue considerado, por corto tiempo, como el principal defensor del principio de que todo el que incurre en las formas más graves de criminalidad internacional debe ser individualmente considerado como responsable, como persona.
Esa breve convergencia entre el pragmatismo y el idealismo se puso en práctica en los procesos de Nuremberg y de Tokio, durante los cuales algunos dirigentes del derrotado Eje fueron juzgados ante tribunales militares internacionales.
Al describir sus objetivos ante el presidente estadounidense Harry Truman, el fiscal general del gobierno de Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, explicó que había llegado el momento de establecer con claridad «que la guerra de agresión es ilegal y criminal».
En su opinión, ese tipo de actividad, incluyendo las campañas «de exterminio, sometimiento y deportación de civiles», eran «crímenes internacionales» por los cuales «los individuos son responsables».
Al presentar su argumentación ante los jueces, Jackson subrayó la importancia de ir más allá de todas las antiguas líneas de defensa que habían proporcionado «inmunidad a prácticamente todas las personas implicadas en los más grandes crímenes contra la humanidad y la paz».
«Un campo tan amplio de irresponsabilidad» no podía seguir siendo «tolerado» porque «la civilización moderna pone ilimitadas armas de destrucción en manos de los hombres».
El vocabulario que los jueces de Nuremberg utilizaron para decidir la pena contra los condenados nazis subraya que «el hecho de desencadenar una guerra de agresión no sólo es un crimen internacional; es el crimen internacional supremo que se diferencia de los demás crímenes de guerra únicamente porque encierra en sí mismo todo el mal acumulado del conjunto».
Los considerandos de Nuremberg se perfeccionaron y en 1950 la Organización de las Naciones Unidas los adoptó como principios que incluyen, precisamente, la naturaleza misma de los actos ilegales conocidos por haber tenido lugar, por ejemplo, en Abu Ghraib y en Guantánamo, bajo la presidencia de George W. Bush.
Los principios de Nuremberg dividen la criminalidad internacional en tres categorías: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
Uno de esos principios estipula que «el hecho que el autor de un crimen internacional haya actuado en calidad de jefe de Estado o de funcionario no lo libera de su responsabilidad ante el derecho internacional». [5]
Aunque la Corte Penal Internacional es un nuevo elemento agregado a la infraestructura jurídica del derecho penal internacional, esta instancia se basa en esperanzas, ideales y tradiciones profundamente enraizados en muchas sociedades que buscan justicia.
A pesar de todos sus problemas y lagunas, la CPI es la mejor expresión de un intento tendiente a implementar muchas de las más conmovedores declaraciones de la humanidad que proclaman la igualdad en lo tocante a la importancia de cada vida humana, tal y como se define en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La CPI surgió como consecuencia de un estudio de las Naciones Unidas para convertirse en una verdadera entidad del Estatuto de Roma, en 1998.
El tribunal tomó forma institucional en 2002.
Actualmente cuenta 108 Estados miembros, entre ellos Canadá, y otros 40 Estados más están vías de ratificar el Estatuto de Roma.
Los gobiernos de Rusia, la India y China se oponen a la Corte.
El presidente Bill Clinton firmó el Tratado de Roma en nombre de su gobierno, pero el presidente Bush anuló en 2002 la firma de su predecesor en el marco de sus profundos y múltiples esfuerzos tendientes a sacar a Estados Unidos de varios acuerdos multilaterales.
¿Sigue siendo la CPI la mayor esperanza para el futuro, o el hasta ahora lamentable fracaso de los Estados en defender e imponer el respeto de la supremacía del derecho internacional nos está llevando a una fase en la que la humanidad va a tener que buscar otro camino?
¿Hemos llegado acaso a un punto de la evolución de la comunidad mundial en que es posible, quizás hasta necesario, empezar a instaurar las estructuras de una verdadera jurisdicción cuyos funcionarios hagan uso de su competencia para arbitrar y lograr la aplicación del derecho penal internacional mediante la expresión de cierta forma de ciudadanía compartida de la humanidad?
Calgary y el Congo
Está en juego mucho más de lo que a simple vista se puede discernir a partir de la decisión de George Bush de aceptar una invitación a hacer uso de la palabra ante una audiencia de empresarios reunidos en Calgary por invitación de la Cámara de Comercio local.
Según David Taras, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Calgary, hay que interpretar esto como una estrategia del ex presidente de Estados Unidos para comenzar, en ese centro urbano «muy conservador y pro americano», el proceso de rehabilitación de su imagen ante el público.
Hay quienes llaman a Calgary «el Houston del norte», sobrenombre que no ilustra en realidad el verdadero carácter de la ciudad.
Calgary es casi, en efecto, una colonia de Houston y de Dallas, en el plano económico y, en cierta medida, política y culturalmente.
Una importante proporción de sus habitantes emigraron desde Texas o tienen parientes que llegaron al norte provenientes del Estado del ex gobernador Bush.
Calgary es la base política y circunscripción del gobierno minoritario del actual dirigente de Canadá, el primer ministro Stephen Harper.
En el año 2001, Harper y algunos de sus más cercados consejeros en esa provincia expusieron claramente sus posiciones llenas de prejuicios cuando aconsejaron la construcción de un «cortafuegos» alrededor de la provincia de Alberta para preservar sus recursos petrolíferos y sus agencias de la autoridad constitucional del gobierno nacional de Canadá.
Durante los últimos 8 años Harper actuó más o menos como el principal propietario de la marca de fábrica Bush.
Como líder de la oposición, Harper amonestó al primer ministro Jean Chrétien por no haber involucrado tropas canadienses en la invasión anglo-estadounidense y la ocupación de Irak. Harper trabajó en estrecha colaboración con el ex primer ministro de la provincia de Alberta, Ralph Klein, oponiéndose al protocolo de Kyoto sobre el cambio climático mundial.
Ambos adoptaron el discurso político desarrollado por la firma de consejería y relaciones públicas Burson-Marsteller.
La rama de esa sociedad en Calgary es la National Public Relations, cuyos «encargados verdes de la comunicación» crearon organizaciones de pantalla, como la Canadian Coalition for Responsible Environmental Solutions.
David Frum fue uno de los fervientes guardianes del eje ideológico que vincula a la provincia de Alberta con el equipo de la Casa Blanca de Bush.
Antes de que Frum se convirtiera en uno de los principales propagandistas de la «guerra contra el terror» de George Bush [6] este ícono de los neoconservadores se había ganado sus galones trabajando en la publicación libertariana Alberta Report, del evangelista Ted Byfield.
Frum goza de amplio crédito como hombre de derecha por haber ayudado a renovar la condena del «Imperio del Mal» de Ronald Reagan mediante la elaboración de la fórmula «Eje del Mal», fórmula que George Bush hizo célebre al incluirla en su propaganda a favor de la guerra de agresión, en su discurso presidencial sobre el Estado de la Unión, en enero de 2002.
Por consiguiente, numerosas fuerzas de la historia convergen en la manera en que los funcionarios de Inmigración y del ministerio de Justicia recibirán a Bush cuando aterrice en el aeropuerto internacional de Calgary.
El 23 de febrero de 2009, una organización identificada como Abogados contra la Guerra hizo saber a varios funcionarios, incluyendo al primer ministro Harper y al jefe de la oposición de su Graciosa Majestad, que «George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos y [ex] comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, es sospechoso de tortura y de otras violaciones flagrantes de los derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra».
Haciendo referencia a disposiciones muy precisas de la ley de inmigración y de las secciones que se refieren específicamente a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, los juristas precisaron por qué Bush no debía ser autorizado a entrar al país.
Explican además que, si se otorga a Bush la autorización para ingresar al territorio canadiense, la policía canadiense tendría que arrestarlo.
En apoyo de sus afirmaciones, los juristas citan numerosas fuentes, incluyendo elementos probatorios provenientes de un informe interno del ejército estadounidense terminado en junio de 2008 por el general Antonio Taquba.
También citaron algunas de las conclusiones que rindiera, en febrero de 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak. Este responsable de la ONU escribe:
«Tenemos todos los elementos probatorios que demuestran que los métodos de tortura utilizados en los interrogatorios por el gobierno de Estados Unidos fueron especialmente ordenados por el ex secretario americano de Defensa Donald Rumsfeld … Es evidentemente que esas órdenes fueron impartidas con conocimiento par las más altas autoridades de los Estados Unidos»
Existen numerosos aspectos canadienses en la proliferación mundial de la tortura, las restituciones extraordinarias, las encarcelaciones injustificadas, la negación del debido proceso y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos que, en la mayoría de los casos, implican de una forma u otra a la Casa Blanca de George Bush.
La real gendarmería de Canadá, el ministerio canadiense de Relaciones Exteriores y el Servicio canadiense de Inteligencia de Seguridad están implicados junto al conjunto de ramas del gobierno estadounidense en los hechos que condujeron a la encarcelación y tortura en Siria de los ciudadanos canadienses Maher Arar, Abdullah Almalki, Ahmed El-Maati y Muayyed Nureddin.
El terrorismo de Estado que se abatió sobre esas personas constituye una pequeña parte del régimen transnacional de negación del derecho que resultó de la afirmación ilegal por parte del presidente de los Estados Unidos de su competencia jurisdiccional sobre cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que el poder ejecutivo de Estados Unidos designara como combatiente enemigo ilegal.
Ese término de «combatiente enemigo ilegal» es una expresión inventada por los consejeros de George Bush como instrumento lingüístico para que el gobierno renegado de los propios Estados Unidos pudiera sustraerse a la jurisdicción del derecho internacional, o incluso a su propia legislación.
Michael Keefer, de la universidad de Guelph, ha estudiado cuidadosamente el celo del gobierno de Stephen Harper por reproducir la estrategia de George W. Bush tendiente a ampliar el papel de la seguridad nacional estatal manipulando hasta la histeria la carta de la amenaza que representa la supuesta existencia de una célula terrorista islamista local en la región del Gran Toronto.
Keefer ha mostrado la manera como la GRC utilizó «submarinos» a sueldo que recibieron varios millones de dólares por la fabricación de lo que se convertiría un fiasco cuando las «acusaciones se evaporaron».
El caso literalmente «implosionó» después que la GRC había creado condiciones políticas para que el primer ministro Harper pudiera difundir, en 2006, la versión canadiense de las teorías alucinatorias de George Bush sobre el «odio» imaginario que supuestamente siente el Islam hacia las libertades occidentales.
La debacle fue grande, pero probablemente no lo suficiente como para evitar la destrucción de las vidas de los jóvenes que quedaron traumatizados, a pesar de haber salido libres de los tribunales.
Según Keefer, ese episodio era esencialmente, en su conjunto, «una operación de propaganda montada para reforzar la fraudulenta operación de manipulación sicológica que es la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre».
El papel de los gobiernos canadiense y estadounidense como socios en las flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional aparece con total transparencia en el caso del ciudadano canadiense Omar Khadr [7].
Khadr era un niño-soldado de 15 años cuando las fuerzas estadounidenses lo arrestaron, luego de un incidente violento en el que sufrió dos heridas.
Poco después de aquel dudoso incidente, Khadr fue enviado al tristemente célebre campamento X-Ray de Guantánamo, en Cuba.
El primer ministro Stephen Harper utilizó el caso para afirmar públicamente su voluntad de subordinar la soberanía de Canadá a la cultura de dominación militar de la América de George Bush.
A diferencia de los dirigentes de los demás países occidentales que intervinieron con éxito para lograr la liberación de ciudadanos recluidos en Guantánamo, Harper convirtió en una cuestión de honor el no solicitar a las autoridades estadounidenses el regreso de Omar Khadr al país donde nació.
El general canadiense Romeo Dallaire, que ha participado en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, hizo varias observaciones sobre la importancia del caso de Omar Khadr como experimento, por parte de los gobiernos canadiense y estadounidense, de la decisión de no respetar las leyes internacionales que prohíben los procesos contra niños-soldados.
Dallaire escribió:
«Nosotros permitimos que Estados Unidos juzgara a un niño-soldado ante un tribunal militar cuyos procedimientos violan los principios fundamentales de la justicia».
El general presentó «pruebas irrefutables de fechorías [por parte] de Estados Unidos», de «alteraciones» de pruebas por parte de los funcionarios y de diversas formas de abusos cometidos contra Omar Khadr, incluyendo amenazas de «violación y de muerte».
En el caso de Omar Khadr, Dallaire acusa al gobierno de Canadá de haberse hecho cómplice de «una afrenta a los derechos humanos y al derecho internacional.»
Es casi seguro que las futuras generaciones verán en el desprecio, en Guantánamo Bay y Abou Ghraib, por todos los principios reconocidos del derecho estadounidense e internacional un elemento definitorio de los parámetros de infamia de los dos mandatos de la presidencia de George W. Bush. Asqueados, varios juristas militares renunciaron a sus puestos en Guantánamo, entre ellos el coronel Morris Davis, que fungía como fiscal en jefe. Un más reciente whistler blower (Denunciante. NdT) es el teniente coronel Darrel Vandeveld, ex fiscal.
