La advertencia de que va a perseguir a los grupos sociales que apoyen o utilicen la violencia es abstracta y sibilina. Que tomen buena nota quienes cortan carreteras porque no desean irse al paro.
El régimen de Madrid ha ilegalizado en cuestión de horas, a la organización independentista de izquierdas, Acción Nacionalista Vasca (ANV), así como al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y condenado a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a miembros de Gestoras Pro Amnistía. Si bien el conflicto con esas organizaciones viene de lejos, el momento escogido para realizar semejante alarde, guarda relación con la necesidad de desviar la atención sobre los gravísimos problemas económicos que sufre el Estado español.
El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, afirmaba el día de la ilegalización de ANV, que ese partido y el PCTV eran "proyectos políticos claramente ilegales”, es decir ya sabía que el PCTV iba a correr la misma suerte. Sin embargo, hace un año su compañero de partido, y ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo decía que la ilegalización de ANV podría ser inconstitucional. Por esas mismas fechas, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se preguntaba si no habían ido muy lejos impugnando más de cien candidaturas de ANV, en las elecciones municipales. Ayer “progresistas” y hoy tan reaccionarios como Aznar. Basta con hacer un poco de memoria, para dejarlos en evidencia.
España ni es una, ni es grande ni mucho menos libre. Mientras se siga identificando al Estado con uno solo de los pueblos que lo componen, otros seguirán entendiendo que se les quiere imponer por la fuerza, una cultura indeseable. Nunca ha existido una voluntad sincera por parte del Gobierno de turno, para que los vascos puedan decidir democráticamente su futuro.
Cuando, como ahora, se eliminan, sin excepción, los interlocutores sociales válidos para alcanzar un final dialogado al conflicto, el régimen deja expedita la vía de la respuesta violenta (acción, reacción), de ahí los tres atentados- uno de ellos mortal- de ETA que replica así a una ofensiva estatal no carente de ensañamiento y agresividad, pues está salpicada por denuncias de torturas sin investigar y el recuerdo cercano de la guerra sucia, parida precisamente por un Ejecutivo socialista.
Sobre ETA, ha declarado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que además de pistolas también tiene entramado social y político. Es evidente que pretende justificar las encarcelaciones e ilegalizaciones con el manido “todo es ETA”, pero, implícitamente, reconoce la existencia de un problema político; por tanto las decisiones tomadas por los tribunales han sido políticas.
Su advertencia de que va a perseguir a los grupos sociales que apoyen o utilicen la violencia es, al mismo tiempo, abstracta y sibilina. Que tomen buena nota de la misma quienes cortan carreteras porque no desean irse al paro, o queman contenedores exigiendo viviendas dignas. Mucho me temo que el señor ministro, esté abonando el terreno ante la entrada en escena de la crisis que ”no existía”.
J. M. Álvarez
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martes, 23 septiembre, 2008
Crimen: (DRAE)
1) Delito grave.
2) Acción indebida o reprensible.
Todo lo más terrible que pudiera ocurrir hoy en Euskal Herria, para quienes somos fervientes partidarios de la paz en este pueblo, está sucediendo en este país durante los últimos años.
¿A qué me refiero?
A los efectos de la aplicación en nuestra vida de la llamada Ley de Partidos, que es, digámoslo con sencillez y precisión, un verdadero crimen contra la paz, como lo atestigua la cascada de ilegalizaciones y encarcelamientos bajo la teoría de que «todo es ETA», sin más rigor que la consideración de que cualquier vecindad ideológica (en este caso el independentismo) nos sitúa en su entorno, y que esas vecindades nos colocan de pleno, sin más formalidades, en el campo de la delincuencia y probablemente en la cárcel como presos «comunes», pues, como se sabe, «en España», como decían en su tiempo los franquistas en el poder, «no hay presos políticos».
Estos apresamientos e ilegalizaciones que viene provocando el Gobierno español, con la colaboración del conjunto de sus aliados, vienen siendo legalizados, que no legitimados, claro está, por una corte judicial a su servicio, en la que verdaderamente nos extraña no hallar algunas opiniones que fueran disidentes en virtud de la lealtad debida, por ellos, a los principios de una justicia rigurosa e independiente; de manera que esa legalización de lo injusto e ilegalización de lo justo es ya un bochorno casi cotidiano entre nosotros, que vamos sufriendo duros golpes no sólo a la razón o al «derecho natural» sino también a la propia legislación vigente en España; y así se ha implantado una grave situación en la que lo que ocurre no sólo es injusto, sino además es claramente ilegal desde un punto de vista meramente democrático, aunque ello no se reconozca y se ignore olímpicamente.