Como se reportaba el 2 de marzo de 2009 en el Globe and Mail, Vandeveld condenó los «tratamientos sádicos», los «abusos» y el «simulacro» de justicia que se aplicó a Khadr y a los demás detenidos en el «indecible desorden» de Guantánamo.
Es el «gulag de nuestra época», declaró Amnesty International. «Yo no podía creer que los americanos pudieran hacer eso», declaró Vandeveld, quien pudiera perfectamente ser llamado a prestar testimonio ante un tribunal de derecho nacional o internacional.
La causa por el procesamiento, en un gulag estadounidense, de un muchacho capturado cuando era un niño-soldado hace planear una sombra extraña y reveladora sobre la causa, que coincide en el tiempo, correspondiente a la inculpación de Thomas Lubanga Dilo por la CPI en La Haya.
A Lubanga se le acusó de haber reclutado y desplegado niños-soldados en el este del Congo. Numerosas empresas mineras canadienses y estadounidenses se encuentran, y ocupan un destacado lugar, entre las empresas occidentales (de América del Norte, Europa y Sudáfrica) que contribuyen a alimentar los conflictos en los que regularmente se utilizan niños-soldados.
Los niños-soldados siguen siendo utilizados por quienes se benefician, desde los dos extremos de la cadena, con los crímenes masivos y el caos en una zona que ha vivido lo que ampliamente clasifica como el mayor genocidio desde la Segunda Guerra mundial.
Con su posición común en el caso de Omar Khadr, ¿no han transgredido acaso George Bush y Stephen Harper el mismo derecho internacional de cuya violación se acusa hoy a Lubanga?
En momentos en que nos acercamos al término del primer decenio del siglo XXI, ¿pudiera existir acaso prueba más flagrante de la anarquía cultivada al más alto nivel de nuestros gobiernos?
¿Qué más puede decirse cuando un ex presidente estadounidense, el actual primer ministro canadiense y un señor de la guerra congolés pueden verse acusados al unísono de haber incurrido en el mismo desprecio por las leyes internacionales que prohíben el reclutamiento y el procesamiento penal de niños-soldados?
Hacer frente a las mentiras del 11 de septiembre
No resulta difícil imaginar los principales argumentos de la defensa, si George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld y otros de la misma ralea tuvieran que enfrentar a sus acusadores en una corte de justicia.
La base de su defensa consistiría seguramente en afirmar que su país fue atacado en 2001 por un enemigo externo que utiliza tácticas tan audaces e inesperadas que los terroristas islámicos lograron tomar desprevenidos a todo el complejo militar e industrial, así como a la enorme maquinaria de la seguridad nacional.
En base a ello, los abogados defensores afirmarían que las invasiones de Afganistán e Irak, al igual que todas las demás acciones, no pueden interpretarse como elementos de una guerra de agresión.
No deberían ser consideradas como parte de un plan coordinado de agresión militar correspondiente a lo que los jueces de Nuremberg definieron hace tiempo como «el crimen internacional supremo que se distingue de los demás crímenes de guerra solamente en la medida en que encierra en sí mismo todo el mal acumulado del conjunto»
Prosiguiendo su argumentación, los abogados defensores afirmarían que todo lo sucedido durante una guerra (justa y civilizada) contra el terrorismo no debe interpretarse como una guerra de agresión.
Por el contrario, esas acciones tendrían que verse como una forma de autodefensa necesaria o quizás como acciones preventivas que se emprendieron por precaución con la esperanza de salvar vidas inocentes de la amenaza violenta de los extremistas islamistas.
Estemos o no concientes de ello, se nos bombardea constantemente con el mensaje de que tenemos razones para temer el salvajismo de los terroristas, mensaje cuidadosamente elaborado por quienes practican la llamada «gestión de las percepciones» para inculcar una constante sospecha sobre todo el mundo árabe y musulmán.
En efecto, la mitología popular de la guerra contra el terrorismo conforma el elemento esencial que sirve de basamento a la economía del terror que alimentó el crecimiento del enorme complejo militar e industrial a lo largo de la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos.
Al no existir ya el viejo enemigo de la época de la guerra fría, se necesitaba un nuevo enemigo.
Empresas como Blackwater, la firma de mercenarios de Eric Prince, lograron prosperar en el mismo molde privatizado, como sucedió durante la guerra santa (o yihad) capitalista contra «el Imperio del Mal» soviético.
Como contrainterrogatorio a los testimonios que pudieran presentar el 11 de septiembre como la principal justificación de las medidas adoptadas en nombre de la guerra contra el terrorismo, un fiscal podría enfrentar a Bush y los demás de la siguiente manera.
Podría citar a comparecer como testigos a ciertos responsables estadounidenses cuya supuesta negligencia y/o incompetencia ocasionaron el fracaso que permitió que los terroristas lograran golpear sus blancos, a pesar de que éstos estaban muy protegidos.
El fiscal podría pedir aclaraciones sobre lo sucedido a los funcionarios cuyos engaños y errores provocaron fallos sin precedentes, por ejemplo, a los encargados de la inteligencia, del contraespionaje, de la seguridad en los aeropuertos, de la defensa aérea y de la aplicación de las leyes de inmigración, y aclarar si todos los funcionarios incompetentes fueron despedidos, si algunos fueron sancionados, si alguien dimitió.
El acusado respondería que no y el fiscal preguntaría entonces:
«¿Por qué no?»
Si los asesinatos en masa y la destrucción que ocasionó el 11 de septiembre son imputables a un masivo fracaso de la seguridad nacional, ¿por qué no asumió nadie la responsabilidad o fue considerado responsable de algún elemento preciso del supuesto fracaso?
¿Y qué pasó con la responsabilidad del propio George W. Bush en esa debacle?
¿Cómo es que el propio presidente no se hizo cargo inmediatamente de la crisis presentándose en Washington, en vez de huir a la otra punta de América en su avión Air Force One dejando a Richard Cheney, el ex presidente de Halliburton, al frente de las operaciones en el bunker subterráneo de la Casa Blanca en aquel fatídico día que fue el 11 de septiembre de 2001?
Las faltas más graves en lo tocante a los sucesos del 11 de septiembre no son cosa de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de los servicios de seguridad de los aeropuertos, del NORAD, etc.
Todo lo contrario, la más profunda y oscura incapacidad para protegernos de los enemigos que nos amenazan hay que buscarla del lado de los periodistas, de los grandes medios, de los profesores y las universidades que les (nos) dan trabajo.
Somos nosotros quienes, en la inmensa mayoría de los casos, hemos preferido renunciar a nuestro escepticismo y, con él, a nuestra ética profesional, así como a nuestras responsabilidades.
Nuestra clase o nuestra casta siguen respondiendo en su conjunto a los sucesos del 11 de septiembre de una manera más expeditiva que racional.
A mi modo de ver, se trata, por consiguiente, de una traición en masa por parte de los intelectuales, que constituye el resultado subyacente más importante de la continuación del fraude conocido bajo el nombre de «guerra contra el terrorismo».
La guerra contra el terrorismo sigue siendo producida, promovida y vendida al público mediante la campaña de guerra sicológica más grande que se haya emprendido nunca.
¿Cuántos de entre nosotros nos hacemos cómplices de esa negra maquinación con nuestro silencio, factor principal que permite la continuación de guerras de agresión justificadas en nombre de la teoría oficial del complot del 11 de septiembre, tan infundada como carente de pruebas?
No es mi objetivo desmontar aquí las mentiras y crímenes de la Casa Blanca de Bush o, más recientemente, la disimulación por parte del presidente Obama de los elementos claves sobre la verdad de lo sucedido en la mañana del 11 de septiembre de 2001.
He tratado incluso de hacer ese análisis, aunque no de la manera tan exhaustiva, experta y profesional en que otros lo han hecho.
Pudiera yo citar decenas, incluso centenares, de sólidas contribuciones científicas tendientes a reunir pruebas específicas que analizan minuciosa y detalladamente lo que probablemente y ciertamente sucedió, al igual que lo que no sucedió, en aquella luminosa mañana del final del verano de 2001.
Esas numerosas contribuciones son en gran parte de conocimiento público y de fácil acceso en la era de Google y de You Tube.
Aunque son muchos los que han desplazado los puntos de referencia en la comprensión de quienes buscan la verdad, la contribución de un universitario en particular se distingue entre todas por la notable combinación de su importancia, de su precisión y de su atención por los detalles.
Creo que hablo en nombre de muchos colegas que coinciden en la opinión de que el profesor de teología David Ray Griffin se ha ganado ampliamente el título de decano de lo que se ha dado en llamar el «9/11 Truth mouvement» [8].
Desafío a cualquiera a leer aunque sea una mínima parte de la pequeña biblioteca de libros y artículos que ha escrito Griffin sin desarrollar el más completo desprecio por la versión oficial del complot.
Teniendo en cuenta lo que Griffin y otros han publicado, no subsiste ya la menor credibilidad en la idea de que el ataque contra el Pentágono y la destrucción de tres edificios de estructura de acero en el complejo del World Trade Center fueron cosa de un puñado de sauditas armados de simples cuchillas para cortar papel, con un entrenamiento más superficial para pilotear un avión y un intenso fervor yihadista.
Recientemente se produjo el nacimiento de la rama más profesional de los escépticos del 11 de septiembre, gracias al esfuerzo del infatigable Richard Gage, fundador de la asociación «Architects and Engineers for 9/11 Truth», que cuenta con 600 miembros (arquitectos e ingenieros).
Al reunir gran cantidad de estudios técnicos y difundir esa información, Gage demostró más allá de la duda razonable que los rascacielos de poderosas estructuras de acero no se derrumbaron por causa de los choques de los aviones de pasajeros, de los incendios con keroseno y de la gravedad, sino debido a demoliciones controladas.
Los tres edificios se derrumbaron según sus parámetros [de las demoliciones controladas, NdT.], más o menos a la velocidad de la caída libre.
Fue también recientemente que estudié cuidadosamente la profunda y abundante erudición expuesta en el libro del canadiense Peter Dale Scott, The Road to 9/11: Wealth Empire and the Future of America [9].
Esa obra, valorada por sus pares, fue publicada por University of California Press, en Berkeley.
Scout se basa en decenas de investigaciones sobre el funcionamiento interconectado de las compañías petroleras, los cárteles de la droga, las operaciones de contraespionaje, los bancos y la política, y su libro demuestra la existencia de una colaboración tan estrecha como larga entre Dick Cheney y Donald Rumsfeld, colaboración que culmina con sus extrañas apariciones y desapariciones en los días anteriores y posteriores al 11 de septiembre.
Al igual que los trabajos de Nafeez Mosaddeq Ahmed [10], el libro de Scott presenta muchos elementos probatorios que demuestran que el ogro de al-Qaeda estuvo implicado desde adentro en el funcionamiento de la seguridad nacional estadounidense, desde su incorporación a los muyahidines apadrinados por el dúo CIA-ISI.
Comenzando como partícipes claves en las operaciones financieras del difunto Banco de Crédito y de Comercio Internacional (BCCI), fundado en Lahore, los personajes destinados a asumir sus papeles en el seno de Al-Qaeda contribuyeron al desarrollo del proceso de transformación del terrorismo en una empresa y en una oportunidad política para los numerosos comerciantes del miedo.
Yo recomiendo especialmente el capítulo 10 del libro de Scout, titulado «Al-Qaeda y las élites estadounidenses».
Diferentes partes de ese capítulo incluyen expresiones como «Los agentes de Estados Unidos, las compañías petroleras y al-Qaeda», «Estados Unidos y al-Qaeda en Azerbaiyán». «Unocal, los talibanes y Ben Laden en Afganistán», «Al-Qaeda, el Ejército de Liberación de Kosovo y el oleoducto transbalcánico», «Al-Qaida y el complejo petrolero, militar y financiero».
Yo pudiera terminar con un alegato a favor de una investigación parlamentaria en Canadá sobre la veracidad de la interpretación del 11 de septiembre, que sigue poniendo en peligro la vida de nuestros soldados en Afganistán.
Pudiera terminar subrayando el fracaso periodístico de la CBC (Canadian Broadcasting Corporation, la radio nacional de Canadá. NdT.) o de la propaganda a favor de las guerras de agresión que proliferó sobre todo en los medios comerciales.
Como se reveló en la investigación sobre la CIA posterior al Watergate, «agentes» reclutados en los grandes medios de prensa han sido utilizados desde hace mucho por organismos de la seguridad nacional (del Estado) para difundir campañas de desinformación cuyo verdadero objetivo es favorecer los negocios de gente como la familia Bush, una dinastía de personas que sacan provecho de la guerra.
Pudiera ilustrar algunos de mis argumentos llamando la atención sobre los ridículos sitios de Can West Global, y sobre el del Nation Post.
Sólo citaré el título de un artículo en el que se concedió mucho espacio en ese periódico a algunos blogueros anónimos para que atacaran mis trabajos.
Cuando titulan «Atacar a los teóricos complot del 11 de septiembre», ¿qué hacen los redactores de ese diario si no es defender el mito de la guerra contra el terrorismo escamoteando todo debate?
Son muy numerosas las maneras en que pudiera yo concluir este texto, pero prefiero hacerlo con algunas reflexiones sobre George Bush, el derecho internacional y el libro de Naomi Klein, que tan buena acogida ha tenido, intitulado La Estrategia del choque: ascenso del capitalismo del desastre [11].
A través del prisma de su interpretación keynesiana, Klein observa numerosos países en el transcurso de los últimos decenios.
Para ello, Klein presenta, por ejemplo, el muy convincente argumento de que los modestos programas de redistribución que habían sido incorporados a las economías nacionales y a la economía mundial en general no han logrado sobrevivir a las incursiones del «capitalismo del desastre».
Nuestras relaciones materiales han estado sometidas a los choques repetidos de la hiperprivatización durante los periodos en que fuimos más vulnerables a los efectos desorientadores de traumas fabricados o naturalmente inducidos.
Como señala la autora en su libro, los sucesos del 11 de septiembre constituyen el ejemplo tipo de su tesis central.
El choque de las imágenes del derrumbe de las torres gemelas creó el pretexto para la invasión de Irak y el odio del régimen de Bush para explotar lo que Klein denomina como el «mercado del terrorismo».
Irak tenía que ser un prototipo para demostrar que «la tarea del Estado no consiste solamente en dar seguridad, sino en comprarla al precio del mercado».
Además, la violencia en Irak ayudó a estimular en América del Norte la cultura del miedo y del odio que fortaleció el ascenso de lo que Klein llama «la industria de la seguridad de la patria».
Como la mayoría de los autores que escriben sobre la guerra contra el terrorismo, Klein aborda con pinzas los atentados del 11 de septiembre para llegar indemne a un terreno profesional más seguro.
Para ella, esa zona más segura consiste en documentar la manera como Bush, Cheney, Rumsfeld, Paul Bremen y los demás arquitectos e ingenieros de la privatización de la economía del terror explotaron el 11 de septiembre a favor de su propia agenda política.
Pero al evitar casi por completo el tema de lo que realmente sucedió el día del Gran Choque, Klein se inclina ante el mantra de «los fracasos de la seguridad del 11 de septiembre».
Klein conduce entonces a sus lectores a través de su muy original e importante análisis económico de Irak, el «Ground Zero» de la guerra contra el terrorismo.
Creo entender la decisión periodística de Naomi.
La considero como un compromiso necesario, si quería conservar alguna esperanza de dar a conocer su útil trabajo a través de los medios de Canadá y Estados Unidos y de hacerlo llegar a los jóvenes militantes de todo el mundo.
Pero creo que Klein está demasiado bien informada como para no desconfiar de la coartada del «fracaso de la seguridad» que presentó el régimen de Bush.
Si estoy en lo cierto, ¿qué se puede decir sobre la gravedad del clima de paranoia si hasta la propia Naomi Klein se autocensura antes que asumir el riesgo de unirse a los marginados grupos de «teóricos del complot»?
¿La adhesión de Klein a los tabúes sobre el 11 de septiembre es acaso similar a la de Noam Chomsky y la de los productores de medios como ZMag, The Nation, et Democracy Now?
¿Tiene razón Barrie Zwicker cuando afirma que fuerzas maléficas trabajan para reeditar, en el contexto de la supuesta guerra contra el terrorismo, las técnicas de desinformación y guerra sicológica que caracterizaron la guerra fría?
La retórica del discurso de esperanza y cambio del presidente Obama no se impondrá ante los discursos de odio y los crímenes de guerra, que irán en aumento mientras la opinión pública siga apartando su mirada de la verdad sobre el hecho cuyo contenido fue deformado para justificar los crímenes internacionales que se siguen cometiendo en nombre de la guerra contra el terrorismo.
Hasta tanto no se revele (se reconozca) ese fraude, la obscenidad se mantendrá probablemente y George Bush traspasará las fronteras internacionales para pronunciar discursos generosamente remunerados.
Pero nosotros nos esforzaremos el 17 de marzo en hacer lo que podamos por convertir la visita del ex presidente estadounidense a Calgary en un test para saber si vivimos bajo la regla del derecho o bajo la regla de la desinformación, del amiguismo y del poderío militar.
Notas:
[1] www.voltairenet.org
[2] «Les 52 plus dangereux dignitaires américains. Le jeu de cartes du régime Bush», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 1ero de mayo de 2003.
[3] Ver Guerre biologique et terrorisme, por Francis A. Boyle, éditions Demi-lune, disponible en la librería de la Red Voltaire.
[4] The Prosecution of George W. Bush for Murder, por Vincent Bugliosi, Vanguard Press, 2008, 352 pp.
[5] Los procesos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio excluyeron también la impunidad de los dirigentes. En su decisión del 1ero de octubre de 1946, el tribunal de Nuremberg subrayó que "la protección que el derecho internacional garantiza a los representantes del Estado no se aplica en casos de actos criminales. Los autores de tales actos no pueden invocar su estatus oficial para evadir el procedimiento normal y ponerse al abrigo del castigo".
[6] Le programme des faucons pour 2004», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire.
[7] «Omar Khadr sera jugé, mais pas libéré», Réseau Voltaire, 27 de septiembre de 2007.
[8] Ver los artículos et libros de David Ray Griffin en Réseau Voltaire.
[9] The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America, por Peter Dale Scott, University of California Press, 2007, 432 pp.
[10] La Guerre contre la vérité, por Nafeez Mosaddeq Ahmed, éditions Demi-lune, 512 pp. Disponible en la librería de la Red Voltaire.
[11] La stratégie du choc: La montée d’un capitalisme du désastre, por Naomi Klein, versión francesa publicada en Actes Sud, 2008, 669 pp.
Anthony J. Hall
Profesor de estudios sobre la globalización en la universidad de Lethbridge (Canadá).
Fuente: Artículo original publicado el 7 de marzo de 2009 bajo el título «Should George W. Bush Be Arrested in Calgary, Alberta, To Be Tried For International Crimes?», en Mondialisation.Ca. Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión francesa de Arno Mansouri para Réseau Voltaire.
Construcción de la impunidad mediante la propaganda
Durante demasiados años, algunos sociólogos se han destacado por su participación en una campaña de propaganda tendiente a denigrar cualquier crítica contra la política de Estados Unidos presentándola como una fascinación patológica de las masas por el conspiracionismo.
Los tiempos cambian.
Durante la prestigiosa conferencia anual de sociología de la universidad de Winnipeg (Canadá), el 6 de marzo de 2009, el profesor Anthony J. Hall se refirió a la impunidad que el tabú del 11 de septiembre confiere a la administración Bush. Reproducimos a continuación una versión de su intervención.
Graves acusaciones de crímenes pesan sobre el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y sobre el actual presidente de Sudán, Omar al-Bashir.
A finales de febrero de 2009 se informó que la Corte Penal Internacional basada en La Haya se prepara para emitir una orden en contra de al-Bashir, basándose en su presunta culpabilidad por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
En momentos en que se preparaban esos documentos contra el jefe de Estado de Sudán, el ex presidente Bush se aprestaba para una serie de conferencias remuneradas comenzando por Calgary, en Alberta (Canadá), el 17 de marzo.
La visita de Bush a la capital petrolera de Alberta parece poner a prueba la coherencia y la autenticidad de la posición «inequívoca» del gobierno canadiense, según la cual «Canadá no es ni se convertirá en un refugio seguro para las personas implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad u otros actos reprensibles».
El contraste entre la manera de tratar a Bush y a al-Bashir fue resaltado casi sin querer por Geoffrey York, un colega con quien yo conversaba a menudo hace casi 20 años, cuando ambos éramos corresponsales del diario Globe and Mail, sobre las peripecias de cuestiones autóctonas de Manitoba, que varias veces se convirtieron en temas que centraron la atención del país.
York escribía en su reportaje sobre los cargos expuestos conra al-Bashir:
«Por primera vez en la historia, un tribunal penal internacional se prepara para emitir una orden de arresto contra un jefe de Estado, acusándolo de orquestar una campaña de asesinatos, de torturas y violaciones»
Este periodista estimaba que la iniciativa de la CPI iba a ser «saludada por muchos como una señal de que nadie esta por encima de la ley».
El impresionante contraste entre el trato a al-Bashir y el que se le da a Bush sirve para aclarar la división en dos grandes categorías que existe en el mundo cuando se trata de criminales (o de presuntos criminales): una de ellas se compone de una pequeña élite esencialmente situada por encima de la ley y la otra de gente que no es lo bastante rica ni lo bastante influyente como para escapar a la fuerza coercitiva de la ley.
No sin ironía llegué yo a esa conclusión.
Por un lado, la decisión de la CPI de emprender acciones contra al-Bashir, así como la de abrir un verdadero proceso contra el señor de la guerra congolés Thomas Lubanga Dilo, en enero de 2009, son síntomas de una importante transformación de la CPI. El tribunal ha dejado de ser un simple vocero de la expresión de nobles ideales para convertirse en un espacio de verdadero compromiso tendiente a someter el reino del asesinato, de la mutilación y de la intimidación a la superior autoridad del derecho.
Por otra parte, al señalar en su primera acción jurídica la responsabilidad de potentados locales en las regiones de África que sufren, a menudo bajo la dominación de los cárteles de las materias primas y de sus regímenes de clientela, la CPI subrayó sobre todo la hipocresía del Occidente que protege a sus propios señores de la guerra y a los que se benefician con ésta en el seno del complejo militar e industrial manteniéndolos a salvo de toda responsabilidad jurídica por los actos de violencia de sus agentes: muchos de aquellos que día a día planifican, instigan, financian, arman, facilitan y se implican en esa explotación forman parte del llamado sector privado.
En efecto, el doble rasero que la CPI promueve al escoger sus objetivos en materia de acciones legales no hace más que reproducir, en el plano internacional, la gran duplicidad del sistema de justicia penal de Estados Unidos.
Tal y como lo demuestra crudamente la proporción desigual y escandalosamente elevada de negros hacinados en las prisiones privatizadas de la superpotencia en declive [1], las fuerzas del orden y de la justicia realizan esfuerzos desproporcionados, es evidente, por criminalizar a los afronorteamericanos pobres, mientras que apartan cuidadosamente su atención de los habitantes de piel clara de los suburbios residenciales y de los enclaves aún más escasos donde se concentra la riqueza extrema.
¿Se limitarán las autoridades encargadas de la aplicación del nuevo derecho internacional a perseguir a los pandilleros en el ghetto continental africano mientras que miran para otro lado cuando se trata de redes criminales más globales, que tienen sus sedes en América del Norte, en Europa, en Israel y, cada vez más a menudo, en China, en la India y en Rusia?
Si la reputación de Omar al-Bashir dista mucho de ser internacional, George Bush es en cambio uno de los hombres más conocidos a través del mundo.
A lo largo de los 8 años de su desastrosa presidencia, Bush logró ganarse el odio de todo el planeta.
[Bush] es ampliamente detestado a causa de sus decisiones políticas y de la camada de halcones belicistas, de corsarios del capital, de propagandistas de la mentira, de evangélicos fanáticos, de usureros, de enfermos defensores de la tortura y de generales sicóticos que conformaban su séquito [2].
Una parte importante de la opinión pública mundial ve a ese desacreditado individuo como la encarnación de algo mucho peor que un dirigente execrable.
Consideran al presidente número 43 de los Estados Unidos como un individuo grosero, que no respeta las leyes.
En efecto, muchos ven, con toda razón, a Bush como un desviado patológico que cultivaba el delirante sueño de que el poderío que implicaba su función le confería todos los poderes para autorizar a las fuerzas armadas d su país y a las compañías de mercenarios privados a perpetrar masacres, a hacer desaparecer gente y a cometer las más graves torturas en proporciones que llegan al genocidio.
Esa visión, muy popular, se basa en el creciente número de estudios jurídicos de universitarios que utilizan elementos probatorios ya disponibles en la esfera del dominio público para establecer que George Bush y sus subalternos violaron numerosas leyes nacionales e internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra y las instancias de la ONU que prohíben la tortura. Philippe Sands, Francis Boyle [3] y el profesor Michael Mandel, de l’Osgood Hall Law School, tres de los más activos juristas internacionales, han demostrado que George Bush y su gabinete de guerra violaron el derecho internacional muchas, pero muchas veces.
De hecho, es larga la lista de juristas que tratan de llevar al ex presidente estadounidense a comparecer ante la justicia. Mediante su nuevo libro, The Prosecution of George W. Bush for Murder, Vincent Bugliosi, que fue fiscal en el caso de Charles Manson, une su voz a la multitud [4].
Teniendo en cuenta la esencia y la amplitud de la documentación ya recogida para inculpar a Bush y a muchos de sus principales colaboradores por crímenes nacionales e internacionales, el hecho que el ex presidente pueda darse el lujo de cruzar las fronteras internacionales para pronunciar discursos en lugares como Calgary es un indicador de la disfunción jurídica de los órganos de aplicación de la ley.