El último tramo de esta cascada viene siendo particularmente inquietante, aunque unos hechos tales fueran de esperar -y de temer- en el panorama actual, generado por la promulgación de la antes citada Ley de Partidos; así, las impresentables ilegalizaciones son sin embargo presentadas, y ello sin vergüenza alguna, por notables juristas y jurisconsultos: así, las de Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, las Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, organizaciones ante las que yo me quito hoy respetuosamente la gorra.
El desarrollo de esta situación es verdaderamente terrible, en la medida en que está tratando de imposibilitar, con toda la fuerza del poder, el paso a la apertura de un proceso de paz que pudiera conducir a ella en Euskal Herria.
Por mi parte yo, que no soy nadie, me dirijo en este momento a los políticos españoles -tanto a los que se dicen (y acaso sean en otros campos) de izquierda, como a quienes se saben y lo proclaman, aunque a veces vergonzantemente, de derecha y son (no pueden ocultarlo) herederos claros del franquismo-; me refiero, claro está, a los militantes del PP, en el que hay algún brillante superviviente de aquellos tiempos, como Manuel Fraga Iribarne, ministro que fue del dictador, y a quien se puede recordar con su sahariana blanca y su camisita azul (pero sobre todo en sus hechos, como durante las huelgas mineras de 1963 y otros, tristemente notorios); a los que ha seguido una corte de más o menos jóvenes herederos fieles a su legado, todos ellos superespañoles, para quienes España es una idea descendida del Cielo y, por tanto, ajena al curso de la Historia. «Eterna metafísica de España» llamaba Primo de Rivera (hijo) a este monstruo de la epistemología.
Así es que hoy me dirijo a ustedes, que probablemente no leerán este artículo, que aparece -¡claro!- en el «entorno de la banda terrorista», para informarles, aunque sea irónicamente (porque es imposible que lo ignoren), de que la llamada «izquierda abertzale» es aquí la expresión política del «ánimus» de independencia que «anima» (valga la redundancia), como claro está en los acontecimientos de cada día, a una muy buena parte, quizás la mayoría, de la población que habita en estos territorios... vascos. Son ya muchos los encarcelados sin otro delito a su cargo que el amor a su patria y haber tratado de expresar ese amor suyo a través de los campos de la política y de la cultura.
En una situación como ésta no pueden ustedes actuar como hicieron los dirigentes de Alemania e Italia, cuyos estados pudieron acabar con movimientos armados como la RAF y las Brigatte Rosse, respectivamente; porque aquí la mirada menos aguda advierte la existencia de un serio problema político y de un no menos serio apoyo social, y ve la necesidad de la acción pública de organizaciones políticas de la izquierda patriótica, capaces de promover eficazmente la apertura de una mesa de negociaciones (única vía para la paz), en la que ETA se sentara para iniciar y llevar a cabo esas negociaciones. Para tal eventualidad, esas organizaciones políticas no pueden formar parte del coro de las condenas formales, cuya inanidad, por otra parte, está suficientemente mostrada y demostrada.
Poner esa condición para la legalidad de tales organizaciones patrióticas muestra que no se tiene un verdadero deseo de paz, sino una clara voluntad de que la violencia continúe.
Yo, que, como he dicho, deseo, desde mi insignificancia, fervientemente la paz (y que ya me he ofrecido varias veces como señora de la limpieza de la mesa en la que las conversaciones se realizaran), estoy, a estas alturas, seguro de que quienes apuestan por una vía policial «pura y dura», como ellos mismos dicen, no desean la paz, puesto que saben -¿y cómo van a ignorar una realidad tan evidente?- que sus puntos de vista nos alejan criminalmente de ella.
Si vis pacem para bellum, decían los antiguos; pero nosotros, que queremos la paz, tenemos que prepararla, y situarnos en ese camino, empezando por distinguirla de una imposible y además indeseable pacificación que comportara que los enemigos se pongan de rodillas y acepten ser sometidos a las mayores humillaciones y a abandonar a sus presos en las mazmorras.
Sabido es que no hay que confundir la paz con el orden público, y hemos de clamar, si queremos seguir con el latinajo, Si vis pacem, para pacem.
¡Si queremos la paz, preparemos la paz!
Naturalmente, lo que está en cuestión es la misma noción de paz.
Nosotros pensamos que esa noción, teóricamente, es un problema resuelto por lo menos desde la publicación de la obra de Emmanuel Kant «La paz perpetua». No hay paz al margen de la justicia y de la libertad.
La paz es, justamente, lo contrario de la tranquilidad de los sepulcros.
¿Y se podrá llamar paz democrática a una situación en la que ciento cincuenta mil ciudadanos o más no podrán expresar, de hoy en adelante, sus opiniones en las urnas?
Alfonso Sastre
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