¿Consiste acaso el papel de esos organismos en proteger la propiedad y el prestigio de los ricos ante los marginados y los desposeídos?
¿No es acaso la ley una simple ilusión si no logra contener el uso abusivo de la violencia para enraizar los privilegios e intimidar a la oposición?
¿Se levantarán las autoridades de la Corona en Canadá o el ministerio público en otros países para demostrar su propio respeto por el imperio de la ley y su aplicación por igual al presidente tanto como al indigente, a los colonos como al autóctono, al blanco tanto como al negro?
¿Cómo podemos transformar los códigos, frecuentemente racistas, contenidos en la retórica de la ley y el orden y ponerlos a la altura de las normas requeridas para que se respete la supremacía del derecho?
¿Se le concederá algún día a la verdad su oportunidad de imponerse en un juicio en el que, no sólo Bush, sino también Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice y otros más, tengan que rendir cuentas por sus decisiones y sus acciones en el desencadenamiento de guerras de agresión?
Como principales estrategas, los industriales del armamento y del petróleo, los dueños de empresas de mercenarios y sus cabilderos y propagandistas, la mayoría de esos individuos contribuyeron a elaborar los planes de ese proyecto para un nuevo siglo estadounidense, o sea la privatización de nuestra economía sobre la base del terror y de las falsas justificaciones por las llamadas «guerras preventivas».
Un año antes del 11 de septiembre, el PNAC anunciaba la necesidad de un «nuevo Pearl Harbor», que creara el clima de histeria necesario para la realización de los objetivos de sus promotores.
El más ambicioso de todos [esos planes] era la creación de un pretexto para hacerse del control de los recursos petroleros, en Irak y en todo el Medio Oriente.
Imaginar el mundo regido por el derecho internacional
Hace varias generaciones que quedó establecido el principio de que todos los pueblos del mundo y sus gobiernos estaban obligados a reconocer el interés común de la competencia universal, cuando se trata de lidiar con la más alta forma de criminalidad.
A su regreso de África, en 1890, George Washington Williams, un misionero negro de Estados Unidos, contribuyó a instaurar el pensamiento legal en ese sentido.
Al buscar palabras lo bastantes descriptivas como para ilustrar las espantosas violaciones de los derechos humanos que había visto en el Estado supuestamente libre del Congo del rey Leopoldo, Williams concibió la expresión «crímenes contra la humanidad».
En 1944, un judío polaco que había logrado escapar al horror nazi en Europa se basó en su propia experiencia para reforzar el vocabulario de la criminalidad internacional.
Raphael Lemkin inventó la noción de «genocidio» para contribuir al avance del proyecto de tratar de abordar crímenes tan graves que comprometían la supervivencia misma de una parte de la familia humana.
Lemkin trató de que no hubiese, en todo el mundo, inmunidad ni refugio para los implicados en la eliminación de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos; mecanismos a los que también agrega el genocidio cultural.
Lemkin contribuyó a ayudar a las delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas a instaurar, en 1948, la Convención sobre la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio.
No fue hasta 1989 que Estados Unidos reconoció ese pilar fundamental del derecho internacional.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense fue considerado, por corto tiempo, como el principal defensor del principio de que todo el que incurre en las formas más graves de criminalidad internacional debe ser individualmente considerado como responsable, como persona.
Esa breve convergencia entre el pragmatismo y el idealismo se puso en práctica en los procesos de Nuremberg y de Tokio, durante los cuales algunos dirigentes del derrotado Eje fueron juzgados ante tribunales militares internacionales.
Al describir sus objetivos ante el presidente estadounidense Harry Truman, el fiscal general del gobierno de Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, explicó que había llegado el momento de establecer con claridad «que la guerra de agresión es ilegal y criminal».
En su opinión, ese tipo de actividad, incluyendo las campañas «de exterminio, sometimiento y deportación de civiles», eran «crímenes internacionales» por los cuales «los individuos son responsables».
Al presentar su argumentación ante los jueces, Jackson subrayó la importancia de ir más allá de todas las antiguas líneas de defensa que habían proporcionado «inmunidad a prácticamente todas las personas implicadas en los más grandes crímenes contra la humanidad y la paz».
«Un campo tan amplio de irresponsabilidad» no podía seguir siendo «tolerado» porque «la civilización moderna pone ilimitadas armas de destrucción en manos de los hombres».
El vocabulario que los jueces de Nuremberg utilizaron para decidir la pena contra los condenados nazis subraya que «el hecho de desencadenar una guerra de agresión no sólo es un crimen internacional; es el crimen internacional supremo que se diferencia de los demás crímenes de guerra únicamente porque encierra en sí mismo todo el mal acumulado del conjunto».
Los considerandos de Nuremberg se perfeccionaron y en 1950 la Organización de las Naciones Unidas los adoptó como principios que incluyen, precisamente, la naturaleza misma de los actos ilegales conocidos por haber tenido lugar, por ejemplo, en Abu Ghraib y en Guantánamo, bajo la presidencia de George W. Bush.
Los principios de Nuremberg dividen la criminalidad internacional en tres categorías: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
Uno de esos principios estipula que «el hecho que el autor de un crimen internacional haya actuado en calidad de jefe de Estado o de funcionario no lo libera de su responsabilidad ante el derecho internacional». [5]
Aunque la Corte Penal Internacional es un nuevo elemento agregado a la infraestructura jurídica del derecho penal internacional, esta instancia se basa en esperanzas, ideales y tradiciones profundamente enraizados en muchas sociedades que buscan justicia.
A pesar de todos sus problemas y lagunas, la CPI es la mejor expresión de un intento tendiente a implementar muchas de las más conmovedores declaraciones de la humanidad que proclaman la igualdad en lo tocante a la importancia de cada vida humana, tal y como se define en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La CPI surgió como consecuencia de un estudio de las Naciones Unidas para convertirse en una verdadera entidad del Estatuto de Roma, en 1998.
El tribunal tomó forma institucional en 2002.
Actualmente cuenta 108 Estados miembros, entre ellos Canadá, y otros 40 Estados más están vías de ratificar el Estatuto de Roma.
Los gobiernos de Rusia, la India y China se oponen a la Corte.
El presidente Bill Clinton firmó el Tratado de Roma en nombre de su gobierno, pero el presidente Bush anuló en 2002 la firma de su predecesor en el marco de sus profundos y múltiples esfuerzos tendientes a sacar a Estados Unidos de varios acuerdos multilaterales.
¿Sigue siendo la CPI la mayor esperanza para el futuro, o el hasta ahora lamentable fracaso de los Estados en defender e imponer el respeto de la supremacía del derecho internacional nos está llevando a una fase en la que la humanidad va a tener que buscar otro camino?
¿Hemos llegado acaso a un punto de la evolución de la comunidad mundial en que es posible, quizás hasta necesario, empezar a instaurar las estructuras de una verdadera jurisdicción cuyos funcionarios hagan uso de su competencia para arbitrar y lograr la aplicación del derecho penal internacional mediante la expresión de cierta forma de ciudadanía compartida de la humanidad?
Calgary y el Congo
Está en juego mucho más de lo que a simple vista se puede discernir a partir de la decisión de George Bush de aceptar una invitación a hacer uso de la palabra ante una audiencia de empresarios reunidos en Calgary por invitación de la Cámara de Comercio local.
Según David Taras, profesor de Ciencias Políticas en la universidad de Calgary, hay que interpretar esto como una estrategia del ex presidente de Estados Unidos para comenzar, en ese centro urbano «muy conservador y pro americano», el proceso de rehabilitación de su imagen ante el público.
Hay quienes llaman a Calgary «el Houston del norte», sobrenombre que no ilustra en realidad el verdadero carácter de la ciudad.
Calgary es casi, en efecto, una colonia de Houston y de Dallas, en el plano económico y, en cierta medida, política y culturalmente.
Una importante proporción de sus habitantes emigraron desde Texas o tienen parientes que llegaron al norte provenientes del Estado del ex gobernador Bush.
Calgary es la base política y circunscripción del gobierno minoritario del actual dirigente de Canadá, el primer ministro Stephen Harper.
En el año 2001, Harper y algunos de sus más cercados consejeros en esa provincia expusieron claramente sus posiciones llenas de prejuicios cuando aconsejaron la construcción de un «cortafuegos» alrededor de la provincia de Alberta para preservar sus recursos petrolíferos y sus agencias de la autoridad constitucional del gobierno nacional de Canadá.
Durante los últimos 8 años Harper actuó más o menos como el principal propietario de la marca de fábrica Bush.
Como líder de la oposición, Harper amonestó al primer ministro Jean Chrétien por no haber involucrado tropas canadienses en la invasión anglo-estadounidense y la ocupación de Irak. Harper trabajó en estrecha colaboración con el ex primer ministro de la provincia de Alberta, Ralph Klein, oponiéndose al protocolo de Kyoto sobre el cambio climático mundial.
Ambos adoptaron el discurso político desarrollado por la firma de consejería y relaciones públicas Burson-Marsteller.
La rama de esa sociedad en Calgary es la National Public Relations, cuyos «encargados verdes de la comunicación» crearon organizaciones de pantalla, como la Canadian Coalition for Responsible Environmental Solutions.
David Frum fue uno de los fervientes guardianes del eje ideológico que vincula a la provincia de Alberta con el equipo de la Casa Blanca de Bush.
Antes de que Frum se convirtiera en uno de los principales propagandistas de la «guerra contra el terror» de George Bush [6] este ícono de los neoconservadores se había ganado sus galones trabajando en la publicación libertariana Alberta Report, del evangelista Ted Byfield.
Frum goza de amplio crédito como hombre de derecha por haber ayudado a renovar la condena del «Imperio del Mal» de Ronald Reagan mediante la elaboración de la fórmula «Eje del Mal», fórmula que George Bush hizo célebre al incluirla en su propaganda a favor de la guerra de agresión, en su discurso presidencial sobre el Estado de la Unión, en enero de 2002.
Por consiguiente, numerosas fuerzas de la historia convergen en la manera en que los funcionarios de Inmigración y del ministerio de Justicia recibirán a Bush cuando aterrice en el aeropuerto internacional de Calgary.
El 23 de febrero de 2009, una organización identificada como Abogados contra la Guerra hizo saber a varios funcionarios, incluyendo al primer ministro Harper y al jefe de la oposición de su Graciosa Majestad, que «George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos y [ex] comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, es sospechoso de tortura y de otras violaciones flagrantes de los derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra».
Haciendo referencia a disposiciones muy precisas de la ley de inmigración y de las secciones que se refieren específicamente a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, los juristas precisaron por qué Bush no debía ser autorizado a entrar al país.
Explican además que, si se otorga a Bush la autorización para ingresar al territorio canadiense, la policía canadiense tendría que arrestarlo.
En apoyo de sus afirmaciones, los juristas citan numerosas fuentes, incluyendo elementos probatorios provenientes de un informe interno del ejército estadounidense terminado en junio de 2008 por el general Antonio Taquba.
También citaron algunas de las conclusiones que rindiera, en febrero de 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak. Este responsable de la ONU escribe:
«Tenemos todos los elementos probatorios que demuestran que los métodos de tortura utilizados en los interrogatorios por el gobierno de Estados Unidos fueron especialmente ordenados por el ex secretario americano de Defensa Donald Rumsfeld … Es evidentemente que esas órdenes fueron impartidas con conocimiento par las más altas autoridades de los Estados Unidos»
Existen numerosos aspectos canadienses en la proliferación mundial de la tortura, las restituciones extraordinarias, las encarcelaciones injustificadas, la negación del debido proceso y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos que, en la mayoría de los casos, implican de una forma u otra a la Casa Blanca de George Bush.
La real gendarmería de Canadá, el ministerio canadiense de Relaciones Exteriores y el Servicio canadiense de Inteligencia de Seguridad están implicados junto al conjunto de ramas del gobierno estadounidense en los hechos que condujeron a la encarcelación y tortura en Siria de los ciudadanos canadienses Maher Arar, Abdullah Almalki, Ahmed El-Maati y Muayyed Nureddin.
El terrorismo de Estado que se abatió sobre esas personas constituye una pequeña parte del régimen transnacional de negación del derecho que resultó de la afirmación ilegal por parte del presidente de los Estados Unidos de su competencia jurisdiccional sobre cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que el poder ejecutivo de Estados Unidos designara como combatiente enemigo ilegal.
Ese término de «combatiente enemigo ilegal» es una expresión inventada por los consejeros de George Bush como instrumento lingüístico para que el gobierno renegado de los propios Estados Unidos pudiera sustraerse a la jurisdicción del derecho internacional, o incluso a su propia legislación.
Michael Keefer, de la universidad de Guelph, ha estudiado cuidadosamente el celo del gobierno de Stephen Harper por reproducir la estrategia de George W. Bush tendiente a ampliar el papel de la seguridad nacional estatal manipulando hasta la histeria la carta de la amenaza que representa la supuesta existencia de una célula terrorista islamista local en la región del Gran Toronto.
Keefer ha mostrado la manera como la GRC utilizó «submarinos» a sueldo que recibieron varios millones de dólares por la fabricación de lo que se convertiría un fiasco cuando las «acusaciones se evaporaron».
El caso literalmente «implosionó» después que la GRC había creado condiciones políticas para que el primer ministro Harper pudiera difundir, en 2006, la versión canadiense de las teorías alucinatorias de George Bush sobre el «odio» imaginario que supuestamente siente el Islam hacia las libertades occidentales.
La debacle fue grande, pero probablemente no lo suficiente como para evitar la destrucción de las vidas de los jóvenes que quedaron traumatizados, a pesar de haber salido libres de los tribunales.
Según Keefer, ese episodio era esencialmente, en su conjunto, «una operación de propaganda montada para reforzar la fraudulenta operación de manipulación sicológica que es la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre».
El papel de los gobiernos canadiense y estadounidense como socios en las flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional aparece con total transparencia en el caso del ciudadano canadiense Omar Khadr [7].
Khadr era un niño-soldado de 15 años cuando las fuerzas estadounidenses lo arrestaron, luego de un incidente violento en el que sufrió dos heridas.
Poco después de aquel dudoso incidente, Khadr fue enviado al tristemente célebre campamento X-Ray de Guantánamo, en Cuba.
El primer ministro Stephen Harper utilizó el caso para afirmar públicamente su voluntad de subordinar la soberanía de Canadá a la cultura de dominación militar de la América de George Bush.
A diferencia de los dirigentes de los demás países occidentales que intervinieron con éxito para lograr la liberación de ciudadanos recluidos en Guantánamo, Harper convirtió en una cuestión de honor el no solicitar a las autoridades estadounidenses el regreso de Omar Khadr al país donde nació.
El general canadiense Romeo Dallaire, que ha participado en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, hizo varias observaciones sobre la importancia del caso de Omar Khadr como experimento, por parte de los gobiernos canadiense y estadounidense, de la decisión de no respetar las leyes internacionales que prohíben los procesos contra niños-soldados.
Dallaire escribió:
«Nosotros permitimos que Estados Unidos juzgara a un niño-soldado ante un tribunal militar cuyos procedimientos violan los principios fundamentales de la justicia».
El general presentó «pruebas irrefutables de fechorías [por parte] de Estados Unidos», de «alteraciones» de pruebas por parte de los funcionarios y de diversas formas de abusos cometidos contra Omar Khadr, incluyendo amenazas de «violación y de muerte».
En el caso de Omar Khadr, Dallaire acusa al gobierno de Canadá de haberse hecho cómplice de «una afrenta a los derechos humanos y al derecho internacional.»
Es casi seguro que las futuras generaciones verán en el desprecio, en Guantánamo Bay y Abou Ghraib, por todos los principios reconocidos del derecho estadounidense e internacional un elemento definitorio de los parámetros de infamia de los dos mandatos de la presidencia de George W. Bush. Asqueados, varios juristas militares renunciaron a sus puestos en Guantánamo, entre ellos el coronel Morris Davis, que fungía como fiscal en jefe. Un más reciente whistler blower (Denunciante. NdT) es el teniente coronel Darrel Vandeveld, ex fiscal.
Como se reportaba el 2 de marzo de 2009 en el Globe and Mail, Vandeveld condenó los «tratamientos sádicos», los «abusos» y el «simulacro» de justicia que se aplicó a Khadr y a los demás detenidos en el «indecible desorden» de Guantánamo.
Es el «gulag de nuestra época», declaró Amnesty International. «Yo no podía creer que los americanos pudieran hacer eso», declaró Vandeveld, quien pudiera perfectamente ser llamado a prestar testimonio ante un tribunal de derecho nacional o internacional.
La causa por el procesamiento, en un gulag estadounidense, de un muchacho capturado cuando era un niño-soldado hace planear una sombra extraña y reveladora sobre la causa, que coincide en el tiempo, correspondiente a la inculpación de Thomas Lubanga Dilo por la CPI en La Haya.
A Lubanga se le acusó de haber reclutado y desplegado niños-soldados en el este del Congo. Numerosas empresas mineras canadienses y estadounidenses se encuentran, y ocupan un destacado lugar, entre las empresas occidentales (de América del Norte, Europa y Sudáfrica) que contribuyen a alimentar los conflictos en los que regularmente se utilizan niños-soldados.
Los niños-soldados siguen siendo utilizados por quienes se benefician, desde los dos extremos de la cadena, con los crímenes masivos y el caos en una zona que ha vivido lo que ampliamente clasifica como el mayor genocidio desde la Segunda Guerra mundial.
Con su posición común en el caso de Omar Khadr, ¿no han transgredido acaso George Bush y Stephen Harper el mismo derecho internacional de cuya violación se acusa hoy a Lubanga?
En momentos en que nos acercamos al término del primer decenio del siglo XXI, ¿pudiera existir acaso prueba más flagrante de la anarquía cultivada al más alto nivel de nuestros gobiernos?
¿Qué más puede decirse cuando un ex presidente estadounidense, el actual primer ministro canadiense y un señor de la guerra congolés pueden verse acusados al unísono de haber incurrido en el mismo desprecio por las leyes internacionales que prohíben el reclutamiento y el procesamiento penal de niños-soldados?
Hacer frente a las mentiras del 11 de septiembre
No resulta difícil imaginar los principales argumentos de la defensa, si George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld y otros de la misma ralea tuvieran que enfrentar a sus acusadores en una corte de justicia.
La base de su defensa consistiría seguramente en afirmar que su país fue atacado en 2001 por un enemigo externo que utiliza tácticas tan audaces e inesperadas que los terroristas islámicos lograron tomar desprevenidos a todo el complejo militar e industrial, así como a la enorme maquinaria de la seguridad nacional.
En base a ello, los abogados defensores afirmarían que las invasiones de Afganistán e Irak, al igual que todas las demás acciones, no pueden interpretarse como elementos de una guerra de agresión.
No deberían ser consideradas como parte de un plan coordinado de agresión militar correspondiente a lo que los jueces de Nuremberg definieron hace tiempo como «el crimen internacional supremo que se distingue de los demás crímenes de guerra solamente en la medida en que encierra en sí mismo todo el mal acumulado del conjunto»
Prosiguiendo su argumentación, los abogados defensores afirmarían que todo lo sucedido durante una guerra (justa y civilizada) contra el terrorismo no debe interpretarse como una guerra de agresión.
Por el contrario, esas acciones tendrían que verse como una forma de autodefensa necesaria o quizás como acciones preventivas que se emprendieron por precaución con la esperanza de salvar vidas inocentes de la amenaza violenta de los extremistas islamistas.
Estemos o no concientes de ello, se nos bombardea constantemente con el mensaje de que tenemos razones para temer el salvajismo de los terroristas, mensaje cuidadosamente elaborado por quienes practican la llamada «gestión de las percepciones» para inculcar una constante sospecha sobre todo el mundo árabe y musulmán.
En efecto, la mitología popular de la guerra contra el terrorismo conforma el elemento esencial que sirve de basamento a la economía del terror que alimentó el crecimiento del enorme complejo militar e industrial a lo largo de la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos.
Al no existir ya el viejo enemigo de la época de la guerra fría, se necesitaba un nuevo enemigo.
Empresas como Blackwater, la firma de mercenarios de Eric Prince, lograron prosperar en el mismo molde privatizado, como sucedió durante la guerra santa (o yihad) capitalista contra «el Imperio del Mal» soviético.
Como contrainterrogatorio a los testimonios que pudieran presentar el 11 de septiembre como la principal justificación de las medidas adoptadas en nombre de la guerra contra el terrorismo, un fiscal podría enfrentar a Bush y los demás de la siguiente manera.
Podría citar a comparecer como testigos a ciertos responsables estadounidenses cuya supuesta negligencia y/o incompetencia ocasionaron el fracaso que permitió que los terroristas lograran golpear sus blancos, a pesar de que éstos estaban muy protegidos.
El fiscal podría pedir aclaraciones sobre lo sucedido a los funcionarios cuyos engaños y errores provocaron fallos sin precedentes, por ejemplo, a los encargados de la inteligencia, del contraespionaje, de la seguridad en los aeropuertos, de la defensa aérea y de la aplicación de las leyes de inmigración, y aclarar si todos los funcionarios incompetentes fueron despedidos, si algunos fueron sancionados, si alguien dimitió.
El acusado respondería que no y el fiscal preguntaría entonces:
«¿Por qué no?»
Si los asesinatos en masa y la destrucción que ocasionó el 11 de septiembre son imputables a un masivo fracaso de la seguridad nacional, ¿por qué no asumió nadie la responsabilidad o fue considerado responsable de algún elemento preciso del supuesto fracaso?
¿Y qué pasó con la responsabilidad del propio George W. Bush en esa debacle?
¿Cómo es que el propio presidente no se hizo cargo inmediatamente de la crisis presentándose en Washington, en vez de huir a la otra punta de América en su avión Air Force One dejando a Richard Cheney, el ex presidente de Halliburton, al frente de las operaciones en el bunker subterráneo de la Casa Blanca en aquel fatídico día que fue el 11 de septiembre de 2001?
Las faltas más graves en lo tocante a los sucesos del 11 de septiembre no son cosa de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de los servicios de seguridad de los aeropuertos, del NORAD, etc.
Todo lo contrario, la más profunda y oscura incapacidad para protegernos de los enemigos que nos amenazan hay que buscarla del lado de los periodistas, de los grandes medios, de los profesores y las universidades que les (nos) dan trabajo.
Somos nosotros quienes, en la inmensa mayoría de los casos, hemos preferido renunciar a nuestro escepticismo y, con él, a nuestra ética profesional, así como a nuestras responsabilidades.
Nuestra clase o nuestra casta siguen respondiendo en su conjunto a los sucesos del 11 de septiembre de una manera más expeditiva que racional.
A mi modo de ver, se trata, por consiguiente, de una traición en masa por parte de los intelectuales, que constituye el resultado subyacente más importante de la continuación del fraude conocido bajo el nombre de «guerra contra el terrorismo».
La guerra contra el terrorismo sigue siendo producida, promovida y vendida al público mediante la campaña de guerra sicológica más grande que se haya emprendido nunca.
¿Cuántos de entre nosotros nos hacemos cómplices de esa negra maquinación con nuestro silencio, factor principal que permite la continuación de guerras de agresión justificadas en nombre de la teoría oficial del complot del 11 de septiembre, tan infundada como carente de pruebas?
No es mi objetivo desmontar aquí las mentiras y crímenes de la Casa Blanca de Bush o, más recientemente, la disimulación por parte del presidente Obama de los elementos claves sobre la verdad de lo sucedido en la mañana del 11 de septiembre de 2001.
He tratado incluso de hacer ese análisis, aunque no de la manera tan exhaustiva, experta y profesional en que otros lo han hecho.
Pudiera yo citar decenas, incluso centenares, de sólidas contribuciones científicas tendientes a reunir pruebas específicas que analizan minuciosa y detalladamente lo que probablemente y ciertamente sucedió, al igual que lo que no sucedió, en aquella luminosa mañana del final del verano de 2001.
Esas numerosas contribuciones son en gran parte de conocimiento público y de fácil acceso en la era de Google y de You Tube.
Aunque son muchos los que han desplazado los puntos de referencia en la comprensión de quienes buscan la verdad, la contribución de un universitario en particular se distingue entre todas por la notable combinación de su importancia, de su precisión y de su atención por los detalles.
Creo que hablo en nombre de muchos colegas que coinciden en la opinión de que el profesor de teología David Ray Griffin se ha ganado ampliamente el título de decano de lo que se ha dado en llamar el «9/11 Truth mouvement» [8].
Desafío a cualquiera a leer aunque sea una mínima parte de la pequeña biblioteca de libros y artículos que ha escrito Griffin sin desarrollar el más completo desprecio por la versión oficial del complot.
Teniendo en cuenta lo que Griffin y otros han publicado, no subsiste ya la menor credibilidad en la idea de que el ataque contra el Pentágono y la destrucción de tres edificios de estructura de acero en el complejo del World Trade Center fueron cosa de un puñado de sauditas armados de simples cuchillas para cortar papel, con un entrenamiento más superficial para pilotear un avión y un intenso fervor yihadista.
Recientemente se produjo el nacimiento de la rama más profesional de los escépticos del 11 de septiembre, gracias al esfuerzo del infatigable Richard Gage, fundador de la asociación «Architects and Engineers for 9/11 Truth», que cuenta con 600 miembros (arquitectos e ingenieros).
Al reunir gran cantidad de estudios técnicos y difundir esa información, Gage demostró más allá de la duda razonable que los rascacielos de poderosas estructuras de acero no se derrumbaron por causa de los choques de los aviones de pasajeros, de los incendios con keroseno y de la gravedad, sino debido a demoliciones controladas.
Los tres edificios se derrumbaron según sus parámetros [de las demoliciones controladas, NdT.], más o menos a la velocidad de la caída libre.
Fue también recientemente que estudié cuidadosamente la profunda y abundante erudición expuesta en el libro del canadiense Peter Dale Scott, The Road to 9/11: Wealth Empire and the Future of America [9].
Esa obra, valorada por sus pares, fue publicada por University of California Press, en Berkeley.
Scout se basa en decenas de investigaciones sobre el funcionamiento interconectado de las compañías petroleras, los cárteles de la droga, las operaciones de contraespionaje, los bancos y la política, y su libro demuestra la existencia de una colaboración tan estrecha como larga entre Dick Cheney y Donald Rumsfeld, colaboración que culmina con sus extrañas apariciones y desapariciones en los días anteriores y posteriores al 11 de septiembre.
Al igual que los trabajos de Nafeez Mosaddeq Ahmed [10], el libro de Scott presenta muchos elementos probatorios que demuestran que el ogro de al-Qaeda estuvo implicado desde adentro en el funcionamiento de la seguridad nacional estadounidense, desde su incorporación a los muyahidines apadrinados por el dúo CIA-ISI.
Comenzando como partícipes claves en las operaciones financieras del difunto Banco de Crédito y de Comercio Internacional (BCCI), fundado en Lahore, los personajes destinados a asumir sus papeles en el seno de Al-Qaeda contribuyeron al desarrollo del proceso de transformación del terrorismo en una empresa y en una oportunidad política para los numerosos comerciantes del miedo.
Yo recomiendo especialmente el capítulo 10 del libro de Scout, titulado «Al-Qaeda y las élites estadounidenses».
Diferentes partes de ese capítulo incluyen expresiones como «Los agentes de Estados Unidos, las compañías petroleras y al-Qaeda», «Estados Unidos y al-Qaeda en Azerbaiyán». «Unocal, los talibanes y Ben Laden en Afganistán», «Al-Qaeda, el Ejército de Liberación de Kosovo y el oleoducto transbalcánico», «Al-Qaida y el complejo petrolero, militar y financiero».
Yo pudiera terminar con un alegato a favor de una investigación parlamentaria en Canadá sobre la veracidad de la interpretación del 11 de septiembre, que sigue poniendo en peligro la vida de nuestros soldados en Afganistán.
Pudiera terminar subrayando el fracaso periodístico de la CBC (Canadian Broadcasting Corporation, la radio nacional de Canadá. NdT.) o de la propaganda a favor de las guerras de agresión que proliferó sobre todo en los medios comerciales.
Como se reveló en la investigación sobre la CIA posterior al Watergate, «agentes» reclutados en los grandes medios de prensa han sido utilizados desde hace mucho por organismos de la seguridad nacional (del Estado) para difundir campañas de desinformación cuyo verdadero objetivo es favorecer los negocios de gente como la familia Bush, una dinastía de personas que sacan provecho de la guerra.
Pudiera ilustrar algunos de mis argumentos llamando la atención sobre los ridículos sitios de Can West Global, y sobre el del Nation Post.
Sólo citaré el título de un artículo en el que se concedió mucho espacio en ese periódico a algunos blogueros anónimos para que atacaran mis trabajos.
Cuando titulan «Atacar a los teóricos complot del 11 de septiembre», ¿qué hacen los redactores de ese diario si no es defender el mito de la guerra contra el terrorismo escamoteando todo debate?
Son muy numerosas las maneras en que pudiera yo concluir este texto, pero prefiero hacerlo con algunas reflexiones sobre George Bush, el derecho internacional y el libro de Naomi Klein, que tan buena acogida ha tenido, intitulado La Estrategia del choque: ascenso del capitalismo del desastre [11].
A través del prisma de su interpretación keynesiana, Klein observa numerosos países en el transcurso de los últimos decenios.
Para ello, Klein presenta, por ejemplo, el muy convincente argumento de que los modestos programas de redistribución que habían sido incorporados a las economías nacionales y a la economía mundial en general no han logrado sobrevivir a las incursiones del «capitalismo del desastre».
Nuestras relaciones materiales han estado sometidas a los choques repetidos de la hiperprivatización durante los periodos en que fuimos más vulnerables a los efectos desorientadores de traumas fabricados o naturalmente inducidos.
Como señala la autora en su libro, los sucesos del 11 de septiembre constituyen el ejemplo tipo de su tesis central.
El choque de las imágenes del derrumbe de las torres gemelas creó el pretexto para la invasión de Irak y el odio del régimen de Bush para explotar lo que Klein denomina como el «mercado del terrorismo».
Irak tenía que ser un prototipo para demostrar que «la tarea del Estado no consiste solamente en dar seguridad, sino en comprarla al precio del mercado».
Además, la violencia en Irak ayudó a estimular en América del Norte la cultura del miedo y del odio que fortaleció el ascenso de lo que Klein llama «la industria de la seguridad de la patria».
Como la mayoría de los autores que escriben sobre la guerra contra el terrorismo, Klein aborda con pinzas los atentados del 11 de septiembre para llegar indemne a un terreno profesional más seguro.
Para ella, esa zona más segura consiste en documentar la manera como Bush, Cheney, Rumsfeld, Paul Bremen y los demás arquitectos e ingenieros de la privatización de la economía del terror explotaron el 11 de septiembre a favor de su propia agenda política.
Pero al evitar casi por completo el tema de lo que realmente sucedió el día del Gran Choque, Klein se inclina ante el mantra de «los fracasos de la seguridad del 11 de septiembre».
Klein conduce entonces a sus lectores a través de su muy original e importante análisis económico de Irak, el «Ground Zero» de la guerra contra el terrorismo.
Creo entender la decisión periodística de Naomi.
La considero como un compromiso necesario, si quería conservar alguna esperanza de dar a conocer su útil trabajo a través de los medios de Canadá y Estados Unidos y de hacerlo llegar a los jóvenes militantes de todo el mundo.
Pero creo que Klein está demasiado bien informada como para no desconfiar de la coartada del «fracaso de la seguridad» que presentó el régimen de Bush.
Si estoy en lo cierto, ¿qué se puede decir sobre la gravedad del clima de paranoia si hasta la propia Naomi Klein se autocensura antes que asumir el riesgo de unirse a los marginados grupos de «teóricos del complot»?
¿La adhesión de Klein a los tabúes sobre el 11 de septiembre es acaso similar a la de Noam Chomsky y la de los productores de medios como ZMag, The Nation, et Democracy Now?
¿Tiene razón Barrie Zwicker cuando afirma que fuerzas maléficas trabajan para reeditar, en el contexto de la supuesta guerra contra el terrorismo, las técnicas de desinformación y guerra sicológica que caracterizaron la guerra fría?
La retórica del discurso de esperanza y cambio del presidente Obama no se impondrá ante los discursos de odio y los crímenes de guerra, que irán en aumento mientras la opinión pública siga apartando su mirada de la verdad sobre el hecho cuyo contenido fue deformado para justificar los crímenes internacionales que se siguen cometiendo en nombre de la guerra contra el terrorismo.
Hasta tanto no se revele (se reconozca) ese fraude, la obscenidad se mantendrá probablemente y George Bush traspasará las fronteras internacionales para pronunciar discursos generosamente remunerados.
Pero nosotros nos esforzaremos el 17 de marzo en hacer lo que podamos por convertir la visita del ex presidente estadounidense a Calgary en un test para saber si vivimos bajo la regla del derecho o bajo la regla de la desinformación, del amiguismo y del poderío militar.
Notas:
[1] www.voltairenet.org
[2] «Les 52 plus dangereux dignitaires américains. Le jeu de cartes du régime Bush», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 1ero de mayo de 2003.
[3] Ver Guerre biologique et terrorisme, por Francis A. Boyle, éditions Demi-lune, disponible en la librería de la Red Voltaire.
[4] The Prosecution of George W. Bush for Murder, por Vincent Bugliosi, Vanguard Press, 2008, 352 pp.
[5] Los procesos de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio excluyeron también la impunidad de los dirigentes. En su decisión del 1ero de octubre de 1946, el tribunal de Nuremberg subrayó que "la protección que el derecho internacional garantiza a los representantes del Estado no se aplica en casos de actos criminales. Los autores de tales actos no pueden invocar su estatus oficial para evadir el procedimiento normal y ponerse al abrigo del castigo".
[6] Le programme des faucons pour 2004», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire.
[7] «Omar Khadr sera jugé, mais pas libéré», Réseau Voltaire, 27 de septiembre de 2007.
[8] Ver los artículos et libros de David Ray Griffin en Réseau Voltaire.
[9] The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America, por Peter Dale Scott, University of California Press, 2007, 432 pp.
[10] La Guerre contre la vérité, por Nafeez Mosaddeq Ahmed, éditions Demi-lune, 512 pp. Disponible en la librería de la Red Voltaire.
[11] La stratégie du choc: La montée d’un capitalisme du désastre, por Naomi Klein, versión francesa publicada en Actes Sud, 2008, 669 pp.
Anthony J. Hall
Profesor de estudios sobre la globalización en la universidad de Lethbridge (Canadá).
Fuente: Artículo original publicado el 7 de marzo de 2009 bajo el título «Should George W. Bush Be Arrested in Calgary, Alberta, To Be Tried For International Crimes?», en Mondialisation.Ca. Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión francesa de Arno Mansouri para Réseau Voltaire.
Biden desestima críticas de Cheney a seguridad de EEUU. El vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, catalogó de mal perdedor a su antecesor en el cargo, Richard Cheney, por sus recientes comentarios en contra de la política de seguridad nacional de la actual administración.
En entrevista concedida a la televisora CNN, Biden desestimó las críticas de Cheney, quien con anterioridad había expresado que Estados Unidos era un país menos seguro bajo la dirección del mandatario Barack Obama.
La última administración nos dejó en la posición más débil que hayamos experimentado desde la Segunda Guerra Mundial, con una menor consideración, dos guerras en curso y virtualmente ningún respeto por regiones del planeta, advirtió.
Garantizo que estamos más seguros hoy, nuestros intereses están más seguros, completó el vicepresidente luego de referirse a los esfuerzos del nuevo gobierno para revertir la imagen de Washington y rehacer aliados.
Cheney manifestó que la decisión de Obama de cerrar la controvertida prisión en la Base Naval de Guantánamo, y su rechazo a los métodos de interrogación utilizados después del 11 de septiembre de 2001, dejaban al país más vulnerable. Por su parte, Biden respondió que su predecesor dividió al gobierno de Bush al manejar a su manera el Concilio de Seguridad Nacional y obviar las consideraciones de los ex secretarios de Estado Colin Powell, y de Defensa Donald Rumsfeld.
La última administración nos dejó en la posición más débil que hayamos experimentado desde la Segunda Guerra Mundial, con una menor consideración, dos guerras en curso y virtualmente ningún respeto por regiones del planeta, advirtió.
Garantizo que estamos más seguros hoy, nuestros intereses están más seguros, completó el vicepresidente luego de referirse a los esfuerzos del nuevo gobierno para revertir la imagen de Washington y rehacer aliados.
Cheney manifestó que la decisión de Obama de cerrar la controvertida prisión en la Base Naval de Guantánamo, y su rechazo a los métodos de interrogación utilizados después del 11 de septiembre de 2001, dejaban al país más vulnerable. Por su parte, Biden respondió que su predecesor dividió al gobierno de Bush al manejar a su manera el Concilio de Seguridad Nacional y obviar las consideraciones de los ex secretarios de Estado Colin Powell, y de Defensa Donald Rumsfeld.
¿Médicos o mercenarios? Cruz Roja Internacional denuncia complicidad médica con la CIA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado que hubo médicos y psicólogos que asistieron a prisioneros mientras eran maltratados por la CIA. Su tarea habría consistido en indicar a los interrogadores cuando podían continuar con los abusos, adaptarlos al prisionero o suspenderlos.
La CICR basa sus acusaciones en entrevistas con 14 sospechosos de al-Qaeda "de alto valor" para la CIA, que estuvieron detenidos en cárceles secretas antes de ser enviados a la prisión de Guantánamo en 2006.
Un prisionero sostiene que personal médico examinaba sus niveles de oxígeno en la sangre mientras era sometido al "water boarding", una tortura de asfixia con agua. El entrevistado dijo que la tortura fue suspendida varias veces por consejo del funcionario médico.
Otro prisionero dijo que mientras estaba engrillado y con las manos atadas sobre la cabeza, un médico revisaba la hinchazón de sus piernas e indicaba cuando se le debía dar permiso para sentarse. Un prisionero explicó que un funcionario médico suspendió la tortura diciéndole que cuidaba de su cuerpo "porque lo necesitaba para que entregara más información".
Ética
El informe de la Cruz Roja Internacional recuerda que la ética médica se funda en tres principios: el médico debe actuar en el interés del paciente, no debe causar daño y debe tratar a su paciente de manera digna.
El doctor Scott Allen es médico consejero de la organización Médicos para los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. En declaraciones a Radio Nederland, Allen dijo que las actuaciones del personal médico denunciadas por la Cruz Roja representan una amenaza tanto para los pacientes como para los médicos.
"Lo que hacían era calibrar el daño, por lo que ponían en peligro a los pacientes. Pero también hay un daño enorme a la reputación de la profesión médica. Casos como los denunciados destruyen la confianza de los pacientes en los médicos. Afecta especialmente al personal médico de uniforme que hace un trabajo digno y correcto en lugares de detención", dijo el doctor Allen.
En los lugares oficiales de detención los médicos y otros profesionales de la salud están obligados a proteger a los prisioneros de los malos tratos y tienen expresamente prohibido utilizar sus conocimientos científicos para facilitar tratamientos indignos o que causen daño.
El informe de la Cruz Roja muestra que en los casos de los 14 detenidos en manos de la CIA, los profesionales de la salud servían a los interrogadores, no a los interrogados. Al hacerlo se estaban haciendo culpables de permitir y participar en malos tratos a pacientes.
Convención de Ginebra
La Cruz Roja Internacional se ha acogido a la Convención de Ginebra en relación con el trato de prisioneros de guerra y mantiene su informe en secreto, compartiéndolo solamente con el gobierno correspondiente.
El informe data de 2007 y apareció recientemente en el sitio web del New York Review of Books, con la firma del periodista Mark Danner. Danner ya había publicado extractos del informe el mes pasado, incluido un fragmento en el que la CICR afirma que el tratamiento recibido por los prisioneros de al-Qaeda en las cárceles de la CIA "constituye casos de tortura" y viola la ley internacional.
La CICR basa sus acusaciones en entrevistas con 14 sospechosos de al-Qaeda "de alto valor" para la CIA, que estuvieron detenidos en cárceles secretas antes de ser enviados a la prisión de Guantánamo en 2006.
Un prisionero sostiene que personal médico examinaba sus niveles de oxígeno en la sangre mientras era sometido al "water boarding", una tortura de asfixia con agua. El entrevistado dijo que la tortura fue suspendida varias veces por consejo del funcionario médico.
Otro prisionero dijo que mientras estaba engrillado y con las manos atadas sobre la cabeza, un médico revisaba la hinchazón de sus piernas e indicaba cuando se le debía dar permiso para sentarse. Un prisionero explicó que un funcionario médico suspendió la tortura diciéndole que cuidaba de su cuerpo "porque lo necesitaba para que entregara más información".
Ética
El informe de la Cruz Roja Internacional recuerda que la ética médica se funda en tres principios: el médico debe actuar en el interés del paciente, no debe causar daño y debe tratar a su paciente de manera digna.
El doctor Scott Allen es médico consejero de la organización Médicos para los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. En declaraciones a Radio Nederland, Allen dijo que las actuaciones del personal médico denunciadas por la Cruz Roja representan una amenaza tanto para los pacientes como para los médicos.
"Lo que hacían era calibrar el daño, por lo que ponían en peligro a los pacientes. Pero también hay un daño enorme a la reputación de la profesión médica. Casos como los denunciados destruyen la confianza de los pacientes en los médicos. Afecta especialmente al personal médico de uniforme que hace un trabajo digno y correcto en lugares de detención", dijo el doctor Allen.
En los lugares oficiales de detención los médicos y otros profesionales de la salud están obligados a proteger a los prisioneros de los malos tratos y tienen expresamente prohibido utilizar sus conocimientos científicos para facilitar tratamientos indignos o que causen daño.
El informe de la Cruz Roja muestra que en los casos de los 14 detenidos en manos de la CIA, los profesionales de la salud servían a los interrogadores, no a los interrogados. Al hacerlo se estaban haciendo culpables de permitir y participar en malos tratos a pacientes.
Convención de Ginebra
La Cruz Roja Internacional se ha acogido a la Convención de Ginebra en relación con el trato de prisioneros de guerra y mantiene su informe en secreto, compartiéndolo solamente con el gobierno correspondiente.
El informe data de 2007 y apareció recientemente en el sitio web del New York Review of Books, con la firma del periodista Mark Danner. Danner ya había publicado extractos del informe el mes pasado, incluido un fragmento en el que la CICR afirma que el tratamiento recibido por los prisioneros de al-Qaeda en las cárceles de la CIA "constituye casos de tortura" y viola la ley internacional.
El ex director de la CIA: "El presidente Obama concede ventaja táctica a Al Qaeda"
Michael Hayden, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense durante los dos últimos años de la Administración Bush, ha criticado este domingo las decisiones del presidente Barack Obama, que ordenó suprimir la tortura durante los interrogatorios y desclasificar los documentos que detallaban la aplicación de esas prácticas entre 2002 y 2005.
En el programa de televisión Fox News Sunday, el general Hayden ha explicado que la supresión de la tortura "brinda una ventaja táctica a Al Qaeda" al poner en conocimiento de sus miembros las controvertidas técnicas, "aunque luego éstas realmente no lleguen a aplicarse ahora".
En 2002, los agentes de la CIA aplicaron la técnica del waterboarding -asfixia simulada- hasta 183 veces a Khalid Shaikh Mohammed, uno de los cerebros de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según un memorando desclasificado.
Los cuatro documentos secretos del Departamento de Justicia de EE UU que el Gobierno de EE UU hizo públicos el jueves explicitan que esas prácticas autorizaban a lanzar contra la pared al detenido, asfixiarle lo suficiente como para aterrorizarlo, quitarle la comida, impedirle dormir (hasta siete días y medio), despojarle de toda su ropa y permitirle ponerse sólo un pañal durante la noche o encerrarlo en un contenedor lleno de insectos.
El ex director de la CIA ha añadido que el no disponer de estos tormentos para conseguir información limitará la capacidad de la institución para luchar contra el terrorismo en el futuro. Hayden, que ocupó su cargo entre 2006 y 2008, aseguró el año pasado a un comité del Congreso que las torturas habían sido explícitamente dejadas de lado del menú de métodos autorizados por la agencia.
En esa oportunidad, el ex responsable de la CIA dijo que creía que era ilegal emplear tormentos para obtener información, según el periódico estadounidense The New York Times.
"En medio de una guerra hemos descrito a nuestros enemigos los límites" de los agentes en los interrogatorios. Eso es una información muy valiosa", ha explicado Hayden en la entrevista en la televisión.
El general ha agregado: "creo que esto es muy útil para nuestros enemigos aunque, en materia de política, este presidente haya decidido no usar una, algunas o todas esas técnicas".
Doble crítica a Obama
En la CNN, el senador republicano John Ensign (representa al Estado de Nevada), ha criticado al Gobierno de Obama por considerar que las decisiones adoptadas respecto de la CIA debilitarán la capacidad de lucha antiterrorista. "¿Realmente pensamos que no querremos usar esas técnicas avanzadas de interrogación si encontramos a Osama Bin Laden?", ha cuestionado Ensign.
Los que acusan a Obama de debilitar a la CIA se suman a los que lo acusan de no carecer de firmeza para juzgar a los agentes que emplearon los tormentos durante el tiempo que estuvieron en vigor, como Manfred Nowak, relator de Naciones Unidas contra la Tortura. La semana pasada, el presidente de EE UU consideró que para "cerrar este capítulo negro" era suficiente con prohibir esas prácticas (decisión que se agrega a la de desmantelar la prisión secreta de Guantánamo, que Obama anunció al segundo día de llegar a la Casa Blanca).
"Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia, no serán enjuiciados", declaró el presidente para disgusto de Nowak, que ha considerado que esa posición viola el derecho internacional.
De acuerdo con el periódico The New York Times, Obama tiene previsto visitar hoy la sede de la CIA, donde conversará públicamente con los agentes y empleados, y mantendrá reuniones privadas con las cabezas del servicio de espionaje. Es la primera vez que el mandatario concurre a la CIA desde que asumió la presidencia de Estados Unidos.
NOTA: Tomar esta información con precaución.
En el programa de televisión Fox News Sunday, el general Hayden ha explicado que la supresión de la tortura "brinda una ventaja táctica a Al Qaeda" al poner en conocimiento de sus miembros las controvertidas técnicas, "aunque luego éstas realmente no lleguen a aplicarse ahora".
En 2002, los agentes de la CIA aplicaron la técnica del waterboarding -asfixia simulada- hasta 183 veces a Khalid Shaikh Mohammed, uno de los cerebros de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, según un memorando desclasificado.
Los cuatro documentos secretos del Departamento de Justicia de EE UU que el Gobierno de EE UU hizo públicos el jueves explicitan que esas prácticas autorizaban a lanzar contra la pared al detenido, asfixiarle lo suficiente como para aterrorizarlo, quitarle la comida, impedirle dormir (hasta siete días y medio), despojarle de toda su ropa y permitirle ponerse sólo un pañal durante la noche o encerrarlo en un contenedor lleno de insectos.
El ex director de la CIA ha añadido que el no disponer de estos tormentos para conseguir información limitará la capacidad de la institución para luchar contra el terrorismo en el futuro. Hayden, que ocupó su cargo entre 2006 y 2008, aseguró el año pasado a un comité del Congreso que las torturas habían sido explícitamente dejadas de lado del menú de métodos autorizados por la agencia.
En esa oportunidad, el ex responsable de la CIA dijo que creía que era ilegal emplear tormentos para obtener información, según el periódico estadounidense The New York Times.
"En medio de una guerra hemos descrito a nuestros enemigos los límites" de los agentes en los interrogatorios. Eso es una información muy valiosa", ha explicado Hayden en la entrevista en la televisión.
El general ha agregado: "creo que esto es muy útil para nuestros enemigos aunque, en materia de política, este presidente haya decidido no usar una, algunas o todas esas técnicas".
Doble crítica a Obama
En la CNN, el senador republicano John Ensign (representa al Estado de Nevada), ha criticado al Gobierno de Obama por considerar que las decisiones adoptadas respecto de la CIA debilitarán la capacidad de lucha antiterrorista. "¿Realmente pensamos que no querremos usar esas técnicas avanzadas de interrogación si encontramos a Osama Bin Laden?", ha cuestionado Ensign.
Los que acusan a Obama de debilitar a la CIA se suman a los que lo acusan de no carecer de firmeza para juzgar a los agentes que emplearon los tormentos durante el tiempo que estuvieron en vigor, como Manfred Nowak, relator de Naciones Unidas contra la Tortura. La semana pasada, el presidente de EE UU consideró que para "cerrar este capítulo negro" era suficiente con prohibir esas prácticas (decisión que se agrega a la de desmantelar la prisión secreta de Guantánamo, que Obama anunció al segundo día de llegar a la Casa Blanca).
"Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia, no serán enjuiciados", declaró el presidente para disgusto de Nowak, que ha considerado que esa posición viola el derecho internacional.
De acuerdo con el periódico The New York Times, Obama tiene previsto visitar hoy la sede de la CIA, donde conversará públicamente con los agentes y empleados, y mantendrá reuniones privadas con las cabezas del servicio de espionaje. Es la primera vez que el mandatario concurre a la CIA desde que asumió la presidencia de Estados Unidos.
NOTA: Tomar esta información con precaución.
Ex director de la CIA acusa a Obama de poner en riesgo seguridad de EEUU. El ex director de la CIA, Michael Hayden, acusó ayer (domingo) al presidente de Estados Unidos Barack Obama de poner en riesgo la seguridad nacional al autorizar la publicación de informes que revelan las prácticas coercitivas que se usaban esta organización en interrogatorios.
En una entrevista televisiva, el ex funcionario afirmó que publicar memorandos legales en los que constan las prácticas de interrogatorio a presuntos terroristas envalentona a grupos como Al Qaeda.
"Hemos descrito a nuestros enemigos en medio de una guerra los límites" de los agentes en los interrogatorios. "Eso es una información muy valiosa", recalcó.
Los informes publicados este jueves revelan que el anterior Gobierno de EE.UU. autorizó emplear la tortura contra detenidos mediante métodos que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada, y el estampar al sospechoso contra paredes.
Hayden afirmó que al eliminar técnicas de interrogatorio -por decisión del Gobierno y por haberlas publicado- "dificultamos a agentes de la CIA (su tarea) de proteger nuestra nación".
Asimismo dijo que había llamado a varios funcionarios de alto rango de la Casa Blanca para expresar su preocupación por la publicación de los informes, y subrayó que cuatro ex directores de la CIA, así como el responsable actual de la agencia, Leon Panetta, se opusieron a la divulgación de los documentos.
"Hemos descrito a nuestros enemigos en medio de una guerra los límites" de los agentes en los interrogatorios. "Eso es una información muy valiosa", recalcó.
Los informes publicados este jueves revelan que el anterior Gobierno de EE.UU. autorizó emplear la tortura contra detenidos mediante métodos que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada, y el estampar al sospechoso contra paredes.
Hayden afirmó que al eliminar técnicas de interrogatorio -por decisión del Gobierno y por haberlas publicado- "dificultamos a agentes de la CIA (su tarea) de proteger nuestra nación".
Asimismo dijo que había llamado a varios funcionarios de alto rango de la Casa Blanca para expresar su preocupación por la publicación de los informes, y subrayó que cuatro ex directores de la CIA, así como el responsable actual de la agencia, Leon Panetta, se opusieron a la divulgación de los documentos.
Ex vicepresidente de EEUU defiende métodos de tortura. El exvicepresidente estadounidense, Dick Cheney, pidió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en ingles) que revele los documentos que demuestran que “sí funcionan” las técnicas de tortura aplicadas durante el gobierno de George W. Bush a sospechosos de terrorismo.
Las declaraciones de Cheney fueron dadas luego de la publicación de documentos escritos por ex funcionarios de la administración Bush donde se justifican esas técnicas de tortura, en especial el ahogamiento simulado.
Cheney destacó en entrevista al canal de noticias Fox News que si bien publicaron los métodos de “interrogación”, también debieron publicar los documentos “que muestran el éxito de ese esfuerzo”.
El ex alto funcionario hizo los comentarios luego de que el presidente Barack Obama visitara la sede de la CIA este lunes.
Durante el gobierno del ex presidente Bush, Cheney fue uno de los más férreos defensores de métodos de tortura contra sospechosos de terrorismo.
En una entrevista concedida meses atrás a una cadena televisiva, al referirse a los métodos de tortura, Cheney afirmó que “los resultados hablan por sí solos”.
Cheney destacó en entrevista al canal de noticias Fox News que si bien publicaron los métodos de “interrogación”, también debieron publicar los documentos “que muestran el éxito de ese esfuerzo”.
El ex alto funcionario hizo los comentarios luego de que el presidente Barack Obama visitara la sede de la CIA este lunes.
Durante el gobierno del ex presidente Bush, Cheney fue uno de los más férreos defensores de métodos de tortura contra sospechosos de terrorismo.
En una entrevista concedida meses atrás a una cadena televisiva, al referirse a los métodos de tortura, Cheney afirmó que “los resultados hablan por sí solos”.
EEUU: Obama abre puerta para juzgar a quienes autorizaron tortura. El presidente Barack Obama dejó la puerta abierta este martes al posible procesamiento de oficiales estadunidenses que crearon el marco legal para conducir duros interrogatorios a supuestos terroristas durante el gobierno de George W. Bush.
Obama ya dijo que su gobierno no iba a procesar al personal de la CIA que procedió a ejecutar los interrogatorios porque considera que ellos confiaron de buena fe de las opiniones legales emitidas después de los ataques del 11 de septiembre, que justificaron métodos como ahogamientos simulados y prolongadas privaciones del sueño.
Sin embargo, durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas, Obama no descartó presentar cargos contra aquellos que escribieron las opiniones justificando los métodos usados para capturar a supuestos terroristas, que grupos de derechos humanos consideran equivalentes a torturas.
"Con respecto a aquellos que formularon las decisiones legales, diría que va a ser más una decisión del fiscal general dentro de los parámetros de varias leyes y no quiero prejuzgar eso", dijo Obama después de reunirse con el rey jordano Abdullah.
"Creo que allí hay una cantidad de temas involucrados muy complicados", agregó.
La publicación la semana pasada de documentos clasificados, donde se detalló un programa de interrogatorios que incluyó ahogamientos simulados, privación del sueño y otras técnicas, desató un intenso debate en Estados Unidos sobre si debían tomarse acciones legales contra los involucrados.
Varios legisladores del Partido Demócrata de Obama están pidiendo investigaciones públicas sobre el programa y creen que el presidente no debe descartar los procesamientos bajo las leyes de antitortura.
Defensores de los derechos humanos dicen que las acusaciones son necesarias para evitar futuros abusos y responsabilizar a los culpables.
El gobierno de Obama dijo que iba a intentar proteger a los empleados de la CIA ante "cualquier tribunal internacional o extranjero", un desafío inmediato para España, donde un juez amenazó con investigar a funcionarios del Gobierno de Bush.
Sin embargo, durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas, Obama no descartó presentar cargos contra aquellos que escribieron las opiniones justificando los métodos usados para capturar a supuestos terroristas, que grupos de derechos humanos consideran equivalentes a torturas.
"Con respecto a aquellos que formularon las decisiones legales, diría que va a ser más una decisión del fiscal general dentro de los parámetros de varias leyes y no quiero prejuzgar eso", dijo Obama después de reunirse con el rey jordano Abdullah.
"Creo que allí hay una cantidad de temas involucrados muy complicados", agregó.
La publicación la semana pasada de documentos clasificados, donde se detalló un programa de interrogatorios que incluyó ahogamientos simulados, privación del sueño y otras técnicas, desató un intenso debate en Estados Unidos sobre si debían tomarse acciones legales contra los involucrados.
Varios legisladores del Partido Demócrata de Obama están pidiendo investigaciones públicas sobre el programa y creen que el presidente no debe descartar los procesamientos bajo las leyes de antitortura.
Defensores de los derechos humanos dicen que las acusaciones son necesarias para evitar futuros abusos y responsabilizar a los culpables.
El gobierno de Obama dijo que iba a intentar proteger a los empleados de la CIA ante "cualquier tribunal internacional o extranjero", un desafío inmediato para España, donde un juez amenazó con investigar a funcionarios del Gobierno de Bush.
Nancy Pelosi acusa a la CIA y a Bush de engañarla sobre "ahogamiento simulado"
En respuesta a intensas críticas de los republicanos, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó el jueves a la Agencia Central de Inteligencia y a la administración de George W. Bush de engañarla acerca de las prácticas de ahogamiento simulado de detenidos y negó en forma rotunda haber sido cómplice en su uso.
"Al contrario... nos dijeron en forma explícita que el ahogamiento simulado no se estaba usando", dijo Pelosi en conferencia de prensa, en referencia a un informe formal que recibió de la CIA a finales del 2002.
Pelosi dijo que se enteró meses después que la CIA le había informado a otros legisladores que estaba usando esa técnica en sus interrogatorios.
"A mí no me lo informaron. Me comunicaron que alguien más había sido informado al respecto", dijo.
Pelosi hizo estas declaraciones en una conferencia en que los reporteros la bombardearon con preguntas sobre lo que sabía acerca de esta técnica, que ella y otros consideran tortura. Los republicanos insistieron en las últimas semanas en que Pelosi y otros demócratas sabían que se estaba usando el ahogamiento simulado y que no protestaron por ello.
En una respuesta escrita difundida momentos después de las declaraciones de Pelosi, George Little, jefe de la oficina de asuntos públicos de la CIA, dijo que será el Congreso quien deba decidir si son fieles los apuntes que tomaron miembros de la agencia en las reuniones con los legisladores. Agregó que los funcionarios parlamentarios tendrían acceso a las notas en las oficinas de la CIA.
Pelosi volvió a pedir que se establezca una comisión de la verdad que investigue el uso de técnicas de interrogación de prisioneros aplicadas por funcionarios del gobierno de Bush.
Aunque el presidente Barack Obama prohibió el ahogamiento simulado y lo definió como tortura, no ha mostrado entusiasmo por ordenar una investigación independiente que podría distraer la atención de sus iniciativas nacionales.
Pelosi criticó a la CIA con dureza. "Nos confunden todo el tiempo", dijo. Cuando un periodista le preguntó si la agencia le había mentido, no dijo que no.
También dijo que lo que los republicanos buscan es evitar que se hable de las gestiones realizadas durante el gobierno de Bush. "Presentan las cosas de manera distinta en todo momento y no quieren que la atención se concentre en ellos, así que intentan dirigirla hacia nosotros", dijo.
"Al contrario... nos dijeron en forma explícita que el ahogamiento simulado no se estaba usando", dijo Pelosi en conferencia de prensa, en referencia a un informe formal que recibió de la CIA a finales del 2002.
Pelosi dijo que se enteró meses después que la CIA le había informado a otros legisladores que estaba usando esa técnica en sus interrogatorios.
"A mí no me lo informaron. Me comunicaron que alguien más había sido informado al respecto", dijo.
Pelosi hizo estas declaraciones en una conferencia en que los reporteros la bombardearon con preguntas sobre lo que sabía acerca de esta técnica, que ella y otros consideran tortura. Los republicanos insistieron en las últimas semanas en que Pelosi y otros demócratas sabían que se estaba usando el ahogamiento simulado y que no protestaron por ello.
En una respuesta escrita difundida momentos después de las declaraciones de Pelosi, George Little, jefe de la oficina de asuntos públicos de la CIA, dijo que será el Congreso quien deba decidir si son fieles los apuntes que tomaron miembros de la agencia en las reuniones con los legisladores. Agregó que los funcionarios parlamentarios tendrían acceso a las notas en las oficinas de la CIA.
Pelosi volvió a pedir que se establezca una comisión de la verdad que investigue el uso de técnicas de interrogación de prisioneros aplicadas por funcionarios del gobierno de Bush.
Aunque el presidente Barack Obama prohibió el ahogamiento simulado y lo definió como tortura, no ha mostrado entusiasmo por ordenar una investigación independiente que podría distraer la atención de sus iniciativas nacionales.
Pelosi criticó a la CIA con dureza. "Nos confunden todo el tiempo", dijo. Cuando un periodista le preguntó si la agencia le había mentido, no dijo que no.
También dijo que lo que los republicanos buscan es evitar que se hable de las gestiones realizadas durante el gobierno de Bush. "Presentan las cosas de manera distinta en todo momento y no quieren que la atención se concentre en ellos, así que intentan dirigirla hacia nosotros", dijo.
Defiende Nancy Pelosi relaciones más estrechas entre Iraq y EEUU
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, propuso hoy al primer ministro de Iraq, Nouri Al-Maliki, estrechar las relaciones bilaterales, después de la anunciada retirada de las tropas norteamericanas del país.
Pelosi se reunió con Al-Maliki en la sede del ejecutivo en Bagdad, y afirmó que la parte norteamericana aboga por "relaciones más desarrolladas", incluidas tareas de inteligencia, una vez se concrete el repliegue militar, previsto para finales de 2011.
De acuerdo con un comunicado oficial, ambos políticos discutieron también la retirada inmediata de los uniformados al servicio de Washington de las ciudades y aldeas iraquíes, concedida para finales de junio próximo.
También trataron el respaldo a los esfuerzos para estabilizar las condiciones de seguridad aquí.
La legisladora demócrata insistió en que, aún después de la salida de las tropas, su país necesita contar con una "vigorosa presencia" para recopilar información de inteligencia.
Reconoció que persisten problemas a raíz de especulaciones sobre una posible ampliación del plazo para el repliegue de los 143 mil efectivos al servicio del Pentágono, pero los minimizó con la certeza de que se trabaja para solucionarlos.
Medios locales recordaron que Pelosi formó parte del grupo de 126 parlamentarios demócratas en la Cámara de Representantes que votó contra el uso de la fuerza en Iraq en 2002, aunque luego avaló el financiamiento de la guerra impuesta por Washington.
La visitante norteamericana se pronunció por una reconciliación entre la mayoritaria población musulmana chiita y la minoría sunnita, pero evitó referirse a la polémica desatada respecto a la eventual reinserción política del ex gobernante partido Baas.
Al-Maliki, por su lado, consideró "buenas" las condiciones de seguridad en esta nación árabe y aseguró que, por lo mismo, "no necesitamos un gran número de tropas dentro de las ciudades".
Nuestros esfuerzos están enfocados ahora a mejorar nuestras agencias de inteligencia, puntualizó al afirmar que "una retirada responsable no tendría un impacto negativo sobre la situación de seguridad".
Pelosi se reunió con Al-Maliki en la sede del ejecutivo en Bagdad, y afirmó que la parte norteamericana aboga por "relaciones más desarrolladas", incluidas tareas de inteligencia, una vez se concrete el repliegue militar, previsto para finales de 2011.
De acuerdo con un comunicado oficial, ambos políticos discutieron también la retirada inmediata de los uniformados al servicio de Washington de las ciudades y aldeas iraquíes, concedida para finales de junio próximo.
También trataron el respaldo a los esfuerzos para estabilizar las condiciones de seguridad aquí.
La legisladora demócrata insistió en que, aún después de la salida de las tropas, su país necesita contar con una "vigorosa presencia" para recopilar información de inteligencia.
Reconoció que persisten problemas a raíz de especulaciones sobre una posible ampliación del plazo para el repliegue de los 143 mil efectivos al servicio del Pentágono, pero los minimizó con la certeza de que se trabaja para solucionarlos.
Medios locales recordaron que Pelosi formó parte del grupo de 126 parlamentarios demócratas en la Cámara de Representantes que votó contra el uso de la fuerza en Iraq en 2002, aunque luego avaló el financiamiento de la guerra impuesta por Washington.
La visitante norteamericana se pronunció por una reconciliación entre la mayoritaria población musulmana chiita y la minoría sunnita, pero evitó referirse a la polémica desatada respecto a la eventual reinserción política del ex gobernante partido Baas.
Al-Maliki, por su lado, consideró "buenas" las condiciones de seguridad en esta nación árabe y aseguró que, por lo mismo, "no necesitamos un gran número de tropas dentro de las ciudades".
Nuestros esfuerzos están enfocados ahora a mejorar nuestras agencias de inteligencia, puntualizó al afirmar que "una retirada responsable no tendría un impacto negativo sobre la situación de seguridad".
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